Al movimiento encabezado por Greta Thunberg le ha llovido por todos lados. Para los negacionistas del cambio climático se trata de una mentira orquestada por grandes empresas chinas y árabes para obtener importantes ganancias de la venta del carbón y del petróleo. Para otros, los desencantados de siempre, el activismo ecologista llegó muy tarde o muy suave, incapaz de remediar la crisis ecológica que teme tanto cuan poco entiende.

Lo cierto es que Fridays For Future (FFF) se ha convertido en un movimiento social de naturaleza internacional, característica que lo convierte en un fenómeno único cuyas implicaciones en la economía global, en el derecho internacional y en la coyuntura geopolítica del siglo XXI apenas se asoman. La huelga mundial convocada el viernes 20 de septiembre reunió en cientos de ciudades a cientos de miles de personas que a sus gobiernos exigieron políticas concretas para mitigar los efectos del cambio climático, comenzando por detener la emisión de gases de efecto invernadero. Utópicas o no, las peticiones marcan el horizonte de un sector cada vez más numeroso de la población para el cual el pensamiento ecológico trasciende el ámbito de las decisiones personales o domésticas y llega al de las electorales. No es casualidad que, en la medida en que FFF avanza en la esfera pública europea y en algunas ciudades de América Latina, los partidos verdes adquieren una representatividad mayor en comparación con la de otros años.

Ilustración: Patricio Betteo

México se sumó a la huelga con un contingente nada despreciable —cifras extraoficiales hablan de tres mil personas— conformado sobre todo por jóvenes estudiantes que marcharon de la columna de la Independencia hacia el Palacio Nacional donde, desde la mañana, decenas de universitarios se congregaron con la intención de llamar la atención del presidente López Obrador, sin éxito. Comparada con otras, la marcha en Ciudad de México no alcanzó siquiera la mitad de las que se llevaron a cabo en ciudades como Nueva York, Berlín o París, que contaban entre sus filas cientos de miles de personas. Comoquiera, la participación en esta ocasión superó por mucho a las marchas de abril o mayo y sacó a las calles a ciertos grupos sociales históricamente reticentes a la idea de tomar las calles. La experiencia era notoria: los había, por una parte, quienes improvisaban porras en rima contra el gobierno federal; por la otra, quienes miraban despavoridos cómo otros hacían el trabajo sucio. Se reconciliaron en la Glorieta de Colón; a medida que la marcha se acercaba a Palacio Nacional la queja fue unánime: “¡Gobierno, gobierno, gobierno federal, declara ya la crisis ambiental!”. Y así, entre pedazos de cartón convertidos en denuncias, el golpeteo marcial de los tambores, los contingentes ciclistas, las madres activistas con sus hijos en carriolas, los disfraces de tortugas con popotes atravesados y de tiburones con plásticos en el estómago, y los intentos infructuosos de un grupo de anarquistas por ganar adeptos a su causa —mala estrategia la suya de usar pájaros muertos atados a un lazo—, la marcha avanzaba ora con la esperanza de un futuro mejor, ora con el semblante adusto de quien acompaña un cortejo fúnebre.

Lograr las metas del Acuerdo de París implica la coordinación de una triada poco dispuesta a ceder cuando entra en juego esa abstracción llamada bien común: los gobiernos, las empresas y, en menor medida, la población mundial. Si en algo han fallado los movimientos ecologistas de cualquier parte del espectro político, ha sido en caer en la trampa del solucionismo. La crisis climática es de una magnitud tan compleja que cualquier respuesta unilateral para hacerle frente se topará con otras tantas en contra. Hasta ahora, sin embargo, el único punto en el que los expertos coinciden es en la necesidad inmediata de atajar la emisión de gases de efecto invernadero. Resulta obvio que, por más que los ciudadanos cambiemos el automóvil por la bicicleta y el transporte público, ahorremos energía eléctrica y limitemos, en general, el uso de combustibles fósiles, si los gobiernos se empecinan en un modelo de producción energética basado en hidrocarburos, nuestros esfuerzos serán en vano. El alcance de las decisiones individuales y domésticas no tiene parangón respecto de las que se tomen desde la cúpula del poder, sea político o económico. Frente a la apatía del gobierno federal y de las empresas en lo que concierne a establecer y acatar políticas ambientales relevantes, la protesta social adquiere en México las dimensiones de un imperativo moral. López Obrador declara a sus adversarios “moralmente derrotados”, pero no da señales de tener bien calibrada su brújula moral: olvida que la implementación de políticas ambientales obedece, antes que a nada, a una cuestión de justicia para quienes menos tienen, los primeros afectados por las alteraciones climáticas y los últimos en causarlas. En lo que respecta a la política ambiental, la “cuarta transformación”, además de anticuada, es inmoral.

Hay que hacer matices sobre la situación en Ciudad de México, donde el gobierno de Claudia Sheinbaum parece interesado en temas ambientales: el proyecto Vallejo-i, la inversión en infraestructura ciclista y transporte público, la reforestación en el suelo de conservación de la ciudad, la recuperación de los bosques de Aragón, Tláhuac y Chapultepec, el Parque Cuitláhuac, el saneamiento de Canal Nacional, de los canales de Xochimilco y de los ríos Magdalena, San Buenaventura y de los Remedios, forman parte de un programa ambiental soberbio presentado a principios de año. Pero el desencanto fue casi inmediato: los 800 millones de pesos invertidos en puentes vehiculares y la cancelación de un tramo de la ciclovía prevista en Canal Nacional dejan ver que, cuando se trata de congraciarse con grupúsculos privilegiados, la política mexicana prepondera los intereses de siempre.

A propósito de la mentada ciclovía: frente al Monte de Piedad, justo por donde la manifestación del viernes 20 entraba en el Zócalo, una mujer sostenía sonriente una cartulina con grandes letras negras: “No a la tala de árboles en Canal Nacional”. El cinismo es doloroso. Hace unas semanas, azuzados por noticias falsas como ésa, un grupo de treinta vecinos bloqueó la lateral de Río Churubusco para exigir, sobre todo, la cancelación de una ciclovía que habría de comunicar Coyoacán con Xochimilco. “Ciclismo recreativo, no de movilidad” fue la consigna más famosa de los denunciantes. En vano los esfuerzos de varios que tratamos de convencerlos de las ventajas que ofrecía la ciclovía y de su nula afectación ecológica (pues pudo haberse construido junto a Canal Nacional, sobre la calle): a las pocas horas del bloqueo un mensaje del gobierno local cumplió el capricho de los vecinos a costa del beneficio estimado en miles de ciclistas. Y es que, dicho sea de paso, el activismo ecológico es, para ciertos sectores de la población, una marca de clase y casi un signo distintivo en la medida en que no trastoque un sistema de privilegios en cuya cima destaca el paradigma automovilístico de movilidad.

Si de acuerdo con Hans Jonas “toda política es responsable de la posibilidad de una política futura”, FFF se presenta como una ayuda necesaria al activismo ecológico de México. Allende las discusionesbizantinas sobre la tez, la formación o los supuestos desórdenes mentales de Greta Thunberg, la conveniencia de las manifestaciones estudiantiles habrá de ser valorada no solamente como el catalizador de la protesta de grupos sociales, sino como, quizá, la última oportunidad que tenemos para desmantelar el orden establecido por los intereses de las grandes corporaciones y de los gobiernos del mundo. Si el panorama actual escandaliza es porque no se trata de ninguna ficción.

 

Oswaldo Gallo Serratos
Filósofo y ensayista.