Nuestro país y nuestra ciudad se encuentran en una coyuntura especial, en donde serán renovadas tanto la representación del poder ejecutivo federal como de la ciudad y autoridades locales. Los retos son enormes, pero las oportunidades para lograr un desarrollo más equitativo son excepcionales. En lo que se refiere a la Ciudad de México, el momento es irrepetible, pues con el gobierno entrante se implementará la nueva constitución y con ella se abre un espacio para replantear el modelo de desarrollo urbano imperante, hacía un nuevo orden con visión sistémica y sostenible. Resulta urgente re balancear las políticas de desarrollo urbano y dejar de favorecer un modelo inmobiliario para impulsar uno con prevalencia ambiental y social.

El primer aspecto que resulta urgente es dotar de certeza hídrica a la ciudad para las próximas décadas. Hoy la ciudad se encuentra en una seria crisis para asegurar el suministro de agua a toda su población, derivado de ser una de las regiones hídricas más deficitarias del país, producto de no generar ciclos cerrados, y de una administración fallida del vital recurso, que nos lleva a perder más del 40% del suministro en fugas.

Ante este difícil panorama en materia del uso del agua, se abre la posibilidad de instrumentar medidas en el corto y mediano plazo, que mitiguen la crisis y reorienten la política hacia un acceso inclusivo del agua. A corto plazo, se propone implementar medidas de control para reducir la media de consumo de 350 a 150 lts/hab/día. A mediano plazo, se debe incrementar la inversión en el mantenimiento de la red de distribución con altas tecnologías para reducir fugas, a la vez que se dota de impulsos a proyectos de “cero descarga” en nuevos  desarrollos. De manera inmediata, es necesario crear un programa de inversión en plantas de tratamiento y otros más de rescate de ríos y afluentes. Finalmente, deberá generarse transparencia absoluta en las concesiones de los prestadores del servicio de agua potable.

El siguiente aspecto se vincula al blindaje de los suelos de conservación y áreas con valor ambiental,  las cuales están en riesgo por las presiones del desarrollo urbano informal e inmobiliario. Sobra decir la importancia de esta superficie, pues con ella cubrimos parte de los ciclos de re-infiltración, así como de  oxigenación del aire. Para su conservación, habrá que generar acciones eficientes en el manejo de residuos contaminantes a través de variantes mínimamente intrusivas al medio ambiente, tales como la termo valorización de residuos o el manejo de plantas de tratamiento de aguas para su re-uso. Finalmente, será necesario instrumentar controles adecuados para evitar la construcción, tanto formal como informal, en dichas áreas. En este sentido, hay que dar marcha atrás con los antecedentes del gobierno de Miguel Ángel Mancera, tales como la creación de Sistemas de Actuación por Cooperación en Áreas de Valor Ambiental o bien la falta de actualización y homologación entre el PGDU y el Programa de Ordenamiento Ecológico de la CDMX. Es urgente reorientar los principales intereses de la ciudad y variar de una política de favorecimiento al desarrollo inmobiliario a una de protección ambiental, como premisa fundamental del desarrollo sistémico sostenible.

El siguiente punto tiene que ver con la política para la redensificación de la ciudad. Derivado de la “Nueva Agenda Urbana” y de las políticas de desaliento al crecimiento expansivo, se iniciaron acciones para impulsar una ciudad densa y poli céntrica con el objeto de aprovechar la infraestructura de la ciudad y para tratar de asegurar una mejor calidad de vida a la población.

En ello existe el riesgo de repetir errores por fallas de planeación o bien por excesos en la ambición de desarrolladores con impactos en un desbalanceo en el derecho a la plusvalía, por lo que se tiene que poner atención en la revisión del PGDU y Planes Delegacionales de las zonas susceptibles de desarrollo, bajo una visión de equidad e inclusión. Será necesario establecer zonas con gradientes de desarrollo viables, bajo la consideración en los parámetros de carga de servicio existentes, infraestructura y  riesgos, que regulen correctamente las nuevas construcciones. Deben distinguirse las zonas susceptibles de redensificación de aquellas ya saturadas, con una visión que asegure la calidad de vida de sus habitantes y con un espíritu de conservación de la identidad de barrios y pueblos. Se deberán revisar herramientas que favorecen el desarrollo inmobiliario discrecional y opaco, como son la transferencia de potencialidades o bien los Polígonos y Sistemas de Actuación.

Uno de los más importantes problemas de la ciudad es la falta de integración con las entidades políticas que la rodean. Ello se traduce en desequilibrios en movilidad, acceso a servicios y trabajo, trato económico y normativo diferenciado, etc. Como quinto punto del nuevo orden urbano, se propone incluir una visión metropolitana en las acciones del nuevo gobierno. Lo anterior puede suceder si se impulsa una agenda metropolitana real con los estados y municipios circundantes. Asimismo, resulta urgente el desarrollo de programas que conjunten esfuerzos para la tramitación de un presupuesto metropolitano adecuado y operativo. De no darse esta coordinación seguirá imperando un crecimiento caótico en una región, que ve dificultado su desarrollo por divisiones de orden político.

Un aspecto que toca la calidad de vida de los ciudadanos es la gran cantidad de tiempo y recursos que dedican para su transportación; es deber del estado asegurar las mejores condiciones de movilidad para la mayoría, favoreciendo el cuidado del medio ambiente y la reducción de contaminantes. Como sexto tema, se encuentra el concepto de derecho a la movilidad de su población. Para favorecerlo, deben realizarse acciones que incluyan privilegiar el transporte público de calidad por encima del privado, lo que puede suceder si se transforma la balanza en inversiones para cada uno. A mediano plazo, es necesario crear incentivos para favorecer esquemas de “mínimo movimiento” con programas de trabajo en casa, servicios cercanos en zonas habitacionales, y por último, se debe incentivar el uso de modos de transporte no motorizado junto con otros modelos innovadores de movilidad en las zonas serranas.

La ciudad se ha desarrollado bajo premisas centradas en “el crecimiento económico” –especialmente a las dictadas por los intereses inmobiliarios–. Con ello, se desatienden otros aspectos como: los valores sociales y culturales, la riqueza histórica, las tradiciones típicas o bien, el patrimonio común. Hoy vemos muestras de la pérdida de patrimonio en aras del desarrollo urbano, que exige detenerse a revisar el balance de esa relación. Casos como la línea 7 del metrobús o el desarrollo BeGrand Universidad, dan cuenta de ello. Por lo tanto, como sexto punto, se propone fortalecer la protección del patrimonio de la ciudad, a través de revisar los planes de desarrollo urbano bajo premisas para su cuidado. Esto implica: crear instrumentos que alienten la conservación, generar bases de información certera de inmuebles y zonas susceptibles de protección (incluyendo patrimonio contemporáneo) y coordinación con órganos federales (INAH e INBA) con la reevaluación de criterios que equilibren el desarrollo urbano con la conservación del patrimonio.

La ciudad es vulnerable a efectos de la naturaleza y por acciones provocadas. Sismos, inundaciones, hundimientos, etc. trastocan la vida de millones. Es obligación del Estado asegurar a su población ante los posibles efectos de estos fenómenos y minimizar los posibles impactos durante contingencias. Resulta imperante dar certidumbre ante los riesgos a los que está expuesta. Por ello, se propone considerar las siguientes acciones: mantener actualizado y completo el “Atlas de Riesgo” de la CDMX y vincularlo con los programas de desarrollo urbano; dotar de programas de seguimiento y prevención en zonas de alto riesgo; regular los programas de protección civil en concordancia con los de seguridad estructural, y perfeccionar los protocolos de actuación y gestionar fondos adecuados ante contingencias.

Vinculado al tema anterior, se hace necesario refundar el Programa de Reconstrucción. La ciudad vivió una crisis que afectó a una gran parte de su población y miles de personas afectadas fue el saldo que aún no ha sido atendido en su totalidad. Las acciones que se iniciaron no han sido efectivas y demandan una revisión acuciosa. Entre las más urgentes, se propone: revisar la “Ley para la Reconstrucción” y sus efectos; rehacer el Programa de Reconstrucción y reconfigurar su Comité con participación de expertos y sociedad civil; gestionar los apoyos y recursos necesarios ante la federación y estudiar y corregir las normas de emergencia bajo principios de ingeniería forense certeros. 

El noveno aspecto tiene que ver con el espacio público y la creación de una ciudad segura. La ciudad está sufriendo un crecimiento de la delincuencia, hasta afectar la cotidianidad de sus ciudadanos. Adicionalmente a las políticas de atención y persecución, el gobierno de la ciudad debe responder con acciones de prevención que rescaten la posibilidad de disfrutar de la ciudad sin miedo y con confianza. Dotar de espacios seguros y de convivencia es una estrategia que debe ser atendida a la par del resto. Para ello, se propone crear programas y acciones que atiendan: el crecimiento de áreas de esparcimiento hasta alcanzar estándares internacionales en congruencia con la redensificación; impulsar fórmulas de participación pública y privada para la creación de más espacios públicos seguros e invertir en soluciones urbanas de rescate a la comunidad por encima de acciones de corto plazo.

Las actuales políticas de vivienda y comercialización del suelo urbano, provocan que el costo de este limitado insumo sea casi inalcanzable. Con ello, se gestan fenómenos como la expulsión de población de bajos recursos a la periferia y su exclusión de las zonas céntricas de la ciudad, es decir, gentrificación. A ello hay que sumar la carencia de instrumentos de fomento a la vivienda social y popular en nuestra ciudad y que hoy mantienen segregada a gran parte de su población. Por ello se propone que el derecho a la vivienda sea realmente abordado a través de las siguientes acciones: diseñar instrumentos de fomento a la construcción de vivienda de interés popular y social; generar marcos e incentivos a la inversión que motiven a los desarrolladores a generar este tipo de vivienda en equilibrio con las de carácter residencial y estudiar y favorecer otros tipos de vivienda más acordes a los nuevos modelos familiares y a las nuevas generaciones (cohabitación, microviviendas, vivienda en renta, microdensificaciones, etc.).

Los últimos dos temas, tienen que ver con aspectos sociales vinculados a los procesos de participación ciudadana y de combate a la corrupción. En el primer caso y a pesar de que existen procedimientos de consulta a la ciudadanía, muchas de estas variables son de bajo impacto o bien, son controlados desde la autoridad para no ver modificadas sus políticas públicas. Variantes como la consulta pública en los programas de desarrollo urbano o la recién implementada “publicitación vecinal”, son instrumentos que no siempre alcanzan una verdadera representatividad y la población los percibe ajenos a sus intereses. Por ello resulta necesario involucrar a vecinos en la generación de políticas públicas que afecten su entorno cercano y con definiciones vinculantes.

Finalmente, los aspectos de combate a la corrupción, transparencia y mejoras regulatorias, son tema que interesa a todos y tocan, desde el modesto comerciante que busca un permiso de operación, hasta las grandes  desarrolladoras que navegan en un mar de irregularidades. La falta de homogeneidad en la regulación, junto con la falta de ética, provoca un binomio negativo que conduce a espacios para la corrupción; la población está atrapada entre dos niveles: aquella que atiende la cotidianidad del ciudadano (inspectores, licencias, etc.) y por otra, los niveles de corrupción en las altas esferas para la generación de prebendas o permisos discrecionales. Se hace necesario buscar fórmulas de control de estas prácticas. Es necesario establecer procesos regulatorios con la aplicación de sanciones ante su incumplimiento. Debe castigarse tanto a quien solicita como a quien otorga y aplicar la ley sin impunidad. Resulta esencial recuperar el estado de derecho y asegurar el futuro de nuestra ciudad, anteponiendo el interés común sobre el individual.

Si bien es cierto que existen muchos otros temas que deben contemplarse, es justo decir que los temas expuestos son aquellos que aseguraran un desarrollo inclusivo y sostenible para la mayoría de la población de la CDMX y sus futuras generaciones. Ahora más que nunca, existe una coyuntura para recomponer el camino y hacer de nuestra ciudad un mejor lugar para todos. Nuestra metrópoli y su población no soportarán un crecimiento desbalanceado como el que ha prevalecido. Los recursos ya son insuficientes y debe actuarse con inteligencia y eficiencia para lograr un verdadero balance en su distribución. Ello debe suceder con una filosofía de actuación basada en la inclusión y en la sostenibilidad.

Como se señalaba al principio de estas reflexiones, un desarrollo verdaderamente sostenible, radica en el balance entre sus cuatro principios: los aspectos económicos, ambientales, sociales y culturales, deben ser considerados por igual. Resulta urgente recomponer las prioridades del desarrollo urbano con una visión más social y humanista. Sin duda, la palabra está ahora en manos de los candidatos. Ojalá impere el sentido de bien común y que la agenda para un nuevo orden urbano que se les presenta, sea considerada para un futuro gobierno, para lo que contarán con la participación comprometida de los arquitectos y urbanistas de esta gran ciudad.

La ciudad está puesta.

 

Honorato Carrasco Mahr es arquitecto, catedrático de la UNAM y actualmente es Vicepresidente de Acción Urbana del CAM-SAM.