La quimera de quedarse en casa: inquilinos de clase media en la Ciudad de México ante el covid-19

Fotografía: Akuavi Adonon

Desde hace casi un año, “Quédate en casa” es una frase que se repite como mantra mágico en todos los idiomas del globo, en la radio, la televisión, los espectaculares y redes sociales. Sin embargo, en México esta frase ha conllevado una gran ambigüedad: al no existir las condiciones políticas y económicas para que sea un mandato, es difícil distinguir si la frase indica un exhorto, un consejo o una recomendación.

Me gustó imaginar que podría indicar un derecho: “el derecho de quedarse en casa”. Es algo no totalmente descabellado pensando que, por un lado, México ha suscrito muchos tratados internacionales por el derecho a la vivienda y, por otro lado, que justo cuando se declaró la emergencia pandémica en marzo de 2020, la relatoría especial al derecho a la vivienda de la ONU instó a los gobiernos a aplicar medidas extraordinarias que evitaran los desalojos durante la cuarentena. Sin embargo, aquí, como en la mayor parte de los países del llamado gran sur, el quedarse en casa resulta un derecho extremadamente difícil de alcanzar, pues requiere del cumplimiento de un entramado complejo de otros derechos y certidumbres que el país no ofrece a la mayoría de su población.

Primero, tenemos que recordar que la vivienda se ha constituido como una mercancía, no como un derecho. Por lo tanto, se requiere dinero para ser conservada y este escaso recurso se obtiene, en el mejor de los casos, del empleo. Sabemos que en México un 60% de la población trabaja dentro de la economía informal, la cual no garantiza estabilidad en los ingresos ni derechos sociales. Pero además, el trabajo formal no es antónimo de precariedad. Su sello son los bajos salarios, la inestabilidad y la tercialización que se exacerban día con día con las políticas neoliberales.

Es sobre esta base de trabajo formal, mayormente precario, que —según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social— del 13 de marzo al 1 de julio de 2020, primeros meses de la cuarentena por covid-19, el país perdió 1 181 mil empleos, el 5.7% del empleo formal total. Para enero de 2021 hubo una pequeña recuperación de 235 000 empleos formales, un poco más del 1%.¹ Sin embargo, en términos generales el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) observa una desaceleración importante de la economía formal e informal: 226 000 personas salieron de la categoría de Población Económicamente Activa (PEA),² mientras que casi dos millones de personas se sumaron al desempleo.

De la mano de la precarización laboral viene también una política de vivienda con una larga lista de deudas tanto en el campo como en la ciudad. “En México, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hay, más o menos, 38.4% de la población sin una vivienda adecuada. Es decir, personas que no tienen dónde vivir, o que habitan en condiciones de hacinamiento, sin materiales duraderos y/o que carecen de servicios mejorados de agua y saneamiento”.³ Junto con este déficit ligado a la calidad material de las viviendas, debemos contemplar también los problemas relacionados con la certeza jurídica de la tenencia y, a lo que este escrito pondrá mayor atención, la ausencia de regulación del mercado inquilinario.

Ante este panorama, es claro que son pocos los mexicanos que tienen el derecho —o, más bien, el privilegio— de quedarse en casa de manera sostenida durante la pandemia. Es claro, además, que esto no afecta únicamente a los más pobres del país, sino también a ciertos sectores de clase media que han perdido su empleo o cuyas pequeñas empresas han quebrado. Esto juega en una especie de efecto dominó en los demás aspectos de su vida, incluida la vivienda.

Espacios demasiado pequeños para quedar con toda la familia 24/24 horas; cargas de servicio doméstico duplicadas y complejizadas por el trabajo en línea y el cuidado de los hijos; incremento en violencia intrafamiliar; dificultad de pagar hipotecas. Estas son algunas de las problemáticas que las clases medias han tenido que sortear frente a la pandemia. Situándome en la Ciudad de México, en este artículo pretendo profundizar en un punto específico de estas problemáticas: la certeza jurídica de los inquilinos de lo que llamo “clase media en situación de vulnerabilidad”, para quienes quedarse en casa se ha convertido en una quimera.

El texto se organiza en cuatro secciones. La primera trata la especificidad del espacio y los actores con quienes trabajo: adultos jóvenes inquilinos de la ciudad central. La segunda aborda un caso de expulsión residencial en el contexto de covid-19. La tercera parte muestra que, si bien es un caso ofensivo, no es en absoluto una sorpresa. La situación residencial de este sector de clase media ha sido vulnerada desde hace más de 20 años tanto por la precarización del mercado laboral, como por el encarecimiento del precio del suelo en la ciudad central. Así, considero que los efectos de la contingencia sanitaria sólo vienen a coronar la condición de incertidumbre que muchos viven desde hace varios años. Para terminar, siguiendo a Sergio Visacovsky, pregunto: ¿cómo se las arreglan las gentes para generar futuro cuando hay una ruptura dramática del cotidiano?⁴

Ilustración: Víctor Solís

1.- Inquilinos de la ciudad central: clases medias en situación de vulnerabilidad

Aquí me enfoco en la ciudad central: cuatro de las 16 alcaldías que componen la ciudad de México (Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Venustiano Carranza). Desde hace 20 años, estos espacios se han visto afectados por programas de renovación urbana y redensificación, que llevan como correlato una fuerte especulación y alza de precios inmobiliarios y, para el punto que nos interesa, de las rentas habitacionales.

La siguiente figura muestra el comportamiento particular de la renta en este espacio en 2015: mientras que la renta es una opción habitacional para 14% de los mexicanos, la ciudad de México presenta 24% de inquilinos, en tanto que la ciudad central tiene 35%.

Figura 1. Porcentajes de viviendas rentadas en 2015

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI, 2015

La siguiente gráfica fue elaborada por un equipo de la Universidad Iberoamericana  a partir de dos encuestas a nivel nacional. El título es significativo: “México: país de pobres, no de clases medias”. Parte de una crítica a los estudios que categorizan la clase media sólo a partir del nivel de ingreso y hacen intervenir algunas variables de vulnerabilidad: la falta de acceso a garantías sociales y a un salario estable y sostenido. Así, entre los pobres y las clases medias, los autores dejan ver una amplia zona gris donde entra una categoría de población vulnerable por carencias sociales y otra de población vulnerable por ingreso. Según su clasificación, hay 9% de ricos, 27.5% de clases medias consolidadas, 42.2% pobres multidimensionales y 17.3% de vulnerables. 

(Turel et al., 2018)

Los autores decidieron integrar esas dos zonas grises entre los “pobres”. Sin embargo, los trabajos etnográficos que he realizado desde hace varios años en la ciudad central me llevan a pensar que muchos de ellos podrían pertenecer a algo que podría llamarse “clase media en situación de vulnerabilidad” que, independientemente de si forman parte de varias generaciones de clase media o pobre –es decir, que no los podamos clasificar entre los nuevos pobres ni entre las nuevas clases medias– viven en los linderos de la pobreza económica. De este modo, cualquier contingencia familiar o social, como la que estamos viviendo por el covid-19, los puede llevar a una situación de pobreza.

Es importante decir “en situación de vulnerabilidad” y no simplemente “vulnerable”. Esto significa enfatizar que la vulnerabilidad no es una característica intrínseca de las poblaciones, sino producto de un proceso de acumulación de desventajas sociales de la vida de una persona que los envuelve en situaciones cada vez más difíciles (Saraví, 2009).

Este es el caso del universo con el que estoy trabajando: jóvenes adultos de entre 30 y 45 años, con estudios superiores (aunque algunos no terminados), periodistas, artistas y profesores universitarios. También hay estudiantes de posgrado en áreas sociales. Pese a sus diplomas, muy pocos de ellos tienen acceso a seguro social, préstamos hipotecarios y ahorros.

La mayoría llegó a la ciudad central a principios del siglo XXI, atraídos tanto por la vida intelectual y artística del centro como por la rentas asequibles. En muchos casos se trata de jóvenes pioneros que ocuparon el Centro Histórico y la ciudad central al inicio de la revitalización y que ahora están siendo desplazados por inversionistas y residentes de clase media consolidada y clase alta. Es decir, estos jóvenes pioneros están experimentando una segunda ola de desplazamientos muy semejante a la descrita por Neil Smith para el caso de Nueva York (2012). Sin embargo, una particularidad de la Ciudad de México de los últimos años es que en la nueva ola también intervienen turistas nacionales e internacionales que antes de la pandemia abarrotaban la zona en viviendas de renta temporal tipo Airbnb y presionaban aún más el mercado inmobiliario a la alza (Zamorano, 2019).

2.- Desalojar inquilinos en tiempos de covid-19

La pareja joven que debe dejar el departamento que renta en sólo dos meses, pues lo va a ocupar la hija de los propietarios, quien a su vez fue desalojada del suyo; el diseñador gráfico que debe desocupar su casa-taller que habitaba desde hace 15 años porque ya no puede pagar la renta; el anciano que también se quedó en la calle porque el restaurante donde trabajaba tuvo que cerrar… Se pueden contar muchas historias de personas que han sido desalojadas en plena pandemia.
Aquí, por cuestión de espacio, citaré solamente un caso presentado en el portal noticioso Animal Político, pues me parece que revela varias problemáticas relacionadas con lo inquilinario en México y la precarización del empleo.

De 30 años de edad, Karla se quedó sin empleo desde marzo [2020], cuando cerró la empresa estadunidense de turismo para la que trabajaba en un esquema de outsourcing. No le pagaron liquidación y ya se agotaron sus ahorros, lo que complicó que pudiera seguir cubriendo los 6000 pesos [300 dlls] de renta que le toca pagar en el departamento que alquila en la colonia Del Valle [junto con una roommate].

Ante esto, esperar la buena voluntad del casero no es algo completamente descabellado, incluso –como escuché de algunos propietarios– puede verse como un acto pragmático, pues es mejor perder un poco de dinero y conservar un buen inquilino, que tener una propiedad vacía. Así, varios pequeños propietarios han accedido a bajar el costo de las rentas; algunos incluso las han condonado durante un par de meses. Pero la situación no se puede sostener demasiado, pues muchos de los propietarios hacen inquilinato de subsistencia. Sin embargo, Karla tuvo menos suerte:

Mi casera es un poquito difícil, pero intenté tener una conversación con mucho tacto con ella. Le expliqué la situación, le pregunté si era posible que me hiciera un descuento temporal, a lo que dijo que no, que me podría hacer un descuento pero que se lo tendría que reponer después. Cuando me dijo eso, le dije que no tenía caso.

Karla rechazó el ofrecimiento de su casera y se comprometió a “encontrar la forma” de pagarle íntegramente. Sin embargo, dice Karla, la dueña del departamento comenzó a presionar a su fiador y a las personas que nombró como referencias en su contrato, y la amenazó con acudir a instancias legales en caso de que no le pagara la totalidad de la renta.

De este modo, inició un proceso de acoso por parte de la casera que es posible en un contexto donde las reglas del juego inquilinario son tan poco claras. 

Nos enteramos de que estaba hablando por teléfono a la gente que nosotros pusimos de referencia y a nuestro fiador para ver que nosotros tuviéramos solvencia, y se me hizo raro que hiciera eso, porque yo ya le había dicho que no tenía trabajo, no tenía por qué estar investigando; le hablaron al jefe de mi roommate y obviamente le molestó horrible, y también nuestro fiador nos dijo que lo estaba acosando.

Le preguntamos a nuestra casera qué estaba pasando y se puso como loca, nos dio una gritoniza. La casera, a pesar de que yo le dije que no nos hiciera el descuento, le habló a los de la póliza de la inmobiliaria y les pidió que reiniciaran la investigación de todas nuestras finanzas, y amenazó con escalar el tema a lo legal.

El caso de Karla nos permite ver la vulnerabilidad extrema a la que son sometidos estos jóvenes profesionales ante dos frentes: un mercado laboral precarizado, aunque formal, y un sistema inquilinario cuyas leyes formales e informales ponen a las clases medias en un camino cuesta arriba. Además, la complejidad de este mercado en la ciudad deja ver también procesos que rebasan la línea de lo legal y lo justo, especialmente desde los procesos de renovación y revalorización de la ciudad central.

3.- Revitalización, gentrificación y vulneración de clases medias

Desde hace 20 años, el Centro Histórico y sus alrededores han entrado en procesos complejos de renovación del paisaje urbano y revalorización del suelo que han fortalecido la fórmula que el activista social Sergio González nombró “La triple D: desplazamiento, desalojo y despojo”.  Se trata de tres procesos distintos que suprimen lentamente el carácter popular en la ciudad central al imponerle una dinámica de gentrificación polivalente sobre espacios públicos, comercios, espacios de esparcimiento y, obviamente, residenciales (Moctezuma, 2017).

El primero, el desplazamiento, es resultado del alza de precios de las rentas que conducen a la población de más bajos recursos a armar mudanzas y buscar zonas de residencia más accesibles a sus posibilidades. El segundo, el desalojo, implica la rescisión de un contrato por parte de los propietarios, actos de resistencia y, a veces, moratorias económicas por parte de los inquilinos y, finalmente, la intervención de agentes (legales o extralegales) que hacen efectivo el lanzamiento. Si bien el carácter legal de este último proceso ya es bastante ambiguo, aquél del tercer proceso, el despojo, es claramente ilícito. Se da en contextos de ambigüedad jurídica de la propiedad, por ejemplo en casos intestados, en el que sujetos que de alguna manera obtuvieron esa información de los juzgados, invaden la propiedad y desalojan a sus ocupantes. También se puede dar en ventas de inmuebles de dudosa legalidad, sin atender el derecho al tanto de los inquilinos.

Esto pasó en una casona del Centro Histórico. Legalmente, el edificio pertenecía a una asociación de asistencia pública que les cobraba una renta razonable (5,000 pesos) a cada uno de sus ocho inquilinos. Al parecer, el edificio fue objeto de una expropiación en 1985, pero la situación jurídica era bastante ambigua. Precisamente esa ambigüedad fue aprovechada por un abogado que trabajaba en la asociación y un día anunció que el edificio acababa de ser vendido, así que solicitaba abandonar el lugar.  De este modo, una mañana de agosto de 2018, llegaron unos 20 granaderos acompañados por otros 20 “cargadores” o “lanzadores”⁵ que sacaron sus pertenencias y las arrojaron sobre las banquetas. No faltó la resistencia de los vecinos: un año de campamento frente a la casona, peticiones, manifestaciones e intentos de hablar con el gobierno de la ciudad. Todo fue en vano, personas con más de 30 años de residencia en el lugar se vieron dispersadas.

Casos como estos, que parecen inverosímiles, se registraron por centenas en los últimos dos años, con grados de violencia mayores o menores en la calle Zapata,  en Isabel la Católica, y en el hoy ya famoso caso del edificio Trevi. Y no sólo en el centro histórico sino también en sus alrededores, como en las colonias Guerrero, Juárez, Santa María la Ribera, Condesa y Roma.

La cuestión es que hoy, pese a la contingencia sanitaria, la triple D es tan vigente como siempre; incluso puede pensarse que los perpetradores de los desalojos aprovechan la nueva capa de vulnerabilidad que impone el covid-19 sobre los inquilinos para concretar un proceso de desalojo que llevaba años fraguándose.

Colectivos, organizaciones civiles y académicos han denunciado cientos de actos de este tipo, que comprometen la salud de los inquilinos y generan focos de contagio. El último caso denunciado es el del edificio Puebla 261, en la colonia Cuauhtémoc. Según el testimonio de una vecina en rueda de prensa, la división fiduciaria de Banca Mifel⁶ habría presionado desde 2017 a unas 35 familias para desocupar el lugar, tras una compra señalada como ilegal pues, argumenta, no se respetó el derecho al tanto. Quince familias habían resistido hasta el 30 noviembre de 2020, cuando policías y cargadores desalojaron a tres familias más –en palabras de la denunciante– con fuerza desmedida, sin previa notificación, sin identificación y sin cubrebocas. Poco más tarde, Banca Mifel informó que no era el propietario del inmueble y que no se hacía responsable ni respondía por los actos y acciones ejecutadas en ese domicilio. En todo caso, aquí no interesa tanto saber quién lo ejerció directamente, sino señalar cómo, con esas condiciones jurídicas ambiguas, un grupo de familias no pueden quedarse en casa en este contexto de crisis sanitaria.

4.- Generando futuros ante la crisis de la covid-19

Ante estos panoramas, no podemos dejar de preguntarnos ¿cómo las personas enfrentan su incapacidad de “quedarse en casa” en este contexto donde “quedarse en casa” resulta vital? Y, siguiendo a Visacovsky,⁷ ¿cómo la gente puede generar futuro ante una ruptura tan importante de su cotidiano?

Karla, la diseñadora gráfica que cité en el segundo apartado, después de los desacuerdos con su casera, descubrió que no tenía más remedio que “buscar el modo” de pagar la totalidad de su renta y quedarse en este departamento, pues el contrato firmado era por un año y las fechas eran innegociables. Otras personas relatan que decidieron irse a la periferia extrema de la ciudad, donde las rentas son más baratas, pero quedan lejos de las posibles fuentes de empleo. Otras, hacen un llamado de sus familias o redes sociales para tener dónde vivir mientras pasa la contingencia y pueden encontrar un nuevo empleo. Otras más, van vendiendo poco a poco los muebles que obtuvieron durante varios años de trabajo, hasta que tienen que dejar sus viviendas.

Contrariamente a estas tácticas individuales, también encontramos búsquedas más colectivas que tienen su raíz en ciertos colectivos que ya existían antes de la pandemia, y que se aliaron en los últimos meses con movimientos y organizaciones más amplios y consolidados, como el Movimiento Urbano Popular, la Coalición Internacional por el Hábitat o la Red de Desalojos de la Ciudad de México.⁸

Uno de ellos está compuesto por los habitantes y pequeños comerciantes del edificio Trevi, situado en la inmediación poniente de la Alameda Central. En 2018, el Fideicomiso 2476/2017, cuyo Fiduciario es Banca Mifel, compró la propiedad. Posterior al aviso de venta, mientras que algunos inquilinos salieron por pie propio, otros establecieron un proceso legal argumentando, principalmente, el no respeto al derecho al tanto. Después de ser expulsados a cuenta gotas durante dos años de litigio, cuando inició la cuarentena sólo quedaban un par de vecinos y el conocido Café Trevi. Pero en octubre del 2020, como muchos pequeños comerciantes del país, el Trevi terminó de cerrar sus puertas.⁹ Pese al desalojo consumado, “Los Trevis” siguen buscando vías para permanecer en la ciudad central e incidir en la política urbana a fin de detener los desalojos y exigir la regulación de los precios inmobiliarios en la ciudad.

Otro grupo son “Los Juaricuas” (llamados así por vivir en la colonia Juárez). Son parte de los pioneros que llegaron a la ciudad central a inicios de siglo y llevan varios años de resistencia al desplazamiento forzado por las alzas de precios, así como por desalojos promovidos por grandes empresas de construcción. En los últimos meses una fracción de este grupo ha dedicado sus esfuerzos a promover una Ley Inquilinaria, una deuda que tienen todos los reglamentos y las leyes de la ciudad desde hace mucho tiempo. Ahora se logró que un grupo parlamentario tome su bandera y promueva dicha ley ante la cámara de diputados.

La quimera de quedarse en casa

Con esto podemos ver cómo muchos de los inquilinos de la ciudad central han sostenido desde hace más de 20 años una batalla con dos frentes. El primero es la precarización del empleo que afecta principalmente a los jóvenes, quienes, pese a sus diplomas universitarios, difícilmente acceden a un empleo regular que garantice derechos laborales como indemnización, seguro de desempleo, seguro social, préstamos hipotecarios o, digamos, un mínimo de estabilidad. El segundo frente es un proceso lento y seguro de eso que muchos llaman gentrificación que, mediante la presión a la alza del mercado del suelo y la especulación, consolidan la fórmula que Sergio González llamó la Triple D: desplazamiento, desalojo y despojo.

En este dominio, como en muchos otros, la crisis por covid-19 funcionó como el revelador de las contradicciones sociales ya existentes; en otros, como la nueva capa de vulnerabilidad que vino a sumarse y a acentuar las capas previas y que, como en el juego de Jenga, terminó por derribar la frágil torre en la que se sostenían de muchos inquilinos. Las respuestas a estas situaciones pasan mucho por tácticas individuales pero, al mismo tiempo, vemos la articulación y consolidación de varios colectivos que pueden ofrecer opciones para que el quedarse en casa deje de ser una quimera.

Claudia Zamorano
Ciesas Ciudad de México.

Referencias

Acuña, Carlos (2020) “Breve misiva desde ciudad desalojo” en Quinto Gran Premio Nacional de Periodismo Gonzo 2019, CDMX: Producciones El Salario del Miedo/Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey.

Moctezuma, Vicente (2017), El desvanecimiento de lo popular: etnografía de desplazamientos en la gentrificación del Centro Histórico de la Ciudad de México, tesis de doctorado en antropología social, CIESAS, México.

Saraví, Gonzalo (2009) Transiciones vulnerables: juventud, desigualdad y exclusión en México, CIESAS, Ciudad de México. Smith, Neil (1996) The New Urban Frontier. Gentrification and the Revanchist City, Routlege, Londres.

Smith, Neil (1996) The New Urban Frontier. Gentrification and the Revanchist City, Routlege, Londres.

Turuel, Graciela, et al. (2018) “México: país de pobres, no de clases medias. Un análisis de las clases medias entre 2000 y 2014”, en El trimestre económico,

Zamorano, Claudia (2019), “Renovación urbana, segurización y Airbnb: ¿otra fase de gentrificación en la Ciudad de México?”, en Revista Nueva Antropología, n.º 91, pp. 26-43.

¹ Consultado el 19/01/2021.

² PEA: personas de 15 años o más que durante el periodo de referencia tuvieron o realizaron una actividad económica (población ocupada) o buscaron activamente realizarla (población desocupada abierta) (INEGI).

³ Esta cifra subestima y enmascara los déficits de vivienda del país, considerando como “vivienda adecuada” las viviendas sociales de las periferias de las ciudades y en zonas rurales con tamaños reducidos y un rápido deterioro de los materiales de construcción. “2020 ante el problema de la vivienda”, Buzos de la noticia, consultado el 19/08/2020.

⁴ Conferencia en 60 años del IDES, Argentina: “Vulnerabilidad social y clases medias: navegando crisis identitarias, futuros inciertos y pasados nostálgicos” 11/08/2020. Consultado por última vez el 20/01/2021

⁵ Cargadores o lanzadores: sujetos entre treinta y cincuenta años, generalmente altos y fornidos con fuerte capacidad de violencia. “Pueden costar hasta 300 pesos por cabeza y su trabajo consiste en entrar en tu casa y lanzarlo todo a la calle. Su brutalidad depende de las órdenes que reciban. A veces destrozan las ventanas y los baños, o lanzan los muebles desde el quinto piso desde la ventana; si hay mujeres pueden ejercer cierta violencia sexual“. (Carlos Acuña, 2020)

⁶ La sección jurídica de un Banco Fiduciario custodia los fondos que se le confieren para su administración bajo la figura de un fideicomiso.

⁷ Conferencia en 60 años del IDES, 11/08/2020. Consultado por última vez el 20/01/2021.

⁸ Véase en Twiter #MoratoriayaMX, #AltoDesalojosCDMX.

⁹ En este caso se presentó también una serie de réplicas y contra-réplicas entre el Fideicomiso y el colectivo. El debate se centró en el carácter legal y la legitimidad del proceso. Véase en especial “Edificio Trevi: Goliat, el silencioso” y “Réplica a Edificio Trevi: Goliat, el silencioso”.