El complicado desalojo del predio en ruinas en la calle de Roma, número 18, de la colonia Juárez en la Ciudad de México es una anécdota más sobre la larga disputa por los espacios centrales de la capital. Una lucha en la que formas y mundos sociales que encontraron fisuras de marginalidad para crear lugares, se enfrentan a una mirada pública que no tolerará más esas posibilidades: se tienen que ir, su espacio se ha de extinguir. Es una lucha de papeles, notarios, jueces, inmobiliarias y títulos de propiedad, pero también lo es sobre el derecho a estar en la ciudad… en esa parte de la ciudad. Así lo dejaron claro varios vecinos y comerciantes a través de sus cuentas en redes sociales y declaraciones a prensa. La meta no es, ni siquiera, regularizar su permanencia en los términos del orden hegemónico: “si son otomís, que se regresen a sus comunidades”, sentenció alguien en Twitter.

Los antecedentes de la historia de este desalojo parecen haber comenzado en 1985, cuando la hermosa casona representativa de la opulencia de las élites porfirianas que levantaron ese sector de la colonia Juárez, fue severamente dañada por el terremoto de ese año y fue desocupada. Según ha reportado la prensa, el predio en ruinas fue vendido en 1994 por la Embajada de España, que ocupaba el inmueble. Sin embargo, quien recibió el título de propiedad lo mantuvo desocupado y parece que fue ahí que llegaron de forma irregular nuevos habitantes. Las notas de prensa no son claras sobre si la llegada de paracaidistas al terreno habría ocurrido antes o no. Incluso las declaraciones de los habitantes son contradictorias en cuanto al tiempo que llevan ahí. Es posible, incluso, que en el predio haya habido diferentes ocupantes conectados entre así o no a través de redes y organizaciones sociales.

Vivienda

Ilustración: Ricardo Figueroa

Pongamos que sí, que la ocupación se ha mantenido constante por poco más de 20 años. Era la década de 1990: los duraderos efectos de la devastación del terremoto de 1985 habían profundizado una pérdida de densidad habitacional y comercial en las zonas centrales de la Ciudad de México que ya había comenzado antes. Incluso, en los 90, se impulsó el desarrollo de una nueva centralidad en el extremo poniente de la ciudad como alternativa a los tradicionales corredores financieros, administrativos y laborales del centro. En las viejas colonias de la hoy llamada alcaldía Cuauhtémoc, aparecieron muchas oportunidades de vivienda regulares e irregulares para las decenas de miles de nuevos habitantes que el acelerado ritmo de crecimiento de la ciudad no conseguía absorber. Impulsados y muchas veces empalmados también por el movimiento de damnificados del terremoto, junto con el extremo adelgazamiento del Estado mexicano y una década entera de crisis económica, surgieron las organizaciones urbano-populares para defenderlos. Los habitantes de Roma 18, por ejemplo, están articulados a la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ).

Dentro del movimiento de paracaidismo en las zonas centrales, se encontraron también algunos grupos y personas pertenecientes a pueblos originarios. Es notable el caso de predios en las colonias Roma, Doctores, Atlampa y, por supuesto, Juárez, con ocupaciones a cargo de hñahñús. Desde que la tendencia a la deshabitación se invirtió y las élites y clases medias comenzaron a desear de nuevo el espacio central de la ciudad, las luchas se recrudecieron. El desalojo de Roma 18 no ha sido, ni de cerca, el primero… vaya, ni siquiera ha sido el primer intento en ese mismo inmueble. Ha habido otros casos, como el de Guanajuato 200 en la colonia Roma, donde incluso los habitantes han denunciado que sus vecinos les han dejado veneno para exterminarlos.

El nombre del proceso urbano que enmarca todo esto es ya un lugar común. Incluso el término “gentrificación” se ha vulgarizado de tal forma que se le impone ya a casi cualquier cosa. Irónicamente, hasta los mismos agentes gentrificadores son quienes típicamente la emplean con toda facilidad como mecanismo de protesta NIMBY ante proyectos de cualquier corte. Sin embargo, en este caso estamos testificando lo más convencional de la definición: uso de la violencia del Estado y herramientas de mercado para el desplazamiento de habitantes indeseables para los nuevos vecinos de mayor poder adquisitivo en una zona central y de alto capital construido en un proceso de revalorización y redensificación. Los argumentos legales, por más válidos que sean, suelen enmascarar posiciones de clase y raza que impulsan estas acciones. Eso es gentrificación.

El ruinoso predio cercano ya a la cuchilla que cierra el templo del Sagrado Corazón en la convergencia de Roma y Londres, tiene paso por ambas calles. Según algunas notas, tenía alrededor de 150 habitantes, la mitad de ellos niños. Ya había sido desalojado en el pasado y, en respuesta, establecieron un campamento sobre la vía en la calle de Roma. Luego reocuparon el terreno. Cuando el terremoto de 2017, los restos de la estructura de la antigua casona recibieron nuevos daños, por lo que los habitantes volvieron a la calle, donde colocaron un centro de acopio para damnificados que algunas notas calificaron de apócrifo. Es decir, que las donaciones no serían distribuidas a otros damnificados, sino que servirían solo para los habitantes de esa comunidad, como incluso algunos de ellos declararon.

Las tensiones con los vecinos y comerciantes de la zona empeoraron. Especialmente con una nueva plaza comercial ubicada en la esquina de Roma y Milán, de esas que siguen el patrón de los “mercados” donde se sirven versiones sofisticadas de platillos tradicionales para consumidores sibaritas. Acusaban inseguridad y pestilencia. Ciertamente un campamento en la calle no es la mejor forma de habitar esta ciudad. La entonces delegación Cuauhtémoc, a cargo de Ricardo Monreal, pidió ayuda al gobierno de la Ciudad. El campamento fue desalojado en septiembre del año pasado, justamente el día que se conmemoraba el primer aniversario del terremoto de 2017. Sin embargo, los vecinos volvieron a habitarlo hasta el pasado 30 de mayo, cuando, con orden de un juez, el gobierno de la Ciudad asistió a la inmobiliaria que reclama la propiedad del inmueble.

Según los representantes de los vecinos del inmueble y campamento, buscaban a través de la UPREZ y también de su representación en el Concejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena, negociar con las autoridades la regularización de su propiedad sobre el inmueble. Arguyeron el derecho que les otorgaba una prolongada ocupación del predio y solicitaban un apoyo gubernamental para construir ahí vivienda digna y de interés social que estarían dispuestos a comprar. Es decir, escriturar a su favor y pagar la edificación de viviendas adecuadas. La Inmobiliaria Eduardo, que reclama la propiedad de este terreno, no está de acuerdo. La asisten vecinos, comerciantes, la alcaldía… y el gobierno de la Ciudad. Según uno de los representantes del campamento, les han ofrecido soluciones en el Estado de México pero como dice: han hecho toda su vida en la zona, sus redes, su trabajo, sus escuelas y sus querencias están ahí.

Ha sido revelador leer tuits y declaraciones de vecinos. Acusan falsedad y uso político y discrecional de la identidad indígena de los habitantes de este campamento. En unos tuits, denunciaron que las mujeres portan el traje tradicional otomí solo cuando hay encuentro con las autoridades o con la prensa. Es peculiar este fastidio. Una de las personas que sostenía que eran “falsos indígenas” como buscando desmontar así cualquier empatía por los desalojados, es la misma que, al ser cuestionada sobre esto, matizó: “si sí son otomís, que se regresen a sus comunidades.” La posibilidad de tomar partido por ellos para regularizar y construir vivienda digna está descartada: si no son indígenas, no deben estar ahí y si son indígenas, ni siquiera deben estar en la ciudad. Son sus identificaciones de clase y de raza las que deben determinar su localidad. La ley ha de cumplirse… para la inmobiliaria. El Estado ha de intervenir… a favor de la inmobiliaria. Para la Inmobiliaria son válidos sus recursos para lograrlo; para los habitantes, no.

Vale la pena detenerse un poco más en esta sentencia. Algunos podrán argumentar que es una posición racista aislada. Quien emitió este tuit, finalmente lo borró y espero que haya sido a partir de una reflexión y comprensión de las implicaciones de lo que dijo. Sin embargo, creo que fue muy vocal de un ánimo de clase generalizado en la cultura. Un ánimo en el que la presencia de los pueblos originarios en el espacio urbano fuera de la vigilancia de los parámetros folclorizados, es trasgresora, deslocalizada, contradictoria y molesta. Los experimentos periodísticos y académicos de personas, sobre todo mujeres, portando las vestimentas tradicionales de algún pueblo originario, ingresando a centros comerciales de las élites no han dejado de revelarlo. En este caso, la exigencia de insignias identitarias es, además, extraordinaria: si se dicen hñahñús, han de serlo siempre y en los términos que la cultura hegemónica marca, es decir, deben hablar siempre en esta lengua y deben vestir estas ropas. Si no lo hacen, es sintomático de un engaño y debe ser castigado. ¿Le exigirán a la comunidad migrante porteña hablar lunfardo o vestir de gauchos?  Esta vigilante indefinición confunde, porque si no eligen ser hñahñús en estos términos tan específicos, tal vez pertenezcan a la periferia de la ciudad; si eligen serlo, deben volver al campo.

Hace ya casi 40 años, el antropólogo Johannes Fabian acusaba cómo la mirada de esta disciplina –pero, en general, la mirada occidental o, quizás, como hoy la llaman, la mirada blanca- coloca a cualquier otro sujeto en un pasado viviente, en otro tiempo distinto. El presente es eso que ocurre solo en lo que se va construyendo como cosmopolitismo urbano, tecnificado y globalizado. Cualquier otra expresión social es remanente de un pasado que debe renunciar a sí misma para incorporarse al torrente de lo contemporáneo. Bajo esta mirada se vuelve imposible mirar a los pueblos originarios como sujetos de la modernidad si no es como integrantes del lado inferior en el sistema de clases sociales. Cualquier otra insignia cultural es una manifestación de ese pasado incapaz de articularse al presente.

La colonia Juárez de la Ciudad de México ha sido siempre el escenario del cosmopolitismo de las élites mexicanas. Desde los aspiracionales nombres de sus calles como ciudades europeas hasta la doblemente aspiracional construcción de chalets. Desde la creación de una Zona Rosa de happenings en los años 60, hasta ser el corazón de la adopción de la identidad gay en la Ciudad de México. En las calles de la colonia Juárez han estado embajadas de potencias, escuelas de idiomas, boutiques de diseñador, agencias de viajes. Hoy, las calles de la colonia Juárez se han llenado de las fonditas y cafés con los más altos niveles de estandarización a la vanguardia brooklynesa. La creciente oferta de espacios de airbnb la han convertido en una torre de Babel.  Se escucha inglés, se escucha francés, se escucha alemán… sobre todo se escucha mucho coreano –aunque ese es otro tema-. Lo que parece que no puede escucharse es hñahñú.

 

José Ignacio Lanzagorta García
Politólogo, antropólogo urbano y editor de este blog.