El crecimiento de las ciudades es un fenómeno que se refleja a través del incremento demográfico y espacial, mismo que debe ser analizado y llevado a escenarios donde converja la autoridad y la ciudadanía para determinar su futuro. En contextos democráticos esto se da a través de esquemas de participación que funjan como puentes con el fin de llevar a cabo las acciones y planes necesarios que aseguren su pleno desarrollo. Hoy, ante una población mayoritariamente urbanizada, el 78% de los mexicanos vive en zonas urbanas,1 es imperativo abordar el futuro de las ciudades desde un enfoque democrático en su concepción. La participación en la planeación urbana conlleva grandes beneficios, permite crear los lazos entre ciudadanía y gobierno para fortalecer proyectos, crea comunidad e identidad respecto al territorio que se habita.

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En este contexto, el espacio público es crucial, pues es un elemento estructural de las ciudades, es donde surgen la interacción y el desarrollo de sus habitantes. Sus componentes tienen dimensiones urbanísticas, políticas y sociales. Primero, por ser un factor estructural, ordena, jerarquiza la ciudad, determina el entorno, la movilidad, los espacios de intercambio y de transición entre lo público y lo privado. En segundo, es donde surgen las manifestaciones colectivas, tanto en el ámbito político, como en lo social y lo cultural.2

En México, la situación del espacio público no es alentadora en su mayoría, presenta problemas de abandono y deterioro; no se ha entendido su relevancia como elemento articulador y eje estructural para poder generar movilidad, seguridad, recreación, convivencia y fortalecimiento del tejido social. Para que lo sea, es necesario crear comunidades sólidas, integradas y con sentido de pertenencia. Las comunidades con estas características permiten la apertura la diversidad de viviendas, empleos, servicios, actividades recreativas y culturales, reflejándose en el incremento de la calidad de vida de sus habitantes. Lo anterior conlleva a la participación ciudadana como acción estructural del proceso de concepción del espacio público y de la misma  la ciudad.

Hoy existen diversos mecanismos establecidos en la ley que demarcan la forma de participación ciudadana en la toma de decisiones en el ámbito público. En la Ciudad de México, y en la mayoría de las entidades, es a través de la Ley de Participación Ciudadana que establece los mecanismos legales para tal fin. Ahora bien, aun cuando la ley estipula diversos mecanismos como la base de la participación ciudadana, la manera en cómo la población puede tener alcance a ellos y llevar a cabo su implementación se vuelve ambigua o limitada.3

Asimismo, para que se pueda generar participación a través de la ley, es necesario que el ciudadano sea consciente de estos mecanismos y pueda llevarlos a cabo. Cómo lograr esto cuando hay gran desconocimiento y las leyes no pueden ser obstáculos a la participación.

Es aquí donde recae la importancia de la innovación en el proceso de producción del espacio público mediante la participación. En este sentido las redes sociales pueden jugar un papel fundamental para compartir información de diversos temas en tiempo real; al mismo tiempo que plataformas como change.org o avaaz.org aparecen como herramientas digitales que contribuyen al empoderamiento del ciudadano. Movimientos sociales alrededor del mundo y en México han tomado fuerza a través de estas plataformas, por ejemplo, “The High Line” en la ciudad de Nueva York, propuesta que surge desde la sociedad civil para aprovechar la estructura elevada existente del ferrocarril que anteriormente daba servicio a la zona industrial de Manhattan y convertirla en un espacio público para revitalizar la zona; o el caso del Corredor Cultural Chapultepec, proyecto que pretendió concesionar al capital privado un bien público que es la Avenida Chapultepec, con el fin de su explotación comercial. La ciudadanía generó peticiones en Avaaz y fue tal, que la propuesta fue llevada a consulta ciudadana a través del Instituto Electoral del Distrito Federal, siendo rechazada por mayoría bajo las condiciones que postulaba llevarse a cabo.

Corredor Chapultepec (izquierda) y High Line (derecha)

La complejidad del proceso recae en el nivel de participación que se logra a través de los diferentes actores. Existe una larga brecha entre el “ciudadano de a pie”, el ciudadano común y corriente y como éste puede llevar a cabo acciones precisas a través de mecanismos que permitan la participación en favor del desarrollo de su comunidad. La reducción de esta brecha se puede lograr por medio de la vinculación entre gremios de profesionistas, academia y la sociedad organizada y debe surgir del interés colectivo con un fin común, en este caso, el espacio público.

¿Cómo integrar estos instrumentos? Vinculando al ciudadano en todo el proceso. El ciudadano debe ser el eje rector dentro del proceso de producción social del espacio público, en primer lugar con su entorno inmediato al estar informado de lo que sucede en él y, posteriormente, con su comunidad para fortalecer sus vínculos.

La divulgación es fundamental para que se pueda llevar a cabo el proceso. El ciudadano debe ligarse a la toma de decisiones desde grupos que influyen en la toma de decisiones, estos pueden ser comités vecinales, asociaciones civiles, gremios, colegios y academia y de ahí establecer los vínculos con los gobiernos locales para determinar acciones.

En el otro sentido sucede algo similar, el gobierno debe ligarse a la ciudadanía e informar a la población sobre la evaluación, elaboración y evaluación de los planes y programas a efectuar. Por ejemplo, en la Ciudad de México se está utilizando al CONDUSE (Consejo para el Desarrollo Sustentable) como órgano consultivo donde participan organizaciones e instituciones de los sectores académico, social, público, privado y legislativo, para generar un proceso participativo, con miras a actualizar el Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México.

La participación ciudadana no debiera limitarse a los mecanismos tradicionales establecidos en la Ley de Participación Ciudadana que ofrece el sistema burocrático, más bien, se puede completar con los medios digitales y plataformas tecnológicas y enriquecer el proceso participativo. La evolución digital da cabida a la difusión de la información en tiempo real y puede llegar a la población en masa; redes sociales y plataformas online permiten la apertura a la información y el debate de proyectos, contribuyendo a su fortalecimiento.

Existen aplicaciones y plataformas online que dan cabida a la participación ciudadana [no iniciada por el gobierno], incluso incluyen metodologías y ejemplos paradigmáticos que han sido llevados a cabo en diferentes regiones y a diferentes escalas alrededor del mundo. Ejemplos de esto es la iniciativa de la organización Friends of the Parks en la ciudad de Chicago para replantear la ubicación del proyecto que pretendía construir el Lucas Museum of Narrative Arts, esto con el fin de proteger la zona protegida frente al Lago Michigan. La iniciativa fue divulgada a través de Change.org y consiguió el apoyo necesario para ser entregada al gobierno de la Ciudad de Chicago. Al final se logró el consenso y el proyecto planteado en el sitio fue suspendido para su relocalización.

Del otro lado de la ecuación, desde el gobierno, pueden surgir esquemas que contribuyan al proceso, ejemplo de ello es plataformas digitales como We The People en Estados Unidos o E-Petitions en Reino Unido, ponen a disposición de sus ciudadanos la plataforma online para llevar a cabo peticiones en masa. Ejemplo de lo anterior es la petición al Gobierno y Parlamento del Reino Unido para revertir la decisión de permitir la explotación del subsuelo en zonas protegidas y parques nacionales con fin de extraer gas y petróleo. La propuesta fue apoyada por los ciudadanos a través de la plataforma online y fue llevada al debate, turnándose al Departamento de Energía y Cambio Climático del Reino Unido para revisar la legislación y regular la participación de la industria en zonas protegidas y el cuidado del medio ambiente.

Sin duda el papel de la innovación en los procesos de participación ciudadana contribuye a llegar a una audiencia mayor y complementar a  esquemas tradicionales como conferencias, exposiciones, talleres, asambleas y juntas vecinales, entre otros. Esto con el fin de llevar a cabo una organización y estructura que facilite el enlace ciudadanía – gobierno bajo un nuevo concepto de desarrollo de las ciudades: una planeación auténticamente participativa basada en una ciudadanía informada.

Hiram Barrón es arquitecto por la Universidad de Sonora. Maestría en Urbanismo en la UNAM.


1 INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) (2010), “Censo de Población y Vivienda” [base de datos en línea] [fecha de consulta: 08 agosto del 2016].
2 Jordi Borja. (2003). Espacio Público: Ciudad y ciudadanía. España: Electa.
3 Alberto Olvera. (2009). Las leyes de participación ciudadana en México: proyectos políticos, estrategias legislativas y retos estratégicos en la democratización futura. Mexico: SEGOB.