There is no such thing as society.
—Margaret Thatcher

En su libro Dolerse, en el que Cristina Rivera Garza invita a pensar la violencia en el México del siglo XXI a partir de la escucha, el duelo y el cuidado, la autora tamaulipeca dedica un ensayo entero a reflexionar en torno la relación histórica del Estado y los cuerpos de su ciudadanía. Este texto lleva por título “El Estado sin entrañas”, y cuenta la historia de una joven paciente que, entre 1939 y 1941, guardó una relación epistolar con las autoridades del Territorio Norte de Baja California, estando ella internada en la Ciudad de México. La preocupación de la Señorita Firmante, como la llama Rivera Garza, era simple: a sabiendas de que su condición parecía fatal, y a falta de una familia que pudiera hacerse cargo de ella, pedía al Estado una sepultura digna.

Ilustración: Víctor Solís

Lo que sorprende a Rivera Garza es que el material de archivo muestra, ya sea por los acuses de recibo, la persistencia y confianza con la que la señorita escribe sus cartas, o por la urgencia misma con la que el Oficial Mayor llama la atención al caso, que el Estado posrevolucionario procuraba una relación estrecha con los cuerpos de su ciudadanía. Saber el destino de sus entrañas era, pues, un problema de Estado; uno que obligó a éste a producir todo un entramado institucional que velara por mantener esa relación en los mejores términos. Y no es que Rivera Garza ignore la manera en que estas políticas llevaron a una relación problemática entre gobierno y gobernados —sírvase pensar en el rompimiento que de ésta supone el movimiento del 68—, es simplemente que la autora, frente a las imágenes de cuerpos sin nombre a las cuales nos hemos acostumbrado después de la alternancia panista y la posterior vuelta al PRI, siente que el neoliberalismo de los últimos treinta años ha descarnado esa relación. Al Capital y al Estado, los cuerpos ya no les parecen necesarios.

Continua:

Cuando el Estado Neoliberal dejó de lado su responsabilidad con respecto a los cuerpos de los ciudadanos, cuando dejó de “tomar de su parte” el cuidado de su salud y el bienestar de sus comunidades, se fue deshaciendo poco a poco, pero de manera ineluctable, de la relación que se había establecido con y desde la ciudadanía a partir de los inicios del siglo XX.

El 19 de septiembre de 2017, a las pocas horas de que ocurriera el sismo que causaría la muerte de 369 personas, además de miles de víctimas damnificadas y desplazadas de las que aún no tenemos los números exactos, reinaba una palpable sensación de incertidumbre. La información era escasa, la Ciudad de México era un caos y cientos de miles de personas se apresuraban a llegar a casa para estar con los suyos, mientras otros tantos acudían a los sitios de derrumbe, ávidos para sumar sus manos a las tareas de ayuda y rescate. Ante la ausencia de una estrategia rectora por parte de las autoridades, que aún tardarían algunos días en tomar las riendas de la situación (algunos dicen que ni siquiera eso lograron), las redes sociales intentaban dar orden a lo que parecía un ímpetu desbordado. Era una emergencia, pues, de entrañas.

Como cualquier otra persona con un celular a la mano, Mónica Meltis comenzó a contactar a sus conocidas para saber en qué podía ayudar. Después de su experiencia como parte del grupo organizador de la marcha feminista del 24 de abril de 2016, Mónica contaba con una red de apoyo con suficiente presencia a lo largo del primer cuadro de la capital. Además, su trabajo con bases de datos y de acompañamiento a familias de las víctimas de desaparición forzada la colocaban en una posición privilegiada para los largos días que tendría enfrente, pues sabía dónde encontrar la información oficial y cómo interpretar los silencios de aquella que faltaba. Al día siguiente, ella y un grupo de programadoras coordinaban desde la colonia Roma el gran esfuerzo de aquellos que estaban en campo, y daban orden y certeza a la información que circulaba en redes sociales. Con esto surgía Verificado 19s; un esfuerzo ciudadano por no redoblar tareas; para ser eficientes con los movimientos de herramientas, comida y víveres; para velar por las vidas de aquellos cuerpos que seguían bajo los escombros, de aquellos que estarían internados en instituciones de salud y de aquellos otros que estaban en la primera línea del rescate. “Estábamos haciendo lo mismo que todos,” me dice Mónica, “tratar de saber en qué se podía ayudar.”

Dentro de los grupos que se unieron para conformar Verificado 19s se encontraba Bicitekas, asociación que ha promovido el uso de este medio de transporte en la ciudad. “Las bicis eran la red”, me dice Mónica. “Lo que nosotros teníamos era gente en campo, que confirmaban enseguida si lo que nosotros recibíamos de información era real o no. Además, podíamos mover cosas muy rápido por toda la ciudad.” Al poco tiempo, y como una reiteración ominosa de lo que había sucedido 32 años antes, era claro que las autoridades estaban lejos de tener la situación bajo control. Al contrario, el llamado a la normalidad levantaba más sospechas. “Nos llamaban para saber qué hacer,” me dice Mónica, que a sus 27 años ya coordinaba, junto con Julio Mena, Sandra Patargo y Sandra Barrón —y con la ayuda solidaria de miles más por toda la ciudad— la presencia de maquinaria, equipos de rescate y víveres en los más de 30 sitios de derrumbes. “La base de datos del Fonden [Fideicomiso del Fondo Nacional de Desastres] la habían bajado a los tres días, y no existía ninguna coordinación entre las distintas secretarías de la ciudad.”

Ante la ausencia institucional, Mónica no dormiría hasta el sábado siguiente. “Nos daba miedo frenar para explicarle a alguien más cómo funcionaba todo,” me cuenta. Sabían que había vidas que dependían de su trabajo y que no podían claudicar. Pero al final, viendo que cada vez se iban apagando más las posibilidades de encontrar alguna vida entre los escombros, también supieron, ella y sus amigas, que su trabajo había terminado. Ellas también necesitaban descansar.

Pero contrario a lo que la normalidad exigía, para muchas víctimas los estragos del sismo apenas estaban comenzando. Silvia Reza ha estado presente en el Multifamiliar Tlalpan desde el día del sismo. La cercanía de su propio hogar con la zona de derrumbe la llevó directamente al sitio, y desde entonces no se ha movido de ahí. Arquitecta y politóloga, Silvia encabeza el Consultorio de Arquitectura Práctica, o CAP. Esta AC, que desde antes del sismo buscaba desarrollar proyectos comunitarios a partir del diseño participativo, ha dedicado el último año a los esfuerzos de reconstrucción en Ecatzingo, Estado de México; en Jantetelco, Morelos; y en la sierra Mixe de Oaxaca, al tiempo que ha desarrollado, junto con TECHO, las viviendas de emergencia en donde viven los damnificados del Multi, como le llaman al Multifamiliar Tlalpan, a un costado del lugar.

Durante nuestra entrevista, Silvia me cuenta de las condiciones de vida de la gente a la que atiende y de los efectos que sobre éstos ha tenido la política de reconstrucción del gobierno de Mancera, que a pocos días del sismo anunciaba las estrategias de reconstrucción. A las víctimas, créditos o redensificación. Sin recursos públicos. La pregunta por los presupuestos de rescate y el destino de las donaciones se encontraron sin respuesta. “La gran mayoría de los propietarios no pueden asumir un crédito”, me dice Silvia. “Además la redensificación [permitir la construcción de dos pisos más para el financiamiento de la obra] tampoco tiene sentido. Éstas son zonas donde escasean los servicios básicos. La gente no quiere quedarse sin agua.”

Omar Nieto, escritor cuyo edificio, ubicado en la colonia del Valle Norte, presenta grietas importantes en las losas de entrepiso, me cuenta que las autoridades no sólo han estado ausentes de los sitios en conflicto sino que muchas veces se niegan a recibirlos. Junto con otros damnificados de la delegación Benito Juárez, Omar ha buscado saber el estatus de su edificio, pero la Plataforma CDMX, sitio oficial que el Gobierno de la Ciudad de México lanzó como respuesta al sismo, tiene información incompleta. “Vino alguien del gobierno y así sin entrar, nomás viéndolo de fuera, nos dijo que el edificio estaba con código verde. Pero luego nosotros hicimos estudios y sabemos que no es así. Y se puede salvar, pero necesitamos 18 millones de pesos. ¿De dónde los sacamos?”.

El edificio de Omar se construyó a finales de los años 50. Cualquiera pensaría que si no se cayó en el 85, eso significaría que es un edificio que resiste sismos fuertes. Pero lo cierto es que el suelo de la Ciudad de México ha cambiado significativamente desde entonces. La sobreexplotación del manto acuífero y el aumento en la intensidad de uso, aunado a edificaciones más pesadas a los alrededores, han modificado las condiciones de estabilidad de las construcciones antiguas, muchas de ellas ya con cierto daño después de haber vivido dos sismos. Al lado de su casa, muy cerca de uno de los derrumbes, las inmobiliarias siguen construyendo. “Están construyendo sobre los antiguos afluentes del Río de la Piedad,” me dice Omar, con total conocimiento de causa. “Y la bronca es que como son ríos subterráneos, con las construcciones se secan. Una vez secos, se hacen grietas, y con cualquier movimiento colapsan.”

Cuando le pregunto sobre la redensificación, me cuenta que para cumplir con las nuevas normas de uso de suelo, que contemplan áreas libres mayores a las que las que aplicaban cuando estos edificios fueron construidos, las inmobiliarias entregan departamentos considerablemente más pequeños a los que se tenían antes del sismo. Esto se debe a que las normas aplican a veces, en especial para reducir los costos a estas empresas. Pero lo que el cumplimiento de la norma significa, me explica Omar, “es que de 120 m2 pueden pasar a ser 80. Pero yo compré 47. Si me lo reducen, ¿con qué me quedo? ¿Con un lugar en el que apenas me pueda parar?” Además, Omar aún no termina de pagar la hipoteca que sacó con el banco para ser propietario de un bien inmueble. “Ahora quieren que además de la hipoteca asuma otro crédito.”

En Tlalpan las cosas no son muy distintas. Silvia me cuenta que el gobierno ha intentado desvirtuar el movimiento de los Damnificados Unidos, formado desde el Multi, pero con presencia en muchas de las zonas afectadas, con estrategias de división. “Llegan con los vecinos de uno de los edificios y les dicen que a ellos les van a reconstruir antes que a los otros, que no se preocupen, y entonces los vecinos se ilusionan. Pero luego se dan cuenta de que no es cierto porque se enteran que a los del otro edificio les dijeron lo mismo. Además, para recibir apoyos, los damnificados deben comprobar la posesión de la vivienda, y muchas veces, por cuestiones de herencia, no tienen los papeles.” Agrega que los que están en los campamentos son la gente más desprotegida. “Son los que no tuvieron a dónde ir. En general es gente retirada, que vivía con pensiones de cuatro mil pesos mensuales, y muchos usan el apoyo para renta que les da el gobierno, que son otros cuatro mil pesos mensuales, para comer.”

También me cuenta que si el gobierno empieza a dar luces de usar recursos públicos para la reconstrucción, esto se debe a que los Damnificados Unidos han estado presionando desde el principio con cierres de vialidades y reuniones semanales, desde las que presionan por una inversión a fondo perdido. Parece ser que esta vez sí se cumplirán las peticiones, pero aún está por verse. Por si fuera poco, y como resultado de su trabajo en las distintas regiones afectadas por los sismos, Silvia me dice que el Fonden no ha dado seguimiento técnico al dinero que entregó a las víctimas. “Es como si supusieran que el problema de la reconstrucción es uno de simple reemplazo de la vivienda caída por una nueva. Y no: la magnitud del desastre también tiene un componente técnico, y otra vez se están haciendo las cosas sin asesoría. Si vuelve a temblar, ¿cuántas casas del Fonden crees que se vayan a caer?”

Por su parte, Omar Nieto, originario de Puebla, está pensando en irse de la ciudad. Me dice que no puede dormir porque su edificio se sacude con cualquier movimiento. Empieza de a poco y uno tarda en darse cuenta si la causa es el paso de un tráiler por el Viaducto, a un par de cuadras, o un avión. “Tenemos rato sin dormir. Cada vez que suena el Sky Alert [una aplicación que sirve de alerta sísmica] nos da muchísimo miedo. Bajamos en seguida.” Además, por la organización a la que se ha unido desde que se encontró a sí mismo en la posición de víctima, sabe que el gobierno de la ciudad no tiene claros los números de edificios con daños estructurales serios, ni tampoco cómo resolver la crisis de usos de suelos. “La Ciudad de México es un riesgo silente,” me comenta Omar.

Por si fuera poco, las víctimas se sienten abandonadas por una voluntad muy expresa de monumentalizar la tragedia. La perra Frida, el #19s. “Vivimos al ritmo del like,” concluye Omar. “Y para ése ya dejamos de ser importantes.” A otra cosa, mariposa.

A Mariana Mora no le tocó estar en la ciudad porque estaba volviendo de Barcelona. Me dice que se enteró que había temblado durante una escala en Bogotá. Aterrizó en la Ciudad de México durante la madrugada del 20, y me cuenta que quedó impresionada al ver que grandes zonas del mar de luces que se avista desde un avión nocturno estaban apagadas. De camino a su casa, por las calles oscuras de la colonia Narvarte, Mariana dice haber sentido un silencio como nunca había sentido en su vida. “Era el silencio entre el post pánico, y previo al duelo,” me dice.

Al día siguiente, Mariana, que es doctora en antropología e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología (CIESAS), llevó a su hijo de dos años al kínder, que rápidamente se había convertido en un centro de acopio. La cercanía de su hogar con sitios de derrumbe de la colonia del Valle y la Narvarte la llevó a acercarse para prestar ayuda. Gracias a su trabajo, que la ha hecho cercana al movimiento zapatista y a luchar en contra de las violaciones graves a derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad nacional en la zona de la montaña de Guerrero, Mariana rápidamente se dio cuenta que el Estado, mucho más que intentar dar certeza y contención a la ciudadanía, trataba a las familias de las víctimas como a aquellas que han sufrido la desaparición de un familiar. Daban información cruzada, no tenían datos claros y se apresuraban a ocultar las evidencias. “Pero esto no es Guerrero, ni se trata de un caso de desaparición forzada,” me dice. “Esto pasó aquí al lado, después de un sismo, en mi ciudad.” Además, le llamaba la atención la premura por demoler algunos de los edificios colapsados, como el edificio ubicado en la esquina de la calle Bolivar y Chimalpopoca. ¿Cómo iba el gobierno a procesar a los culpables si toda la evidencia para inculparlos había sido revuelta y llevada lejos? ¿Qué quería decir tanta prisa?

Preocupada por no perder de vista estas omisiones, Mariana y María Paula Saffon, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, decidieron apoyar una iniciativa de Ana Paula Félix Mandoki que consistía en revisar y contrastar las distintas informaciones que publicaban las autoridades, así como que cotejara las listas de los hospitales con las que se publicaban en los sitios de derrumbe. Además, por su trabajo previo de derechos humanos supieron que vendría una larga tarea de documentar las afectaciones a las personas que resultaban de las acciones y omisiones gubernamentales. Una de ellas tenía que ver con la falta de atención adecuada de vivienda de emergencia para las personas damnificadas. Me cuenta que a pesar de haber abierto albergues oficiales en distintos puntos de la ciudad, a las pocas semanas el gobierno los iba cerrando a pesar de que las necesidades de vivienda de emergencia de las personas afectadas continuaban. Además, las autoridades no contaban con un listado de los campamentos civiles, aquellos que debieron organizarse en los espacios públicos de las zonas afectadas por los sismos ante la falta de atención adecuada del Estado.

Con esto en mente se sumaron a la iniciativa Pablo Gómez, Mayra Ortiz y Jaime Vera, y como equipo unieron esfuerzos con organizaciones de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil. Convocaron a más de un centenar de jóvenes estudiantes de distintas universidades para levantar información en los diversos puntos en las principales delegaciones afectadas. De esta iniciativa nació Documenta desde Abajo, organización que ha velado, desde un trabajo de presencia y acompañamiento en las comunidades afectadas, por hacer cumplir las obligaciones gubernamentales en materia de derechos humanos para y con las víctimas. La principal preocupación del proyecto han sido evidenciar las afectaciones a los derechos de las personas en las zonas más marginales, entre las que se encuentran la delegación Tláhuac y el pueblo de San Gregorio, en Xochimilco.

Después de haber trabajado con comunidades rurales, le pregunto a Mariana que cómo es trabajar en lo urbano, aunque ya adivino su respuesta. “El gobierno prioriza los edificios, no las personas” me dice. “Algunos testimonios que recabamos apuntan a que en San Gregorio murieron más personas que los datos oficiales señalan. Las personas temen que los funcionarios hayan ocultado información, además de que no les informaron bien a los familiares. Un señor me dijo que como son campesinos, pueblos originarios, sus vidas no le importan al gobierno, dijo que los tratan igual a como si fueran los 43 de Ayotzinapa.”

Aquí no hay ninguna relación epistolar.

Las últimas personas a las que entrevisto son Josefina MacGregor, de Suma Urbana, y a Sergio Beltrán-García, impulsor de Nuestro Memorial 19s. Ambos son cercanos a Ciudadanía 19s, asociación surgida de Verificado y que conjunta a distintos grupos que tienen años trabajando por mejorar la transparencia y rendición de cuentas en materia urbana, como Ruta Cívica o la misma Suma Urbana. Para Josefina, que desde finales de la década de los noventa ha trabajado para evitar cambios ilegales de usos de suelo, esta tragedia tiene que ver con la corrupción gubernamental asociada al negocio inmobiliario en la ciudad. Según lo que me dice, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUVI, ha estado tomada desde hace mucho por las empresas inmobiliarias, que han provocado una gran cantidad de cambios de usos de suelo que responden exclusivamente a la necesidad de reproducción del capital inmobiliario, y que no toman en cuenta las necesidades reales de los barrios ni, por supuesto, una lógica de riesgo.

Josefina, junto con especialistas en geología y diseño estructural, ha presionado al gobierno de la Ciudad de México a publicar un Atlas de Riesgo de la ciudad. Este mecanismo, que es un mapa que muestra una superposición de las condiciones de suelo y las construcciones sobre éste, ayudaría a los contribuyentes a estar informados a la hora de tomar decisiones sobre el uso que le dan a las edificaciones, además de que sería la guía bajo la cual las autoridades podrían trabajar para modificar los usos de suelo y las alturas permitidas en las distintas áreas urbanas. Transparentar, hacer pública la información. “Pero claro, en el momento en que se publique todos nos vamos a dar cuenta que la ciudad se está haciendo mal. ¿Y luego qué?” me dice Josefina.

Por su parte, Sergio Beltrán-García rescató su experiencia primero como asesor de los padres de las víctimas del News Devine, y posteriormente como diseñador del memorial a éstas, para organizar la oposición al memorial a las víctimas mortales que propuso Mancera en Álvaro Obregón 286. Este predio, cuyo propietario tenía desde 1997 una alerta de código rojo que decidió ignorar, fue el que más víctimas mortales provocó, con un total de 49. Además, gracias a su proximidad a zonas de alto tránsito, desde local hasta turístico, aunado al hecho de ser uno de los pocos sitios de derrumbe con un uso exclusivamente comercial, al gobierno de la CDMX le pareció buena idea desembolsar 14 millones de pesos para la construcción del memorial 19s, con la previa erogación de 46 millones de pesos para expropiar el predio. Así dicho tal vez no suene a demasiado, pero lo que esto significa es que se pretendían usar 60 millones de pesos de los contribuyentes para la construcción de un símbolo político, de los cuales poco más de tres cuartas partes fueron regaladas a un dueño negligente, que lejos de estar en la cárcel acusado de homicidio —como debería— estará, sí, sin su edificio, pero con 46 millones de pesos. Por si se quiere hacer otro(s).

El memorial, que muchos leyeron como una más de las estrategias del gobierno para dar por concluidas las acciones del post-sismo, fue, por suerte, cancelado. Pero para Sergio sigue siendo importante pensar en rescatar la memoria. “Pocos se han fijado en el monumento a las víctimas del 85,” me dice. “Y es porque no es un espacio que permita detonar reflexiones en torno a lo que sucedió. Un memorial tiene que actuar como punto de partida. No sirve de nada hacer mausoleos. Un memorial tiene que enunciar: nunca más.”

A Josefina le pregunto por la manera en que lidia con el duelo de la gente. Después de una conversación que ha fluido sin demasiada pausa, es claro que esta pregunta la descoloca. Toma una pausa y me contesta: “mira, yo perdí gente en el 85. Y así te lo digo, ¿cómo va a hacer uno un duelo cuando ves en las noticias que los recursos están siendo asignados a discreción, sin ningún reparo por las víctimas?”

*    *    *

Al final de nuestra entrevista, Mónica Meltis me dice que el sismo la volvió más feminista; que gracias a su trabajo durante la emergencia entendió que para hacer política no sólo estaba el camino de tomar la palabra de forma asertiva en el espacio público, sino que también había otro: el del cuidado, la escucha y el acompañamiento. Mientras, Omar Nieto me dice que él debería estar usando su tiempo para pensar en su próximo libro y no para volverse experto en ingeniería. Además, la situación en la que se encuentra por la ausencia de las autoridades lo ha hecho posponer otro tipo de planes, como el de formar una familia. “¿Cómo me voy a aventar si no tengo casa?” Para Mariana Mora, el sismo marcó uno de los momentos de inflexión de su vida profesional. Los otros dos fueron el levantamiento zapatista de 1994 y la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. “El estado nos ha tratado como niños, como un sujeto político pasivo,” me dice cuando cerramos la entrevista. “Y ese es su gran error. Tenemos que hacer legible este caos.”

Todas las personas a las que entrevisté están de acuerdo en que la tragedia y sus consecuencias no fueron resultado de un fenómeno natural sino todo lo contrario: derivan de un abandono institucional, de una contracción de la esfera de lo público, de un dejar a la ciudadanía a su suerte. En la introducción a Dolerse, Rivera Garza menciona que el horror al que nos hemos tenido que acostumbrar en años recientes

va íntimamente ligado al retroceso del Estado en materia de bienestar y protección social y, consecuentemente, al surgimiento de un feroz grupo de empresarios del capitalismo global a los que se les denomina de manera genérica como el Narco. Se trata, pues, del horror de un Estado que, en pleno retroceso ante los intereses económicos de la globalización, no ha hecho más que repetir una y otra vez aquel famoso gesto de un traidor: lavarse las manos.

Yo comencé este trabajo pensando que escribiría un panorama muy neutral de los movimientos y las organizaciones que surgieron a partir del sismo. Pero a medida que entrevistaba a quienes han estado involucrados, en la medida en que sentí, a partir de escucharlos, el gran trabajo y el enorme desgaste que implica la organización al margen del Estado, me fui dando cuenta que el texto sería otro. Hoy concluyo que lejos de un evento aislado y aparentemente fortuito que afectara sólo a algunos mexicanos —sin duda la narrativa oficial—, el sismo del 19 de septiembre de 2017 se inscribe dentro de una lógica mucho mayor; una de un Estado que ha claudicado a su tarea de velar por el bienestar de sus deudos.

Y eso, la exigencia del cuidado común, hay que decirlo con la entraña.

 

Joaquín Diez-Canedo
es arquitecto por la UNAM e historiador de la arquitectura por University College London.

* Las entrevistas también incluyeron a la santiaguina Natalia Ponce, candidata a Doctora en Urbanismo por la UNAM, quien me platicó de cómo se lleva a cabo el tema de los sismos y las reconstrucciones en su natal Chile y sobre cómo compararlos con nuestros. Su testimonio no se encuentra expresado por motivos editoriales.
** Agradezco a Lillián Martínez Villazón por toda su ayuda.