El 27 de febrero del 2010, Chile se vio afectado por uno de los mayores terremotos de los que se tiene registro, uno de magnitud 8.8 que seguido por un tsunami que también devastó al país. El presidente Sebastián Piñera calculó las pérdidas económicas asociadas a la catástrofe en 30 mil millones de dólares, o 15% del PIB del país en ese momento. Las pérdidas más grandes fueron las humanas: 525 personas fallecidas y 23 desaparecidas según los reportes oficiales. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo registró 370,051 viviendas con daños; dentro de ellas, 81,444 viviendas destruidas. Aunque se calcula que el sismo afectó a 12.8 millones personas, el 75% de la población del país, la región más afectada fue a región del Biobío, lugar del epicentro. Ahí se registraron 106,587 viviendas dañadas, 28% del total de viviendas dañadas y en donde habitaban el 48.5% de las familias damnificadas en todo el país.

Este 7 y 19 de septiembre México sufrió dos sismos que afectaron al centro y sur de la república. Hasta el momento el gobierno ha contabilizado más de 150 mil viviendas afectadas, de las cuales más de 55 mil son casas destruidas por completo, dejando a más de 250 mil mexicanos sin vivienda. El estado más afectado es Oaxaca, donde se registran 51,473 viviendas dañadas, de las cuales 25,023 quedaron inhabitables y 9,783 son pérdida total.

Los procesos de reconstrucción de vivienda después de una catástrofe natural como los sismos que vivieron Chile y México son largos, procesos en los que, debido a la urgencia de vivienda, los reclamos sociales o los tiempos electorales se suelen apresurar cometiendo errores fundamentales en el camino. En el 2013, la Universidad de Berkeley realizó un estudio sobre el proceso de reconstrucción de vivienda en Chile posterior al sismo del 2010; se analizaron las decisiones sobre los programas de vivienda y su implementación, así como el involucramiento de las comunidades en todo el proceso de reconstrucción. El estudio resalta la postura proactiva que tomó el gobierno federal chileno frente a la catástrofe, postura que podemos comparar con la situación actual en México, con el propósito de evaluar el desempeño del gobierno hasta el momento.

Financiación para la reconstrucción

A pesar de recibir ayuda económica internacional, aprovechando el buen momento de la economía chilena, el gobierno no dudo en crear un fondo de reconstrucción financiado por un incremento a los impuestos. Las grandes empresas pasaron de pagar 17% de sus regalías a un 20%; también destaca el impuesto al tabaco, que subió de 60% a 67%. Cabe resaltar que el alza a los impuestos tuvo una relativa aceptación de la población, pues la gran mayoría de ésta se vio afectada por el sismo. Asimismo, se otorgaron beneficios a personas físicas y morales que realizaran donaciones dedicadas a la reconstrucción.

En el caso mexicano, el presidente Enrique Peña Nieto ha calculado que la reconstrucción costará aproximadamente 38 mil millones de pesos, los cuales serán tomados del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), partidas de distintas secretarías, donaciones y de un reajuste al presupuesto del 2018. Recordemos que la bolsa estimada del FONDEN para 2018 es de 15 mil millones de pesos; de seguir con lo propuesto por el presidente y sin saber la cantidad de dinero donado, se tendrían que hacer recortes en otras secretarías por 23 mil millones de pesos o esperar varios años a completar el presupuesto. ¿Qué rubros planea recortar el presidente? ¿Cuáles son las prioridades del país? No olvidemos que, en los recortes presupuestales del 2017, dos de las tres secretarías más afectadas fueron la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dos rubros que deberían ser pilar del desarrollo del país, mientras que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, secretaría que en teoría debería estar encargada de la reconstrucción de vivienda, sufrió el mayor recorte porcentual de todas.

Planeación y participación ciudadana

La administración pública chilena tiene una tradición centralista que se remonta a la época de Pinochet. En busca de una eficaz coordinación, el gobierno tomó la acertada decisión de dejar en manos de una sola secretaría las labores de reconstrucción de vivienda; el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). A tan solo un mes del temblor, el ministerio tenía listo el plan de reconstrucción de vivienda, que incluía entre otras cosas, diagnóstico de la situación, estimaciones de la demanda y los costos, así como planes maestros para cada región.

Acompañando al plan de reconstrucción, a pesar de la tradición centralista chilena, una de las primeras decisiones que se tomó fue la de dejar en manos de los alcaldes de las municipalidades el registro de las viviendas dañadas, y el canal de comunicación entre ciudadanía y gobierno. Esta decisión fue un voto de confianza en el orden de gobierno más cercano a la gente, los gobiernos locales jugaron un papel decisivo al vincular las necesidades únicas de cada población con el gobierno federal, lo que generó un sentimiento de unidad nacional que promovió la participación ciudadana.

Al contrario, en México la participación ciudadana no ha ocurrido gracias a mecanismos creados por el gobierno, la participación se ha dado por iniciativas de los mismos ciudadanos desde el primer día de la catástrofe. Como caso ejemplar tenemos la plataforma Verificado19s, plataforma compuesta por ciudadanos, asociaciones civiles y ONGs, la cual los primeros días después del sismo de la ciudad de México, ya había generado una base de datos mapeada de los edificios dañados. El actuar del gobierno fue superado por la ciudadanía organizada. En cuanto la planificación de la reconstrucción, a más de un mes del primer sismo que afectó al sur del país, el gobierno federal no ha publicado ningún plan, ni ha especificado que secretaría estará a cargo de la reconstrucción, o que papel jugarán los gobiernos locales. Cabe destacar que en materia de planeación, la ciudad de México tiene un largo camino que recorrer; hasta apenas hace unos días, debido a las presiones sociales, se hizo público el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, el cual varios especialistas califican de incompleto, mientras que el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, herramienta medular de la urbanización de la ciudad, no se actualiza desde hace 14 años.

De no establecer a una sola secretaría a cargo o definir correctamente las labores de cada una, se corre el riesgo de que entre las mismas secretarías se dupliquen labores o se entorpezcan los trabajos. También, toda propuesta enfocada a actualizar el Programa General de Desarrollo Urbano o el Atlas de Riesgos debe incluir participación ciudadana y la opinión de especialistas provenientes de asociaciones civiles u organizaciones no gubernamentales, quienes han demostrado hasta el momento mayor capacidad de respuesta que el gobierno.

Recolección de datos y subsidio a la demanda

Uno de los trabajos más problemáticos en la reconstrucción después de una catástrofe es identificar correctamente qué población debe ser beneficiada y de qué manera. Una de las consecuencias negativas de apresurar el proceso de asignación de recursos es la aparición de falsos damnificados; tan solo en la Ciudad de México la contraloría ha encontrado más de mil casos cobrando cheques de ayuda. Si bien se entiende que después de una catástrofe la asignación de recursos es prioridad, el no contar con una base de datos adecuada causará que se malgasten los recursos.

Para el caso chileno, el MINVU otorgó un plazo de seis meses a los alcaldes para crear un registro de damnificados en el que se vincularon los nombres de los damnificados con el tipo de daños en su vivienda, en dicho registro se especificaba si la vivienda necesitaba ser reparada, qué tipo de reparaciones o si necesitaba ser re construida.

Tal vez la decisión más importante tomada por el gobierno chileno fue la decisión de subsidiar la demanda en vez de la oferta. Después de catástrofes naturales de estas magnitudes, es muy común que los gobiernos contraten inmobiliarias que construyan casas en terrenos otorgados por el gobierno para después entregar esas casas a los damnificados a precios bajos, rentas congeladas o a crédito. La decisión de otorgar el dinero a los damnificados para la reconstrucción de sus casas no agrado a la industria de la construcción ni a muchos políticos por ser un proceso lento y engorroso; la mayoría de la gente optó por reconstruir su casa, por lo que el programa de reconstrucción se encontraba disperso en miles de pueblos, en los sitios de cada propietario. También se instalaron viviendas de emergencia en los mismos terrenos dispersos donde se encontraban los escombros, lo que complicaba bastante el trabajo de recolección de datos o de brindar ayuda. Sin embargo, años después del gran sismo, podemos decir que ésa fue la decisión más importante del gobierno; mantuvo a la gente en sus comunidades, cerca de su trabajo, los mismos ciudadanos se involucraron y vigilaron el proceso de reconstrucción, no se sintieron desplazados.

Después del sismo del 85, el gobierno mexicano optó por subsidiar la oferta, al contratar inmobiliarias y después vender las casas a un precio bajo a los damnificados. A 32 años de ese sismo, se siguen construyendo y entregando departamentos a los damnificados, departamentos con valor de millón y medio de pesos por el cual pagarán un tercio de su valor, 500 mil pesos. Las reglas de operación de cómo se destinará el dinero del FONDEN aún no son publicadas, pero subsidiar la oferta es negocio para el sector inmobiliario que en poco beneficia a los damnificados.

El plan de reconstrucción chileno se programó a cuatro años; sin embargo, los avances se pudieron medir desde el primer año. Un año después del terremoto, 35% de las viviendas se encontraban ya en procesos de construcción y 5% terminadas. A dos años del temblor, 84% de las viviendas se encontraban en construcción, de las cuales el 54% estaban terminadas y habitables. Si bien un mes es poco tiempo para juzgar la actuación del gobierno mexicano, poco ha hecho el gobierno federal de lo que pueda presumir. Recordemos que el proceso de reconstrucción será largo y no hay que apartar la vista ciudadana del cumplimiento de las obligaciones del gobierno, la verdadera evaluación la podremos realizar dentro de uno y dos años, al ver el avance en la entrega de subsidios y el avance en la reconstrucción de vivienda e infraestructura básica.

Gerardo Velarde Alvarado es analista político. Estudió Administración Pública y Ciencias Políticas en la BUAP. Maestro en Planeación y Políticas Públicas por la UAM.

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julio 4, 2017

El trabajo detrás de las cosas: los albañiles

I

“Uno hubiera querido ser alguien en la vida, pero no nos alcanzó el tiempo” me dice Ángel Miguel Servia el primer día que lo conozco.

Así abrimos la conversación cuando le pregunto cuánto tiempo lleva trabajando de albañil. A sus 47 años, el Oso, como lo apodan, tiene 35 años de experiencia en la construcción. La conversación sucede en la cocina de la casa habitación que construyen, una vivienda unifamiliar privada al sur de la Ciudad de México que, gracias a su trabajo, ya va tomando una forma elegante a pesar de estar en obra negra y aún tener pilas de cemento, cajas con losetas y maderas de cimbra regadas por doquier. Entre carpinteros, plomeros y electricistas que se mueven con prisa, el Oso me cuenta que aunque él es el encargado de una cuadrilla de trabajadores a los que les exige una calidad prístina de acabados, su salario no sube de los 2,500 pesos a la semana.

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Una mujer camina sola por la calle. Porta un vestido sobrio que define con altivez las curvas pronunciadas de su cuerpo. Es una mujer hermosa y joven que va sola sobre una avenida llena de gente, llena de hombres. El cauce de su andar arrastra miradas masculinas intensas y contundentes. Es fácil saber —podemos verlo en sus rostros— que sus expresiones son las de alguien que disfruta de un espectáculo creado para su propio placer y disfrute.

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junio 14, 2016

Seguridad jurídica para la vivienda digna

La Constitución Política en su artículo 4 establece que todas las personas tienen derecho a un medio ambiente sano y a disfrutar de vivienda digna y decorosa para su desarrollo y bienestar. Además, la Ley de Vivienda vigente en México abunda sobre este derecho, definiendo a la vivienda digna y decorosa como aquella que:

• cuente con espacios habitables y auxiliares,

• cuente con los servicios básicos,

• contemple criterios para la prevención de desastres y la protección civil,

• brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y

• cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de: asentamientos humanos, construcción y salubridad.

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febrero 16, 2016

La ciudad que vivimos: Buenos Aires y Ciudad de México

¿Qué es el espacio público? ¿Lo contrario de lo privado? ¿El espacio del que todos, sin garantía de propiedad, podemos beneficiarnos? La pregunta original era otra. ¿Cuál es la diferencia entre caminar en la Ciudad de México y caminar en Buenos Aires? ¿Puede compararse la experiencia del espacio público entre dos ciudades? Dos capitales latinoamericanas, desmesuradas, complejas, de configuraciones distintas, separadas por la historia y la distancia, que han intentado fijar su propia valoración del espacio público. Una es demasiado nueva; la otra conserva, como un palimpsesto, las huellas de su pasado precolombino… Ambas son centros financieros, comerciales, culturales, rodeadas de zonas metropolitanas compuestas de localidades dormitorio. ¿Cómo viven los defeños, cómo viven los porteños? ¿Cómo vivimos, todos, las ciudades?

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