Hace casi seis años, Miguel Ángel Mancera llegó al gobierno de la Ciudad de México con una contundencia poco observada en ese proceso electoral. El sueño de cualquier gobernante se cumplía, pues llegaba con cerca del 55% de los votos registrados en la Ciudad, dotándole de un amplio grado de gobernabilidad. Además, contaba con clara mayoría en la Asamblea Legislativa y catorce de las dieciséis delegaciones estaban bajo los colores de la coalición que lo llevó al poder.

Ahora, casi a punto de concluir, el balance de su administración observa una de las caídas más estrepitosas de la política mexicana. En este momento es considerado el peor gobernante de esta ciudad en décadas, con una aprobación que está apenas por encima de la del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. El juicio que hace la ciudadanía no es gratuito ni coyuntural; obedece a una gestión desarticulada y plagada de errores, sin visión ciudadana, desatenta de las prioridades que demanda su población y llena de cuestionamientos sobre su relación con el sector inmobiliario. Como resultado, su gestión ha comprometido la viabilidad y el futuro de nuestra ciudad.

Ilustración: Víctor Solís

Su política en temas fundamentales como el agua, los usos del suelo, la inseguridad, el patrimonio o la movilidad, han estado marcados por desaciertos, que han sido pobremente justificados. Basta recordar escenas como sus ruedas de prensa deslindándose de la inseguridad por la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, o bien la crisis en la dotación de agua potable en la zona oriente de nuestra ciudad y que justificó bajo un supuesto “cierre de válvulas por parte de personas ajenas a su manejo” . Otros momentos de clara controversia fueron: el caso del corredor “cultural” Reforma-Chapultepec, tras el rechazo social mostrado en la consulta hecha al efecto; o bien, sus declaraciones sobre la construcción del desarrollo BeGrand en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, en las que señaló No vamos a afectar de ninguna manera el paisaje universitario, ni lo vamos a permitir, haya o no haya autorización”, siendo que los permisos y autorizaciones que permitieron que ello sucediera, emanaron de su propio gobierno y de sus políticas de impulso al sector inmobiliario.

En términos de desarrollo urbano, sus resultados son igual de cuestionables: el Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad (PGDUCDMX) no logró ser aprobado en la Asamblea, derivado de su falta de congruencia con el Plan General de Ordenamiento Ecológico y de su inclinación por favorecer el desarrollo inmobiliario, cuestionado principalmente por representantes de pueblos originarios que ven afectado su futuro. La inconformidad de la ciudadanía, respecto de construcciones y desarrollos —en franca violación de usos, intensidades y alturas—, fue pan de cada día y hoy existen decenas de ejemplos construidos con base en lo que “no debió haber sido”. Las externalidades y efectos en el manejo discrecional y poco transparente de herramientas como la transferencia de potencialidades, o los polígonos y sistemas de actuación, aún no han sido totalmente cuantificados; casos como “Las Granadas” o el parque “La Mexicana” se ven envueltos en una nube de falta de transparencia que sugiere un balance poco favorable para la Ciudad. Además, los convenios de concesión para los Centros de Transferencia Multimodal (CETRAM) han sido constantemente cuestionados por los impactos que se prevén y por el favorecimiento al desarrollo de negocios inmobiliarios amparados en su necesaria presencia. La falta de incentivos para la construcción de vivienda social y popular ha provocado un acelerado proceso de gentrificación en barrios y colonias, que poco a poco convierten a esta ciudad en un conglomerado excluyente de los sectores más desfavorecidos de nuestra población.

Mancera y sus funcionarios justifican sus acciones y políticas bajo el supuesto de la nueva agenda urbana, orientada hacia una ciudad redensificada y policéntrica. Sin embargo, los resultados se centran en las capas de más alto poder adquisitivo, generando una amplia oferta de vivienda media y residencial, junto con un inusitado crecimiento de centros comerciales y de edificios de oficinas, que hoy genera una sobre oferta que pronostica comportamientos inesperados en el mercado inmobiliario. Ese crecimiento no ha sido menor y ha tenido fuertes impactos al estar desalineado de las políticas de dotación con las que debe acompañarse; la carga en los servicios de agua, drenaje, movilidad y energía es olvidada,  y se sigue autorizando la construcción de grandes desarrollos en zonas y colonias ya colapsadas en términos de vialidad o energía eléctrica. Las redes de alcantarillado y de suministro de agua potable operan al límite y con serios problemas de fugas sin recibir los presupuestos que aseguren y mejoren sus condiciones e incrementen el número de servicios que deben ser cubiertos por la ya endeble infraestructura de distribución.

Lo mismo sucede con la desvinculación entre las políticas de movilidad —o de fortalecimiento económico sectorial— con las de desarrollo urbano. Se sigue privilegiando al automóvil como principal receptor de inversiones, y se tuvo uno de los más pobres avances en inversión en décadas, tanto para sistemas de transporte público como para las modalidades de transporte no motorizado. Cuando llegaron a implementarse acciones para nuevas líneas de metrobús o ciclovías, éstas se realizaron en zonas de ingresos medios o altos (delegaciones como Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa; Tláhuac y Xochimilco fueron claramente olvidadas en este aspecto). La fórmula vivienda-trabajo-satisfactores jamás fue considerada prioritaria, y las decisiones sobre dónde fincar se definían en función de la máxima utilidad, plusvalía y retorno para los inversionistas y no con base en los intereses de la ciudadanía.

Un desarrollo verdaderamente sostenible radica en el delicado equilibrio entre sus cuatro principios: los económicos, ambientales, sociales, y culturales, que deben convivir sin predominancia de uno sobre otro. La administración de Mancera se obsesionó por encontrar avances bajo las premisas del desarrollo económico, aun bajo el sacrificio del resto. Derivado de ello, hoy se cuenta con menos áreas verdes por habitante en la ciudad; hoy, mucho más que antes, se pierden valores patrimoniales y culturales comunes en nombre de las “inversiones”, y hoy, como nunca, se ha generado una degradación lenta y continua de barrios y pueblos en favor del “desarrollo”. Resulta urgente frenar y modificar esas tendencias que afectan a nuestra ciudad para reorientarla equilibradamente hacia un verdadero desarrollo urbano, sistémico y sostenible, como sugieren Sobrino, Garrocho, Graizbord, Brambila, Aguilar (2015).

Lo anterior significaría modificar políticas y lineamientos que tocarían intereses de múltiples actores, tanto en el sector público como en el ámbito privado. Sin embargo, si es que deseamos dotar de viabilidad a una Ciudad en la que se asoma una crisis de varios frentes, resulta urgente sobreponer los intereses comunes por encima de los individuales y actuar en consecuencia. Es por ello que la Vicepresidencia de Asuntos Urbanos del CAM-SAM y la Asociación Mexicana de Urbanistas se han dado a la tarea de agrupar los doce temas centrales que determinan la agenda del desarrollo urbano de nuestra ciudad en las próximas décadas y que buscan establecer un rango de prioridades hacia una estrategia de atención con visión sistémica sostenible para orientar a la CDMX1 hacia un nuevo orden urbano.

Certeza hídrica, blindaje del suelo de conservación, políticas de redensificación, visión metropolitana, movilidad, protección del patrimonio, seguridad ante riesgos, reconstrucción, seguridad y espacio público, derecho a la vivienda, participación ciudadana y combate a la corrupción, son los doce temas que constituyen la Agenda que el CAM-SAM presenta para un nuevo orden urbano con una visión sistémica y sostenible para la Ciudad de México.

Esta visión será compartida con los candidatos a la jefatura de gobierno, como un aporte desde el gremio que representamos arquitectos y urbanistas de nuestra Ciudad con la esperanza de que la hagan suya, por el bien de quienes habitamos esta gran metrópoli. En una siguiente entrega, se explicará con mayor detenimiento cada uno de los aspectos que componen esta propuesta.

 

Honorato Carrasco Mahr es arquitecto, catedrático de la UNAM y actualmente es vicepresidencte de Acción Urbana del CAM-SAM.


1 Un importante antecedente, lo conforma el documento emanado del Senado de la República en 2014, llamado: “México Compacto. Las condiciones para la densificación urbana inteligente en México”. En dicho documento se presentan varios estudios y artículos, los cuales pueden ser resumidos en siete condiciones que van, desde la consideración en la carga de servicios posible para ciertas zonas de nuestras ciudades, pasando por entender la diferencia entre derecho a la propiedad del derecho al desarrollo inmobiliario, hasta llegar a los necesarios procesos de participación ciudadana.