La nueva Constitución de la Ciudad de México ofrece en varios de sus artículos la calidad en la gestión del gobierno, un ejercicio sin antecedente en el país. Para ello, se incorporan nuevos derechos humanos como el derecho a una buena administración —que ya había sido reconocido en la carta europea de derechos humanos desde el año 2000—, a un buen gobierno y la emisión de una carta de derechos en los servicios públicos que establezca estándares de calidad. El objetivo es que los servicios públicos se adecuen, además de su calidad, a los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

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Este texto analiza esta pretensión constitucional, que si bien es razonable en un contexto urbano y metropolitano como el que vivimos, parece lejana ante los pendientes en materia de servicios urbanos, la escasa exigibilidad de los derechos sociales, la evasión de responsabilidades públicas cuando las funciones se prestan por privados, la mecánica discrecional de explotación de los activos públicos y en especial la forma en que se ha establecido la responsabilidad patrimonial.

Una constitución del siglo XXI debería tener como uno de los objetivos el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, y con mayor razón si se trata de una reforma que otorga una constitución política como la de la Ciudad de México que entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018.

Desafortunadamente, después de la aprobación de la constitución y de la emisión de las primeras leyes secundarias, no hay ningún elemento en el radar citadino que prevea un mejor nivel de vida en la Ciudad.

Es cierto que para mejorar ese nivel de vida se requiere crecimiento económico sostenido, una mejor distribución de la riqueza, un sistema fiscal equitativo, una mayor eficiencia del gasto público, aplicación del estado de derecho, impartición de justicia y un combate serio a la corrupción, mas la contribución que puede hacer contar con servicios públicos de calidad también es significativa.

Los ejemplos de malos servicios se multiplican. Por su magnitud y al depender del gobierno de la ciudad, sobresale el servicio de transporte público, que reiteradamente se presta en ausencia de condiciones de accesibilidad, idoneidad, calidad, pertinencia y oportunidad, a pesar de que las autoridades locales de movilidad presumen lo contrario.

La UNAM realizó recientemente una encuesta1 que busca conocer los niveles de satisfacción de vida de la población mexicana adulta e identificar sus implicaciones para el diseño de políticas públicas que promuevan el bienestar de la población. En esa encuesta se advierte que la situación económica de las personas, la falta de oportunidades, trabajo y educación tienen un efecto negativo en la satisfacción de vida.

Ahí mismo se concluye que el porcentaje de satisfechos con la vida en los barrios, los servicios, la seguridad y atención del gobierno son bajos. Tres de cada cuatro mexicanos están insatisfechos con la acción del gobierno. Las tres acciones de mayor peso que realiza el gobierno y que inciden en la satisfacción vital de las personas consisten en mejorar la situación económica (86%), garantizar la seguridad de la población (84%) y, en el mismo rango, incrementar la calidad de los servicios públicos (83%).

Al medir el nivel de satisfacción general con los servicios públicos básicos y bajo demanda en la Ciudad de México, datos del INEGI2 para 2015, arrojan un nivel de satisfacción general de 43.1%, por debajo del promedio nacional (43.5%), y con el más alto para Colima (57.9%) y el más bajo para Tabasco (27.0%).3

En las últimas fechas hemos atestiguado una caída constante de la confianza en la relación ciudadano y gobierno: de hecho, a mayor esfuerzo a favor de la transparencia gubernamental, mayor caída en los niveles de confianza.

Quizá por ello, el entramado constitucional en la Ciudad de México no se quedó corto para proponer y aprobar, desde los artículos constitucionales, un mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad, en general, y de la calidad de los servicios públicos en particular.

En tres artículos de la constitución, el 4, 15 y 17,4 se estableció una relación directa entre calidad de los servicios públicos y mejoramiento de la calidad de vida.

Por lo que se refiere a la organización administrativa, en el artículo 53 de las alcaldías, se establece que es una de sus finalidades mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos. Igualmente, dos instituciones como la hacienda pública5 y la coordinación metropolitana6 se incorporaron en el mismo objetivo.7

El artículo 7 establece el derecho de toda persona a una buena administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

A partir de septiembre de 2018 será un derecho humano en la ciudad tener una buena administración pública, al mismo tiempo que se tendrá derecho a exigir servicios públicos de calidad. Independientemente de hacia dónde nos llevará la administración pública con estos derechos, es importante destacar que se trata de dos derechos humanos que doctrinalmente forman parte de las prestaciones —una instrumental, la segunda sustancial— que se pueden exigir al gobierno, y reclamar a los jueces en caso de negativa.

El objetivo de calidad en los servicios públicos quedó a la reserva de ley, pues el mismo artículo 7 establece que la ley determinará los casos en que deba emitirse una carta de derechos de los usuarios y obligaciones de los prestadores de servicios públicos. En el mismo dispositivo se señala que las autoridades conformarán un sistema de índices de calidad de los servicios públicos basado en criterios técnicos y acorde a los principios señalados en el primer numeral de ese apartado (generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación).

Hoy, cuando la constitución se encuentra en vacatio legis (es decir, el periodo entre su aprobación y su puesta en vigor), hay tiempo para exigir que las leyes secundarias de la materia, con un criterio de progresividad de derechos humanos, incorporen una amplia carta de derechos y adecuados índices de calidad en los servicios públicos. Cuatro elementos pueden incidir en esta razonable exigencia.

En primer lugar, la incorporación de los principios mencionados debiera permitir que en la Ciudad de México ya se puedan promover y, lo más importante, exigir que los servicios públicos se presten en condiciones de igualdad y que no discriminen entre usuarios; que cuenten con infraestructura y equipamiento adecuado para su funcionamiento; que no se interrumpan constantemente; que cumplan con cierto nivel de satisfacción, y que se gestione con ayuda de la tecnología.

En segundo lugar, habrá que exigir que la carta de derechos y los índices de calidad no solo se apliquen a los servicios públicos, sino también a la explotación de bienes públicos y a la infraestructura. En este camino, con base en los principios pro persona y progresividad de los derechos humanos, debería tenerse no solo derecho a buenos servicios públicos, sino derechos exigibles a la calidad de los bienes, equipamiento e infraestructura disponibles en la ciudad.

Para ello, habrá que generar una adecuada interpretación de lo que la constitución reconoce como servicio, obra, equipamiento e infraestructura pública, que al leer en diversas partes del texto fundamental de la Ciudad de México se mezclan indiscriminadamente.

El agua es el mayor ejemplo de un bien (en el subsuelo) que al mismo tiempo depende de infraestructura pública (la red de agua potable) que permite transformarlo en un servicio (por el cual se paga una tarifa al Sistema de Aguas).

En tercer lugar, debemos obligar a las autoridades y a los inversionistas a que apliquen los estándares de calidad no solo a los servicios que presta directamente el gobierno, sino también a los que prestan terceros por títulos que les otorga el sector público; no se vale que por un artificio legal se abandone a los usuarios de servicios.

En ese sentido, los estándares de calidad no solo se aplicarían a los trámites y servicios de gobierno, sino a todos aquellos que se pagan con recursos fiscales, con derechos, productos y aprovechamientos, y lo que prestan órganos descentralizados y los autónomos y de gobierno, como el Congreso y el Poder Judicial Local.

Por lo tanto, los estándares constitucionales de calidad y demás mencionados no sólo deberían aplicarse a los servicios públicos en sentido estricto, sino a toda la actividad administrativa; que incluye las concesiones, los permisos, autorizaciones y contrataciones, con la finalidad de darle contenido esencial al derecho a una buena administración pública y que no termine siendo un derecho de papel, el derecho a que nos contesten en un plazo razonable las peticiones de transparencia.

En cuarto lugar, es importante insistir en la necesidad de asegurar estándares de calidad en el equipamiento e infraestructura pública, como calles y avenidas, parques públicos, instalaciones para prestar servicios.

Hoy la responsabilidad patrimonial de la Ciudad de México se genera por los daños causados a los bienes de los particulares y no por la ausencia de estándares de servicio. Desde 2009 se han ingresado a la Contraloría General más de 1,200 solicitudes de reparaciones y solo en 46 casos ha habido condenas indemnizatorias. De nada sirve esta figura si no se mejora sustancialmente la calidad de los servicios y la infraestructura. En servicios públicos por estar atendiendo los efectos, hemos descuidado ir directamente a las causas.

Aunque es un avance que la constitución haya establecido mecanismos administrativos y judiciales para garantizar esos derechos, en caso de que el gobierno no preste o los ciudadanos no reciban de manera continua, uniforme, igualitaria y con calidad sus servicios públicos, como establece el artículo 60, esto parece netamente insuficiente.

Hay que exigir que, así como se emitió una circular que guía la acción de los servidores públicos en la Ciudad de México, debería emitirse una circular o carta única de derechos que establezca con nitidez todos aquellos estándares necesarios para el aprovechamiento social de los bienes públicos (¿tendremos calidad del aire cuando menos una dos terceras partes del año?); obras públicas (superar por algo más serio el simple, “usted disculpe las molestias que esta obra le ocasiona”); trámites gubernamentales (¿se alcanzará un gobierno totalmente digital?); equipamiento (¿cuándo fue la última vez que tuvimos un adecuada gestión de los residuos sólidos en las calles?), y servicios públicos (¿no dice la constitución que la educación, que es un derecho y al mismo tiempo un servicio, será de calidad?).

De nada sirven las incorporaciones a la constitución de conceptos como “administración y buen gobierno” y principios como los de calidad, si no emprendemos una clara exigencia por el mejoramiento sustancial de los servicios, obras y bienes públicos, a la par que forzamos que el ejercicio del presupuesto público —siempre insuficiente- otorgue valor agregado.

Ésta sería la verdadera aportación de la Constitución Política de la Ciudad de México, aquella que hace un intento serio por mejorar los servicios públicos, como condición primaria para aspirar a tener una mejor ciudad, al convertirlos en prestaciones y derechos humanos que no son concesiones del gobierno ni son aprovechamientos exclusivos de los privados, sino auténticos servicios para beneficio directo de la sociedad.

José Omar Sánchez Molina es abogado por la UNAM y profesor de derechos humanos. En el Senado es secretario técnico de la comisión de la Ciudad de México.


1 Cfr. Encuesta Nacional sobre Satisfacción Subjetiva con la Vida y la Sociedad (ENSAVISO). Disponible en  http://bit.ly/2wXNbij

2 Como lo son agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, parques y jardines, recolección de basura, policía, calles y avenidas, carreteras y caminos sin cuota) y bajo demanda (educación pública obligatoria; educación pública universitaria; servicios de salud del IMSS, ISSSTE, gobiernos estatales y Seguro Popular; energía eléctrica; transporte público masivo automotor; autobús de tránsito rápido; metro o tren ligero y autopistas con casetas de cuota.

3 Cfr. Resultados de la tercera Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015. Disponible en:  http://bit.ly/2xldkrf

4 El artículo 4 establece que las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad. El artículo 15 establece que la Ciudad de México será una ciudad con baja huella ecológica, territorialmente eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente sustentable, con espacios y servicios públicos de calidad para todos. En el mismo sentido, el artículo 17 consagra un sistema general de bienestar social en la ciudad, y en específico señala que uno de sus elementos será la ampliación del acceso, la mejoría en la calidad y la actualización de los servicios públicos que incidan en la calidad de vida de sus habitantes.

5 El artículo 21 establece a su vez que la hacienda de la Ciudad se organizará conforme a criterios de unidad presupuestaria y financiera. El gasto y la inversión pública, además de lo que establece esta Constitución, se orientarán a incrementar la infraestructura y el patrimonio públicos, a garantizar servicios de calidad, al impulso de la actividad económica, el empleo, el salario y a la mejora de la calidad de vida de la población.

6 Tratándose de la gestión metropolitana, el artículo 19 señala que se promoverá la creación de instrumentos y mecanismos que contribuyan a garantizar la aplicación de políticas y servicios suficientes y de calidad para las personas que habitan la Zona Metropolitana del Valle de México, con una visión territorial ecosistémica, incluyente y participativa.

7 Inclusive, en esa dirección, el artículo 44, relativo a la procuración de justicia, establece la calidad del trabajo del ministerio público, algo inaudito en nuestro país, considerando uno de los grandes pendientes de justicia a nivel local y nacional.

8 Cfr. Circular UNO y UNO BIS del gobierno de la Ciudad. http://bit.ly/2wZHJcb.