Un evento que se probablemente se discutirá por años ha sido la consulta ciudadana realizada por el Corredor Cultural Chapultepec, en el cual ganó el No a la pregunta ¿Debe o no debe realizarse el proyecto del Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa, en el tramo comprendido entre el Bosque de Chapultepec y la Glorieta de Insurgentes?

Imagen1

Esta consulta fue el resultado de una confrontación por el proyecto impulsado por PROCDMX, paraestatal del Gobierno del Distrito Federal (GDF), y diversos grupos y actores de la sociedad civil (Grupos vecinales, ONGs, colectivos ciudadanos, urbanistas, arquitectos, entre otros), apoyados por algunos asambleístas locales (de Morena y el PAN) que formaron una coalición.

Por un lado, el 18 de agosto PROCDMX anunció el proyecto del Corredor Chapultepec, que consiste en la concesión de Avenida Chapultepec, para que Invex Infraestructura coloque 700 locales distribuidos desde la Glorieta de Insurgentes hasta Lieja, en una estructura elevada con “fines culturales”. Esto bajo el argumento de “rescate” de dicha avenida. Por lado otro, los grupos opositores señalan en contra tres argumentos; principalmente: a) el proyecto consiste en una privatización del espacio público, no en un proyecto cultural; b) los procesos lo convertían en una imposición vertical (no democrática), y c) un segundo piso peatonal no es una solución arquitectónica adecuada y traería más problemas que soluciones. Argumentos respaldados con análisis que refutaban los documentos técnicos del proyecto, así como críticas a los procesos del proyecto (opacidad, concursos privados, falta de permisos, usurpación de funciones del ALDF, por ejemplo). Si bien en ningún momento los opositores negaron la necesidad de mejorar avenida Chapultepec, se opusieron tanto a la forma y lo que implicaba dicho proyecto. Por ello, solicitaron desde un inicio que hubiera una reposición del proyecto desde cero y se cancelará la declaratoria de necesidad y todos los actos administrativos derivados de la misma.

PROCDMX presentó el proyecto, no sólo en términos de un concepto arquitectónico, sino un paquete que incluía ya un título de concesión y un fideicomiso privado firmado con Invex Infraestructura. Además, de que anunció un “ejercicio de participación cívica” que permitiría “enriquecer el proyecto”. Dicho ejercicio no se trataba de decidir sobre la totalidad del mismo, incluso el proyecto arquitectónico ejecutivo ya se encontraba firmado dentro del fideicomiso. Esto de inmediato se interpretó por muchos como un método de legitimación política del proyecto, no como un ejercicio democrático de creación de soluciones en conjunto.

La respuesta de los comités vecinales de las colonias adyacentes (Roma Norte y Condesa) fue solicitar el 12 de octubre al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) la realización de una consulta ciudadana. Sin embargo, el 6 de noviembre la consulta se aprobó sólo para la delegación y no en los términos iniciales solicitados. Esto en medio de un proceso que fue cuestionado por falta de quórum y otras irregularidades, llegando hasta el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) por los vecinos opositores. A pesar de dichas irregularidades, el TEDF dio aval para la realización de la consulta. Los grupos vecinales opositores hablaban de una consulta “amañada”, para que mediante el acarreo de grupos clientelares, se diera el al proyecto y de esta manera se legitimara; al igual que señalaban la inequidad en términos de competencia electoral: el GDF llevaba desde el anunció del proyecto promocionándolo en diversos espacios y medios de comunicación. A esto hubo que sumar la renuncia de Alberto Ruy-Sánchez en una carta al consejo consultivo de PROCDMX por considerar “un baile de máscaras” para conseguir la aprobación del proyecto.

La consulta se realizó el 6 de diciembre con el resultado a favor del NO (63.5%) versus el SÍ (35.3%). El resultado ha sido una gran sorpresa para muchos de los involucrados, debido a todas las irregularidades e inequidad del proceso. La respuesta oficial del GDF es que respetará los resultados y los considera vinculantes, dado que la consulta legalmente no es vinculatoria.

Esto ha abierto todo una situación nueva.

Patricia Mercado, secretaria de gobierno del GDF, mencionó que se cancelaba y reiniciaba el proceso desde cero con la participación de urbanistas y sociedad civil. Esto parece incluir la cancelación de la concesión, sin indemnización a Invex Infraestructura (aunque no es del todo claro) y la integración del proyecto dentro de los procesos de elaboración del nuevo Programa de Desarrollo Urbano.

Dado que pareciera que se está cumpliendo la demanda de reposición del proceso desde cero, entonces la creación de un nuevo proyecto deberá implicar entre otras cosas: realizar un concurso arquitectónico público para elegir la mejor propuesta para remodelar Avenida Chapultepec; realizar estudios técnicos rigurosos; discusiones públicas al respecto; incluirlo dentro de los programas de desarrollo urbano; definir al final el mejor mecanismo de financiamiento (no antes) junto con licitaciones públicas para la obra, y establecer un proceso de participación ciudadana a lo largo de todo el proceso. Esto último es básico, pues llegar a las votaciones confrontativas de Sí o No de un proyecto, por ausencia de lo anterior se ha demostrado que es un error y oneroso para el erario público. Todo lo anterior también tendría que realizar el GDF para los otros cuatro corredores que parece tener proyectados y en puerta.

El reiniciar todo el proceso puede marcar un hito en cómo se realizan los grandes proyectos en el DF, al cambiar de un enfoque verticalista de planeación hacía uno más horizontal que implica de democracia participativa. Esto podría ser el inicio de una manera nueva de construir socialmente la política pública, de la misma ciudad.

Algo que sólo sucederá si el gobierno acepta los errores que llevó a esta confrontación con la sociedad civil y realiza los cambios institucionales, legales y de personal necesarios. Como la ley de participación ciudadana que hoy sirve más para bloquear la participación social. De lo contrario, este tipo de confrontaciones seguirá sucediendo, ya que no hay duda que la sociedad civil seguirá reclamando mecanismos de democracia y de rendición de cuentas en la búsqueda de una ciudad con mayor calidad de vida.

Salvador Medina Ramírez es economista/urbanista. Actualmente labora en el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo.