En 1906, la colonia Juárez surge como el resultado de un negocio entre amigos. Así se le llamó al triangulo urbano que había sido desarrollado en las décadas anteriores mediante concesiones entre el gobierno porfirista y la élite empresarial de la época. Desde sus orígenes, la Juárez fue un proyecto económico más que urbanístico, el objetivo principal del Estado porfirista había sido expandir los alcances del mercado inmobiliario sobre zonas agrícolas, sustento de indios y campesinos, para permitir el lucro privado y la especulación a acaudalados favoritos del régimen, valorando las inversiones por encima de cualquier consideración social. Así, las grandes obras inmobiliarias del Estado estaban orientadas a facilitar el crecimiento de colonias exclusivas: el embellecimiento de Paseo de la Reforma a cargo del erario público, facilitó las ganancias por el fraccionamiento de la colonia contigua, dinero que habría de quedarse en sólo algunos bolsillos.

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Hace algunas semanas escribí sobre el proyecto del Corredor Cultural Chapultepec señalando lo que es una privatización velada del espacio público de forma anti-democrática. Además diversas voces han señalado como una ocurrencia arquitectónica o han criticado el proceso.1 Existe una demanda ciudadana de detener el proyecto y reponer todo el proceso. Ante las críticas, el gobierno de Miguel Ángel Mancera en el DF ha señalado al menos seis puntos discursivos para apuntalarlo ante la opinión pública, los cuales no son posibles de sostener. Otros como la inseguridad o que es una decisión técnica simplemente han sido desmitificados por Andrés Lajous y Onésimo Flores.

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