El pasado 29 de agosto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó la Recomendación General No. 32/2018 Sobre las violaciones a los derechos humanos a la salud, un nivel de vida adecuado, medio ambiente sano e información pública ocasionadas por la contaminación atmosférica urbana, recomendación cuya pertinencia viene mucho al caso  en un contexto de transición en el cual el equipo entrante ha de dar cumplimiento en un plazo de seis meses o un año, bajo un régimen presupuestal de austeridad y en un territorio en el que cada vez son más las personas afectadas en su salud y calidad de vida por la mala calidad del aire. 

Esta Recomendación responde a inquietudes puntuales de las organizaciones de la sociedad civil las cuales hace cinco años, a través de una queja, manifestaron su preocupación por la desactualización de las normas oficiales mexicanas de salud y calidad del aire, normas que contienen los límites máximos permisibles de contaminantes que pueden ser emitidos con bajo riesgo para la salud de las personas. Uno de los principales señalamientos en la discusión pública ha sido también que los límites que contienen las normas mexicanas no están alineados a los de la Organización Mundial de la Salud (OMS), límites que son más restrictivos y con ello protegen mejor la salud y la vida de las personas.

Así pues, en el caso mexicano, las normas oficiales −instrumentos encargados de facilitar la aplicación de la política de salud y medio ambiente en torno a la calidad del aire− son normas que por años no han sido actualizadas y que en el mejor de los casos se actualizan sin seguir las pautas internacionales recomendadas poniendo con ello en duda el cumplimiento de importantes derechos humanos como lo son la salud, la vida y el medio ambiente sano.  Ante esto, la CNDH propone llevar a cabo dicha actualización con la respectiva homologación a los estándares de la OMS.

Ilustración: Víctor Solís

Otro aspecto de suma relevancia que pone sobre la mesa la CNDH es el señalamiento sobre la responsabilidad compartida que tienen las distintas autoridades, tanto federales como estatales y municipales en temas de calidad del aire. Dicha responsabilidad, además, es distribuida intersectorialmente de forma que el mejoramiento de la calidad del aire no sólo corresponde al sector salud o medio ambiente como típicamente se ha abordado en la política nacional, sino que toca especialmente al sector energético en tanto que el transporte y la quema de energía fósiles generan emisiones contaminantes a la atmósfera. 

Cabe señalar, que esto representa todo un reto ante los proyectos anunciados de la próxima administración en el que se ha apostado por una seguridad energética basada en fuentes fósiles (dos refinerías). Reto que se hace aun mayor cuando la misma CNDH ha identificado que la política energética carece de un enfoque de derechos humanos, ya que se privilegian aspectos económicos y competitivos sobre los impactos que las políticas puedan generar en lo social y en lo ambiental. Específicamente en el disfrute de los derechos humanos relacionados con la calidad del aire.

Desde lo técnico, la CNDH hace visible la falta de información necesaria para generar políticas de salud y medio ambiente que respondan de manera efectiva al problema de contaminación atmosférica. En específico, se alude a la falta de datos disponibles en ciudades que cuentan con estaciones de monitoreo tales como Ciudad Juárez, Chihuahua, Culiacán, Gómez Palacio, Saltillo, Guadalajara, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Colima, Puebla, Acapulco, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa y Campeche y a la falta de monitoreo de calidad del aire en ciudades que actualmente no cuentan con ello. Cabe recordar que en nuestro país sólo 34 ciudades cuentan con un Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire y  tampoco así se garantiza el derecho de acceso a la  información de los ciudadanos pues éstos tienen varios problemas de funcionamiento ya que sólo 20 de los SMCA existentes pudieron ser evaluados en 2016 y de las estaciones de monitoreo que los conforman solo “el 20% de las que midieron ozono, el 38% de las que midieron PM10 y el 60% de las que midieron PM2.5 no fueron capaces de generar información que cumplieran con los criterios de suficiencia de datos que se establece en las normas oficiales mexicanas correspondientes.” (INECC, 2017, p. 157).

Además de ello, resultados de la medición de la calidad del aire (cuando se obtienen datos) demuestran que en muchas de ellas se exceden los límites máximos permisibles de las nomas —normas que ya se mencionó no están alineadas a los parámetros de la OMS pues son más permisivas.

 Ante este panorama, la CNDH emitió recomendaciones para subsanar estas debilidades en el monitoreo; si bien esto constituye un acierto habría que pensar en incluir aquellas zonas que sin ser centros urbanos tienen poblaciones expuestas a contaminantes por actividades propias de dichas zonas: minería, refinerías, rellenos sanitarios, entre otros.

En resumen, la Recomendación 32 es un importante paso para el cumplimiento de derechos fundamentales para los mexicanos, pues contiene una hoja de ruta detallada para avanzar hacia una gestión ambiental y de salud pública cuyo objetivo principal sea el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas a través de la protección del medio ambiente.

Hay que señalar que no es un instrumento jurídicamente vinculante, no obstante, ello contiene un mandato ético a través del cual el Estado mexicano ha de responsabilizarse ante los miles de muertos que cada año genera la mala calidad del aire. En ese sentido, la OMS señaló que durante 2012 en México hubo 16,798 muertes relacionadas con la contaminación del aire.  Tan sólo en la ciudad de México se estima que la contaminación local causa 4,000 muertes prematuras y 2.5 millones de días perdidos de trabajo al año (INE, 2005).

Una vez aceptada la Recomendación por las distintas autoridades responsables, éstas deberán de rendir informes periódicos sobre el avance del cumplimiento, aspecto que sin duda será monitoreado por todas aquellas personas interesadas en el mejoramiento de la salud pública. En el caso opuesto, es decir, que las distintas autoridades responsables no acepten el contenido de la Recomendación, es tarea de la sociedad hacer uso de este importante precedente para mejorar la calidad del aire, a través de las distintas vías: ya se a través de acciones de política pública presentadas al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo que retomen el contenido puntual de la Recomendación o bien a través de juicios de amparo en donde el Poder Judicial ha de determinar la violación de los derechos humanos relacionados con la mala calidad del aire.

 

Anaid Velasco
Labora actualmente en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental CEMDA A.C.

Referencias:

• INE (2005). Movilidad en la Ciudad: Transporte y Calidad de Vida. México: Instituto Nacional de Ecología. Recuperado el 10 de septiembre de 2011.
• INECC. (2017). Informe nacional de calidad del aire 2016. México. Ciudad de México: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.