La Ciudad de México encuentra nuevas identidades frecuentemente. En los últimos dos años, ha sido comparada con París, Nueva York, Berlín o Islandia. Las comparaciones difieren entre sí. Algunas reconocen las múltiples desigualdades que estructuran la vida en la capital mexicana, aunque a menudo no las exploran demasiado. Las más olvidan que hay ciudad más allá de las fronteras de la Roma, la Condesa y Polanco, reduciendo la ciudad a aquellos lugares que se ajustan a una imagen idealizada de consumo y vivienda.

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En los últimos años hemos visto el incremento de edificios de departamentos en diversas colonias céntricas de la Ciudad de México, como la Colonia del Valle o la Portales. Esto debería de traducirse en mayores densidades poblacionales, lo que a su vez generaría menor uso del automóvil y mayor vida en las calles, entre otras externalidades positivas.1 Sin embargo, esto no parece ser así. Incluso, hay una percepción de que densificar acarrea problemas a los vecindarios, como más tráfico. Por ejemplo, una encuesta realizada en 2014,2 en su apartado para las delegaciones “centrales” Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, señalaba que la población asociaba la densificación con saturación de las vialidades, entiéndase tráfico (cuarto efecto negativo más mencionado después de delincuencia, escasez de agua y deterioro de los servicios).

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Han existido diversos análisis del Corredor Chapultepec criticando su necesidad. El gobierno del Distrito Federal, a través de ProCDMX, lo ha defendido entre otras formas mencionando que es socialmente rentable. Para ello se apoyan en dos estudios que “demuestran la necesidad” de su creación (CCC, 2015): El  Estudio de Evaluación Socio-Económica (CEE-ITESM, 2015a), cuyo objetivo es el de determinar la rentabilidad económica del Corredor, y el Estudio de Evaluación Técnica-Financiera (CEE-ITESM, 2015b), cuyo objetivo es el de evaluar la pertinencia paramétrica de los modelos económico-financiero y de mercado del Corredor. Estos estudios concluyen que la “riqueza del país” aumenta y que el proyecto es “socialmente rentable”, por lo que recomienda abiertamente su construcción. Además, estas conclusiones han servido para fundamentar el aspecto comercial del Corredor, pues allí se aduce que existe una “demanda social” por comercio en la zona y que el financiamiento privado evita la utilización del presupuesto del Gobierno del DF.

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Hace algunas semanas escribí sobre el proyecto del Corredor Cultural Chapultepec señalando lo que es una privatización velada del espacio público de forma anti-democrática. Además diversas voces han señalado como una ocurrencia arquitectónica o han criticado el proceso.1 Existe una demanda ciudadana de detener el proyecto y reponer todo el proceso. Ante las críticas, el gobierno de Miguel Ángel Mancera en el DF ha señalado al menos seis puntos discursivos para apuntalarlo ante la opinión pública, los cuales no son posibles de sostener. Otros como la inseguridad o que es una decisión técnica simplemente han sido desmitificados por Andrés Lajous y Onésimo Flores.

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Una de las premisas sobre las cuales supuestamente se han orientado los instrumentos de planeación del Gobierno del Distrito Federal (GDF) ha sido la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones.1 Todos los programas y planes que deriven del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal (PGDDF), 2013-2018, suponen la participación directa tanto de la ciudadanía como de expertos en cada una de las temáticas que afectan la vida cotidiana de la ciudad.

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