Un mar gris de viviendas en proceso de ser terminadas es hoy día un panorama común en las ciudades mexicanas. Generalmente en las zonas periféricas —y en agudo contraste con las zonas limpias y amuralladas que albergan a los sectores mejor acomodados de la sociedad—, este paisaje da cuenta física de la profunda segregación económica que impera en las metrópolis nacionales. Además, las administraciones de estas ciudades, lejos de contrarrestarlo con una planificación integral, con planes sustentables y a largo plazo, han permitido que la producción de vivienda formal e informal se rija por sí sola, expandiendo el área urbana a un ritmo mucho mayor al que rige al crecimiento poblacional. Aunque esto no es un fenómeno exclusivo de este país (la ONU estima que al menos mil millones de personas viven en asentamientos irregulares), la rápida expansión demográfica y urbana de las últimas décadas, y la enorme evidencia de que esta tendencia de urbanización continuará, han profundizado esta situación.

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El problema urbano asociado a la vivienda de autoproducción (autoconstrucción) se agudiza a la hora de intentar definir con precisión qué son exactamente los asentamientos irregulares. Esto se debe a que estos asentamientos son en realidad fenómenos heterogéneos, que implican desde distintos grados de acceso a servicios básicos (como agua potable, drenaje y electricidad), hasta diferencias abismales en términos de posesión de títulos de propiedad, acceso a transporte público y cercanía a ofertas laborales. (Acá, por ejemplo, un texto de este mismo blog que explica la situación legal de la propiedad de la tierra.)

Prueba de esta dificultad de definición es que fuera de algunos documentos oficiales de finales del sexenio calderonista y principios del peñanietista, que son confusos en sus términos, cuentan con gráficos de pésima calidad;1 es difícil encontrar cifras precisas sobre el alcance de la autoproducción2 en México. Si se equipara con el resto del mundo, se supone que el porcentaje de construcciones que no involucran un profesional del diseño se eleva al 98%, mientras que algunas notas en medios locales señalan que el 63% de las viviendas que se construyen cada año en el país son proyectos de este tipo.

El Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 señala que en el país, hasta el año 2012, existían poco menos de 31.36 millones de viviendas, de las cuales 24.47 millones (78.1%) se encontraban en suelo urbano,3 mientras que el resto, 6.9 millones (21.8%) se encontraba en áreas rurales. Por igual, reconoce que de todas las viviendas que existen en el país, un 49.8%, es decir, 15.62 millones, necesita algún tipo de mejora.4 Por si fuera poco, el porcentaje de viviendas deshabitadas en a nivel nacional suma el 14.2%, con los estados de Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Tamaulipas y Zacatecas encabezando las listas con más del 18%. Mientras que la entidad federativa con menores porcentajes de abandono es la Ciudad de México, con sólo 7.9%. Al mismo tiempo que 39.1 millones de mexicanos viven en condiciones de hacinamiento, lo que implica que cada habitación duerma más de dos personas.

Mar gris

Fuente: Google Earth [19°27’47.20″ N  99°16’30.10″ O].

Ahora, sin ningún afán de demeritar el trabajo de la gente que produce sus propias viviendas —la gran mayoría de las cuales se realizan en etapas y sin una visión global del proyecto, y que por lo mismo tardan muchos años en consolidar— es importante señalar que entre las principales carencias que presentan este tipo de construcciones son de tipo técnico (y de carencia de servicios). No siempre están bien dimensionados los elementos estructurales, por falta de cálculo, y muchas veces se construyen con falta de conocimiento de las capacidades de carga del terreno; además de que no siempre se piensan sistemas de iluminación o ventilación adecuados, por mencionar algunas carencias de diseño. Igualmente, es común que en zonas sísmicas se sobredimensionen las estructuras, creyendo que mientras más robusta sea la estructura mejor resistirá las ondas sísmicas, cuando esto no siempre es cierto. Características que representan gastos innecesarios a los constructores, que ya de por sí tienen presupuestos muy limitados.

Así, pues, no se puede negar que el fenómeno existe, y que en gran parte es gracias a él que se van configurando nuestras manchas urbanas, con todas las contradicciones y fragmentaciones que esto implica. Lo que resulta evidente es el abandono generalizado de cualquier forma de profesionalización o de apoyo técnico dentro de estos procesos. Y aunque haya muchos grupos que trabajan en estos asentamientos, lo cierto es que los urbanistas, arquitectos y demás profesionales de la planeación y construcción están rebasados, y no pueden dar una respuesta incluyente que pueda aliviar algunas de las presiones que esta informalidad genera.

Un artículo publicado en 2014 hace un análisis profundo de las condiciones laborales para los arquitectos en la actualidad. Explica, por ejemplo, que la arquitectura es un proceso colectivo que toma tiempo, y que es difícil que alguien tenga los medios para mantener a un grupo de gente trabajando en algo que, quizás, ella o él mismo pueda resolver mejor. Esto lo confirma un estudio que señala que un arquitecto promedio gana alrededor de 13 mil pesos mensuales, mientras que el salario asciende a 15 mil pesos si se cuenta con un posgrado. Esta cifra convierte a los arquitectos en miembros de los deciles séptimo y octavo en materia de ingresos, y si consideramos que uno de los requisitos para obtener un crédito para ampliación de la vivienda del INVI (Instituto de Vivienda del Distrito Federal [sic]) es ganar hasta cinco salarios mínimos como individuo, u ocho como familia; es claro que quien solicitara uno de estos créditos tendría que gastar todo su salario en pagarle a un profesional.

Según el mismo estudio el número de arquitectos titulados es de 251,534 y el de estudiantes de arquitectura 100,486. Esto quiere decir que aún si cada uno de estos 350,000 profesionistas atacara individualmente a cada una de las viviendas que requieren algún tipo de mejora, la repartición arroja el exorbitante número de 44 casas por profesionista. Si a esto le sumamos que al año 2020 se necesitaran construir 775 mil viviendas por año, de acuerdo a la CONOREVI, no existen arquitectos suficientes para cubrir las necesidades del país.

Las cifras anteriores pretenden dimensionar el tamaño de la problemática: pensar en que se puede dar una solución en la que cada vivienda tenga por lo menos un profesionista detrás es imposible. De ahí que el gobierno mismo, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y sus instituciones privadas asociadas, otorguen créditos y subsidios a la autoproducción, aunque sin ninguna asesoría técnica gratuita de por medio para la autoproducción, es decir, pagando un profesional que los asesore.

Aun así, existe un gran número de asociaciones y grupos que trabajan de forma gratutita o a muy bajo costo, como Habitat International Coalition, COPEVI y Consultorio Arquitectónico, por mencionar algunos. Estas asociaciones trabajan desde distintos frentes, desde dando asesorías de construcción y trabajando para fortalecer lazos comunitarios, hasta formando foros y generando publicaciones con miras a modificar las políticas públicas en la materia.

El problema de la falta de presencia de profesionistas y de una visión que no sea cortoplacista y que, contrario a las tendencias actuales, contemple no sólo el número de viviendas sino también su incorporación al tejido urbano en general (redes de transporte, acceso a fuentes de trabajo, etc.), es un trabajo que va mucho más allá del gremio arquitectónico. Por ello, sorprende que en el mismo Plan Nacional de Vivienda se mencione tan poco la planeación urbana o el desarrollo del espacio público.

El problema de la vivienda se debe entender como uno de planeación a futuro, de un uso correcto de los recursos, y de la creación de instituciones sólidas que lo atiendan en su conjunto, pensando no sólo en cumplir metas numéricas sino en generar espacios urbanos que promuevan todo tipo de actividades y que aprovechen mejor los recursos. Por eso, es importante pensar en la vivienda más allá de sólo créditos para la autoproducción. Al contrario, ésta debe ser concebida como la pieza básica de la configuración de nuestros espacios urbanos, los cuales requieren de un esfuerzo conjunto entre instituciones públicas, asociaciones civiles, grupos de vecinos y profesionales de la construcción para proveer mejores condiciones de vida para todos.

Joaquin Diez-Canedo es arquitecto por la UNAM e historiador de la arquitectura por University College London.


1 Me refiero sobre todo al documento “La situación de la vivienda en México” publicado por el Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, o CONOREVI, en Diciembre del 2011.
2 Por autoproducción me refiero a vivienda en la que no interviene un profesional, sea un arquitecto o una empresa constructora.
3 Cabe recordar que para fines estadísticos, en este país se considera que cualquier localidad con más de 2500 habitantes es territorio urbano.
4 El desglose es el siguiente: 9.8% requiere de remplazo, 9.7% de ampliación, 17.3% de mejoramiento y 13% de mejoramiento y ampliación.