Uno de los temas centrales a discutir en HABITAT III y de los acuerdos de la nueva agenda urbana mundial a 2030 será la sustentabilidad y el medio ambiente, complemento esencial para cumplir los acuerdos internacionales contra el cambio climático, entre otros. Como se mencionó anteriormente en una primera entrega, el Reporte Mundial de las Ciudades 2016 establece que el actual modelo de urbanización es ambientalmente insostenible, pues la urbanización horizontal de bajas densidades crea una dependencia del automóvil. La cual a su vez genera serios problemas negativos para la sociedad, entre ellos la contaminación local y la generación de Gases de Efecto Invernadero (GEI), causantes del cambio climático. No por nada la OCDE ha hecho un llamado urgente para controlar la contaminación del aire en las ciudades, que causará la muerte prematura de seis a nueve millones de personas al año en el mundo. Otro de los efectos más probables del cambio climático –directamente relacionado con lo anterior– será la elevación del nivel del mar ante el descongelamiento de los casquetes polares. Tan sólo en el incremento de un metro del nivel del mar pondría en riesgo al 13% de la población mundial.

1

Enfrentar estos problemas no se puede hacer aisladamente del contexto social, en especial en uno de desigualdad creciente. Por ello, UN-Habitat plantea que se debe de adoptar el concepto de “sostenibilidad justa”, que implica la necesidad de alcanzar una mejor calidad de vida, ahora y en el futuro en las ciudades, en una manera justa y equitativa, mientras que se viva dentro de los límites que sustenta a los ecosistemas.

Bajo este concepto, de búsqueda de sostenibilidad y equidad, el Reporte Mundial de las Ciudades 2016 reconoce que las ciudades del mundo enfrentan cuatro grandes problemas:

1) Desigualdad en acceso a recursos y servicios. Los países en desarrollo, con sus ciudades, “compiten” entre sí para atraer inversión extranjera, mejorando infraestructuras y con condiciones económicas ventajosas para dicha inversión. Sin embargo, estos esfuerzos solo incrementan las desigualdades, pues se desatienden la provisión de servicios básicos en zonas pobres y/o asentamientos informales. De hecho, es muy fácil encontrar en ciudades de países en desarrollo enclaves conectados a la economía global, construidos bajo la idea de competitividad global, con todos los servicios de una ciudad de primer mundo; mientras que en los alrededores se encuentran asentamientos que muchas veces carecen de los servicios básicos. La falta drenaje, agua potable o manejo de desechos sólidos tiene serias implicaciones ambientales y sobre la salud humana.

2) Riesgos ambientales e impactos del cambio climático. Los riesgos ambientales crecen con los efectos del cambio climático. No sólo es el incremento del nivel del mar, también hay un sinnúmero de implicaciones sobre el abastecimiento de agua, inundaciones, olas de calor y enfermedades, que pueden afectar a millones de personas en el globo. Por ejemplo, la falta de agua potable y de adecuada higiene causan alrededor de 4% de las muertes y 5.7% de toda las enfermedades. En un escenario de cambio climático con menores cantidades de agua disponible y una temperatura más favorable para algunas enfermedades, las consecuencias serán catastróficas en muchas ciudades del mundo.

3) La administración de la urbanización, el suelo y la biodiversidad. La expansión urbana tiene diversas consecuencias dependiendo de en dónde se presente. En el caso de países en desarrollo resulta en la perdida de tierra arable y en un mayor uso del automóvil. Mientras que en países en desarrollo, la expansión urbana es mucho más rápida lo que crea densidades muy bajas, de difícil provisión de servicios básicos, alimentando aún más la desigualdad y exclusión de parte de la población. Con la consecuencia de pérdida de biodiversidad y ecosistemas a grandes velocidades, en lugares que además cuentan con una gran riqueza natural (como África).

4) Reducción de las emisiones de GEI. Entre el 67 y 76% de toda la energía generada la consumen las ciudades, por lo que son las principales fuentes de GEI (70% del total) y es el modelo de urbanización horizontal y su consecuente motorización su principal causa. Fenómenos que además vienen de la mano con la expansión de asentamientos informales y marginalizados (chabolas, favelas, colonias perdidas, por ejemplo), de comunidades cerradas y con una mayor división social. Una donde las clases más acomodas genera la mayor parte de las emisiones. Así, cualquier solución de descarbonización (disminución de emisiones de GEI), requiere venir acompañada de provisión de servicios para las clases desfavorecidas y de eliminar la fragmentación socioespacial.

Sin duda para resolver estos problemas hay un gran reto de financiamiento de los gobiernos locales, tomando en cuenta que entre el 30% y 50% de su presupuesto lo utilizan solamente para la gestión de residuos sólidos. Y aquí el tema de recurrir a otro tipo de financiamiento se vuelve importante, como las Asociaciones Público Privadas. No obstante, éstas tienen sus límites en cuanto a los servicios que pueden brindar a la población de bajos ingresos, es decir, normalmente no lo hacen. Por esta misma razón, no se debe dejar de lado eficientar el uso del gasto público y recurrir a impuestos locales (como los mecanismos de captura de valor) para financiar las necesidades presentes y futuras de la población.

Es evidente el porqué se menciona que la batalla por la sostenibilidad y contra el cambio climático, se ganará o perderá en las ciudades. No solo eso, también se podría decir que en la batalla por eliminar la desigualdad e inequidad, las ciudades serán determinantes.

En este mismo sentido, el concepto de “sostenibilidad justa” está altamente ligado al concepto de “derecho a la ciudad”. Es decir, a que todo habitante de una urbe pueda gozar de ella, en condiciones de igualdad y equidad, siendo participe en su transformación. Esto implica que la planeación de las ciudades y las políticas públicas tendrá que tener un componente grande de participación ciudadana, de democracia urbana, pues es la única manera de asegurar equidad y políticas ambientales exitosas de largo plazo. De otro modo, enfoques en boga en política pública urbana que se ostentan como sustentables (como las ciudades inteligentes o competitivas) pueden terminar generando mayor desigualdad.

Bien menciona el Reporte Mundial de las Ciudades 2016 que “no hay escape a la solidaridad ambiental y la gobernanza socioeconómica de las áreas urbano y rurales. El espacio es la definición más básica de ‘la totalidad del ser humano’, que en cambio resuena con el reconocimiento de los derechos humanos (sostenibilidad justa). Por ello, es que la administración integrar del medio ambiente urbano debe ser democrático y participativo para todos”. No sólo para las zonas especiales; zonas que se pretende convertir en enclaves de la economía global.

Ante este contexto parecería, en un principio, que México, a través de la SEDATU avanzará en el sentido correcto de la nueva agenda urbana a 2030. México fue sede de una de las reuniones previas a HABITAT III. En los programas oficiales se habla de la necesidad de controlar la expansión urbana y reducir el uso del automóvil, y el tema de “derecho a la ciudad” ha sido tomado por la actual secretaría Rosario Robles. Sin embargo, sus acciones van en sentido contrario cuando sostiene que la mayor parte de la vivienda social se construye cerca del trabajo, cuando esto es falso; y cuando mantiene la entrega de vivienda de interés social en la periferia de la ZMVM. Por ejemplo, en Zumpango, una zona que ha sido emblemática del modelo de del desarrollo urbano horizontal, insustentable y desigual. Bajo esta continuidad de políticas, sin duda la batalla por la sustentabilidad, el cambio climático y la desigualdad se pueden dar por pérdidas en las ciudades de México; a pesar de que el gobierno del país pretenda apoyar la nueva agenda urbana de HABITAT III y el Acuerdo de París contra el cambio climático.

Salvador Medina Ramírez