agua

El Distrito Federal (DF) presenta un gran déficit ambiental que pone en entredicho su viabilidad en el mediano y largo plazo, y ante el cual las administraciones recientes han hecho muy poco. Si hay un campo en el que se evidencia el desfase entre el diseño de políticas requerido y la urgencia de la problemática es el de la administración del agua.

La onerosa hidrología intervenida de la cuenca central

El DF pertenece a la región que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) denomina “Aguas del Valle de México”, cuyos límites también incluyen a varios municipios de Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México. Allí habitan 22.8 millones de personas y se genera el 23.8% del PIB.[1] Aquí aparece el germen de la crisis: dicha región sólo tiene el 0.7% del agua renovable del país, a razón de 152 m3/hab/año;[2] situación que obliga a extraer de los acervos subterráneos más de dos veces el flujo de recarga natural. En una evaluación para 2007, los costos energéticos asociados a ese patrón de administración fueron de, al menos, 7.3 mil de millones de pesos anuales.[3]

Con todo, la región exhibe escasez inédita: por cada m3 de disponibilidad renovable se demandan 1.37 para usos económicos diversos.[4] Cualquier examen del balance hídrico regional da cuenta de las absurdas características de la intervención hidrológica: mientras que con una mano  se gasta 1.5 mil millones de pesos  al año para trasvasar, y luego perder en fugas, 15m3/s desde 300 km de distancia,[5] con la otra se gasta 5.4 mil millones de pesos para extraer del acuífero 50 m3/s, una tasa que más que duplica su recarga, al mismo tiempo que se drenan trabajosamente alrededor de 40 m3/s de precipitación en el sistema combinado de drenaje.[6] Si el objetivo era superar la calamidad hidráulica colonial, la contemporánea parece haberlo logrado.

La política de aguas en el Distrito Federal: muchos tubos, poca gestión

El presupuesto del Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos 2013-2018 (PGIRH) del GDF muestra tres hechos relevantes.[7] Primero, un incremento del gasto del 52%, de 9.6 a 14.7 mil millones de pesos. Segundo, dos rubros reclaman la mayor parte de ese presupuesto: prestación de servicios hidráulicos, y construcción y mantenimiento de infraestructura; con participaciones promedio de 53% y 38%, respectivamente. Tercero, dos rubros exhiben el mayor dinamismo: construcción y mantenimiento de infraestructura, que aumenta 2.5 veces en el período, y gestión integral de recursos hídricos, que lo hace 2.1 veces. No obstante, este último rubro seguirá representando un porcentaje menor en el presupuesto (7.8%), de tal modo que por cada peso de gestión se gastarán cinco en infraestructura, resaltando la persistencia de lo que la literatura llama el “patrón duro” por sobre el “suave” en la administración del agua.[8]

Además, dado que el control del suministro se hace de manera conjunta entre el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) y la CONAGUA,[9] es necesario incluir las acciones de esta última. La información disponible muestra que la principal política hídrica en la región no es la de aprovechar el agua de la cuenca,[10] o la de eficientar la demanda, sino la de sustituir la extracción subterránea con trasvases varios. El PGIRH menciona que se contempla con la CONAGUA una nueva fuente externa de abastecimiento que provea al DF con 8m3/s; mientras que la CONAGUA misma detalla la exploración de tres trasvases hacia la cuenca del Valle de México: Temascaltepec (6 m3/s), Tula-Mezquital (6.5 m3/s) y Tecolutla-Necaxa (12 m3/s).[11] No importa cuántas veces se incluyan estas obras bajo el paraguas de la “sostenibilidad hídrica” en el Valle de México:[12] este proceder insiste en el desarrollo hidráulico del “patrón duro”, no contempla los costos ambientales infligidos a las cuencas origen, y desplaza la urgente administración de la demanda (el “patrón suave”), trasladando el verdadero problema de la sostenibilidad hídrica hacia las generaciones futuras.

Agua potable: vulnerabilidad, desconfianza y privatización de facto

El mayor volumen concesionado en la región es para uso doméstico y público-urbano (52% del total), y el consumo promedio ponderado es de 256 litros/hab/día.[13] Sin embargo, este suministro no se caracteriza por su confiabilidad en un doble ámbito. Por el lado de la oferta, las fuentes muestran altos signos de vulnerabilidad que ocasionan cortes frecuentes por mantenimiento o escasez, señaladamente en el Sistema Lerma-Cutzamala (por problemas ambientales, de infraestructura y de conflictos sociales) y en los sistemas de pozos (por problemas de calidad y disponibilidad).[14] Por el lado de la demanda, existe una desconfianza generalizada sobre la calidad del agua potable, y el SACM no contribuye a revertirla: el último informe mensual detallado es para octubre de 2012, aunque para 2014 existe un sólo reporte anual.[15]

Aunque allí se reportan elevados porcentajes de cumplimiento de las muestras tomadas con las normas relevantes,[16] lo cierto es que no existe un trabajo sistemático y efectivo que informe a la población sobre la confiabilidad del suministro potable. Como resultado, los habitantes del DF son compulsivos consumidores de agua embotellada: en una encuesta, sólo el 13% de los hogares capitalinos consume agua de la llave, aunque la somete a varios procesos previos (filtración, ebullición, solución de químicos, etc.), mientras el resto consume agua embotellada a un costo anual de 4.6 mil millones de pesos,[17] que representa un jugoso negocio del que se benefician las embotelladoras transnacionales (en México, Danone captura el 38% de este mercado, Coca-Cola el 25% y PepsiCo el 18%).[18]

A modo de cierre

La insistencia en el camino hidráulico de la política hídrica regional para el mediano plazo no sólo no contribuye a resolver el problema de la sustentabilidad ambiental de la gran urbe (que pasa por el aprovechamiento del agua localmente generada, por el reconocimiento de que 51% del DF es suelo de conservación y por un inteligente manejo de la demanda), sino que la traslada hacia las generaciones futuras. Además, el gobierno del DF no ha asumido el compromiso de elevar la confianza en el suministro potable, lo que beneficia a las embotelladoras y perjudica las finanzas de los capitalinos. Pero éstos, hay que decirlo, parecen mostrar cierta conformidad con esa situación: ni el manejo sustentable ni la calidad del agua potable aparecen en el radar de sus demandas políticas.[19] Se sabe bien en ciencias ambientales que la calidad del agua es un indicador clave de salud ecológica en una cuenca determinada. Parece que tanto la calidad del agua potable en el sistema urbano de suministro cuanto la confianza de sus consumidores pueden ser buenos indicadores sobre la salud de la rendición de cuentas y de la vida democrática, y en eso, como queda claro en otros ámbitos de la vida pública local y nacional, falta mucho camino por recorrer.

Carlos A. López Morales es economista (UNAM, CIDE, Rensselaer); profesor de la Facultad de Economía de la UNAM e investigador en temas de economía ambiental. carlos.a.lopez@comunidad.unam.mx


[1] Una evaluación alternativa basada en los límites de los acuíferos que se recargan en el Bosque de Agua, localizado al sur y al poniente de la ZMVM, al norte de Cuernavaca, y al oriente de Toluca, indica que alrededor de 28 millones de personas dependen en mayor o menor medida de un mismo sistema hidrológico superficial-subterráneo (ver aquí).
[2] Y estas cuentas ya incluyen los flujos trasvasados por el sistema Lerma-Cutzamala (ver aquí). Además, hay que decir que esa disponibilidad per cápita está muy por debajo del umbral de escasez crítica, de 500 m3/hab/año en el índice Falkenmark, bastante socorrido en los análisis a priori de disponibilidad (ver aqui).
[3] En dicha estimación, el costo unitario del agua bombeada de pozos subterráneos es de $0.21 por m3, mientras que el metro cúbico del Sistema Cutzamala cuesta $0.31 (ver aquí).
[4] Dando como resultado un índice de escasez de 137%. Para brindar contexto, al Valle de México le sigue en dicho indicador la región Noroeste, con el 75.9%, mientras que el promedio nacional es de 44% (ver aquí). Los umbrales de escasez de dicho indicador son 80% para el nivel extremo, 40% para crítico y 20% para moderado. De acuerdo con la CONAGUA, en la región XIII se concesionan 4.8 km3 al año, 60% correspondiente a la subregión del Valle de México (con uso público-urbano dominante) y el resto en la subregión de Tula (con uso agrícola dominante), mientras que la disponibilidad regional anual es de 2.8 km3, divididos casi en partes iguales entre dichas sub-regiones (ver aquí y aquí).
[5] Lo que representa una evaluación conservadora (ver aquí). Otra evaluación ubica el volumen de fugas en la región del Valle de México en 25 m3/s (ver aquí).
[6]  El dato de precipitación es elaboración propia con base en el balance hídrico regional encontrado aquí.
[7] Hay que decir que dicho programa se encontró en la red aquí, no sin mucho esfuerzo de búsqueda, y no en algún repositorio oficial del GDF.
[8] Ver, para exposiciones generales de ese enfoque, aquí y aquí.
[9]  El primer organismo controla el 64% del suministro al DF (Sistemas Lerma y Chiconautla, manantiales locales y extracción de pozos) y el segundo lo que resta (Sistema Cutzamala, La caldera, y Barrientos) (ver aquí).
[10] Los objetivos en el PGIRH a 2018 sobre captación de agua de lluvia y de recarga natural e inducida se encuentran en la infancia: 3.5 m3/s. Además, por cada peso que se invertirá en 2013-2018 en captación de agua de lluvia se gastarán en promedio 18 pesos en construcción y mantenimiento de infraestructura (ver aquí).
[11] Ver aquí.
[12]  Por ejemplo, este caso.
[13] Aunque ese promedio esconde una amplia desigualdad. Una cuenta desagrega dicho consumo como sigue: el sector popular de la población (77%) consume 128 l/hab/día;, el sector medio (18%) 157, el medio-alto (4%) 399, y el residencial (2%) 567 (ver aquí).
[14] Ver aquí.
[15]  Disponibles aquí.
[16] En promedio, las muestras tomadas en 2014 cumplieron con dichas normas el 95% del tiempo, aunque los porcentajes relativamente bajos para Magdalena Contreras (78%) y Xochimilco (73%) (ver aquí).
[17] Ver aquí. Como se sabe, México es el principal consumidor per cápita de agua embotellada en el mundo, a razón de 250 litros al año en 2011 (en 2006 eran 191), lo que hace del mercado mexicano el tercero en el mundo en valores absolutos, sólo después de los de Estados Unidos y China (ver aquí).
[18] Datos disponibles  aquí.
[19] Lo que también es síntoma del débil y escaso activismo ambiental en México. Un interesante estudio relaciona niveles de ingreso y de estrés hídrico con la percepción pública sobre la administración del agua: las percepciones favorecen al “camino duro” de la hidráulica en los lugares menos desarrollados y con estrés hídrico (ver aquí). Así que tal vez en las preferencias de los capitalinos más hidráulica es deseable, por lo que no demandan un cambio sustancial en la administración del agua. Lo cierto es que, de acuerdo con este otro estudio, los capitalinos parecen estar dispuestos a pagar hasta el doble de lo que pagan actualmente por observar una mejora sustantiva del servicio de agua potable. Parece ser tiempo de aprovechar esa situación y corregir la política tarifaria actual.