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México no está solo con sus problemas de violencia, Latinoamérica ha sufrido y aún sufre las consecuencias de décadas de violencia urbana. Las causas de la violencia pueden ser muchas: intenso crecimiento urbano, globalización; y claro, los sospechosos habituales exclusión social, inequidad y pobreza. La violencia urbana también se puede categorizar en varios tipos: económicas, sociales, religiosas, políticas o incluso institucionales. Pero claro, todo depende del contexto específico, los actores involucrados y los respectivos  traslapes entre los tipos de violencia. Muchos enfoques y políticas se han probado para revertir los efectos de la violencia.

Los temas de violencia en México podrían calificar fácilmente como los más discutidos en los últimos años, ni siquiera se discuten tanto otros problemas estructurales como la desigualdad que permanecen los mismos niveles desde hace 30 años o la pobreza en la que se encuentra casi la mitad de la población. El problema con la violencia es que seguimos esperando que el enfoque que siempre ha sido el mismo funcione, y ni si quiera hay un precedente que permita comparar si lo que estamos haciendo es correcto o no. Es importante diseñar políticas públicas dirigidas a la criminalidad, pero también es importante estudiar otras opciones que pudieran implementarse de manera simultánea. Por ejemplo, políticas integrales que incluyan temas de empleo, cohesión social y justicia espacial. Ya se ha hecho notar antes que hace falta investigar y apostarle a nuevas estrategias contra la violencia y el crimen organizado, así como implementar medidas para abatir la pobreza y la desigualdad (véase el libro escrito por Watt & Zepeda en 2012 y el articulo de Viridiana Ríos, 2013). La mayor limitación de las respuestas en políticas públicas para disminuir la violencia es que los esfuerzos se han centrado fundamentalmente en reforzar la impartición de justicia y cuerpos policiacos (aunque sin mucho éxito aparente). Estos esfuerzos son generalmente intermitentes, sangrientos y esporádicos. Ya hemos visto que el ejército en las calles no disminuye la  violencia en el largo plazo.

Sin lugar a dudas, la violencia ha tenido impactos que pueden sentirse en casi todas las esferas de la vida pública de los mexicanos: en la política, como cada vez surgen más y más sospechas de que el crimen organizado esta permeando las clases políticas (como en Guerrero); en la economía, como cada vez más violencia implica perdidas de inversiones, pérdidas de empleos y mayor inversión en sistemas de protección (llámese alarmas, rejas, seguridad privada, por ejemplo); en la sociedad, como desconfiamos y limitamos nuestra interacción con otros ciudadanos; y más aún, en las ciudades, como limitamos nuestras actividades, los lugares que frecuentamos, y cambiamos nuestros lugares públicos de recreación por sitios ‘semi-privados’ (malls y centros comerciales). Sobre este último impacto, es donde surgen alternativas para reducir la violencia que son dignas de considerarse. Especialmente porque la violencia y la inseguridad han venido a transformar la forma y función de las ciudades, con nuevas formas de segregación (de desigualdad) espacial. 

Por ello, recientemente se ha recalcado el potencial de las ciudades y los espacios públicos para reducir y prevenir las tendencias de fragmentación del espacio que la violencia ‘ordinaria’ genera. 

Aquí el concepto clave es el de ‘espacio público que permite distinguir esta ‘nueva segregación urbana’. Muchos estudios en el mundo han notado nuevos patrones de organización urbana espacial, como resultado de los crecientes niveles de crimen e inseguridad. El incremento del miedo al crimen ha llevado al desarrollo de una nueva forma de organización de las ciudades, particularmente manifiesto en la forma de ‘enclaves fortificados’ (véase el articulo por Rodgers (2004) para el caso de Managua, Nicaragua). Estos lugares son ‘áreas de residencia, consumo y recreo privatizadas, cerradas y monitoreadas, diseñadas para aislar a sus ocupantes del crimen y minimizar su sensación de inseguridad.

Mucho se habla de los potenciales del espacio público. 

Entonces, como complemento a los actuales enfoques, la planeación, el manejo óptimo de las ciudades y en especial del espacio público, ofrecen la posibilidad de manipular el ambiente físico para incrementar la seguridad. El espacio público puede funcionar como generador de cohesión social, como posibilidad para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos, como eje central en la definición de las ciudades, entre otros. Sí, el espacio público define el tipo de ciudad que vivimos.

Decir que se puede reducir la violencia en general el entorno mediante intervenciones en el espacio construido en México es ambicioso. Sin embargo, si el entorno construido se enfoca en reducir un tipo de violencia (en este caso) el de la violencia económica, definida como aquella motivada por la ganancia económica, tal como el ‘crimen callejero’, la cuestión se vuelve más clara: mejorar el entorno construido en las ciudades mexicanas para disminuir la violencia económica e incrementar la sensación de seguridad. 

Esto se puede lograr con intervenciones como yuxtaposición de usos del suelo, diseño apropiado de edificios con consideración a su entorno, evitar diseñar y construir puntos ciegos, zonas oscuras, y una eficiente planeación de sistemas de transporte –ya que estamos tratando del espacio público– esto sin mencionar siquiera la obvia provisión de infraestructura básica como alumbrado de calles. Estos esfuerzos solos pueden ser completamente inútiles si no se añade un impulso social y se involucra a las comunidades afectadas por la violencia, en el proceso de mejora del entorno, esto con el afán de generar apropiación del espacio público e inclusión en procesos de planeación urbana.

Es importante ser conscientes de  que los problemas de violencia e inseguridad de las ciudades de México son grandes, reflejan aspectos de injusticia social y fallas de la democracia. Pero, por algún lado hay que empezar. La participación en la planeación e intervención de nuestras ciudades tiene el potencial de reducir los problemas de violencia y reducir las inequidades sociales en el espacio público. Además, mejorar las ciudades nunca está de más la clave, sin dudas es, el fortalecimiento de administraciones locales y la participación ciudadana informada. Este es un llamado, uno a cambiar nuestra manera de pensar sobre el espacio público urbano, provocar el apoderamiento de nuestras ciudades y disminuir la delincuencia. 

Natalia Garcia Cervantes es actualmente candidata a Doctora por la Universidad de Manchester, Inglaterra. Su correo es natalia.garcia@postgrad.manchester.ac.uk y en Twitter, @natgcervantes.