Este 25 de noviembre #25N, que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hay que insistir en que la Ciudad de México no es una ciudad justa y equitativa para las niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y mujeres adultas mayores.

La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce un conjunto de derechos que son fundamentales para quienes habitan, trabajan, estudian, visitan o transitan en ella. Destaco de entre ellos el derecho a la ciudad —uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad—, el derecho al espacio público, a la seguridad urbana, a la seguridad ciudadana, a la autodeterminación personal y a la movilidad.

La ciudad tiene una relación compleja con el pleno goce y ejercicio de esos y otros derechos. Tanto porque incide en la distribución o concentración de bienes, servicios, infraestructura, equipamiento, centros educativos, centros de trabajo, espacios culturales y artículos y demás en sus alcaldías, colonias, barrios o pueblos; como porque la ciudad es sinónimo de lo público, de lo colectivo, de lo común.

Ilustración: Kathia Recio

Podríamos preguntarnos qué nos resulta aceptable y deseable para nuestra vida en la ciudad y reflejarlo en el entorno y en la dinámica de sus banquetas, plazas, avenidas, jardines, mercados, escuelas, hospitales, terminales y estaciones. Podríamos mostrar que consideramos y defendemos que todas las personas tienen dignidad y que la ciudad debe estructurarse y adaptarse en función de ésta. Podríamos asegurarnos de que la ciudad sea justa y equitativa para todas y cada una de las personas originarias, habitantes, vecinas o transeúntes.

Sin embargo, la Ciudad de México aún no es así para varios grupos, pueblos, comunidades y poblaciones; para las personas jóvenes, para las personas adultas mayores, para las personas con discapacidad, para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, para las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, asexuales y queer, para las trabajadoras del hogar, para las personas migrantes, refugiadas y desplazadas, entre tantas más.

Y, en el caso de las mujeres que habitamos, trabajamos, estudiamos, visitamos o transitamos en la Ciudad de México, tenemos miedo. Es un miedo razonado y fundado ante un problema estructural, sistémico, sistemático, generalizado, transversal e interseccional. Bastan observar los datos de percepción de inseguridad, incidencia de delitos por razón de género y victimización en ciertos delitos desagregada por sexo para constatarlo.

Las mujeres sufrimos distintos tipos de violencia en diferentes ámbitos. No obstante, dada su relación con la ciudad, resulta primordial comprender la violencia comunitaria.

Ésta se refiere a los actos individuales o colectivos, que atentan contra la seguridad e integridad personal o transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propias su denigración, discriminación, marginación o exclusión en los entornos, espacios, inmuebles o actividades públicas.

Externar opiniones sobre los cuerpos de las mujeres es violencia comunitaria. Que los hombres invadan los vagones del metro y las secciones del metrobús exclusivas para mujeres es violencia comunitaria. Mirar lascivamente a una mujer en un centro comercial es violencia comunitaria. Humillar a una mujer en un evento público es violencia comunitaria. Dificultar la movilidad de las mujeres en transporte público es violencia comunitaria. Violar a una mujer en una avenida es violencia comunitaria. Excluir a una adolescente de un espacio público es violencia comunitaria. Amenazar a una joven con un arma es violencia comunitaria. Burlarse de jóvenes en el trolebús es violencia comunitaria. Asaltar a estudiantes en planteles educativos es violencia comunitaria. Exhibirse frente a una mujer sin su consentimiento es violencia comunitaria. Que un hombre invada el asiento de una mujer es violencia comunitaria. Secuestrar a una mujer en una estación es violencia comunitaria. Recargar los órganos genitales en una mujer sin su consentimiento es violencia comunitaria. No considerar las características específicas ni las necesidades particulares de las niñas en el diseño de ciudad es violencia comunitaria.

Esta modalidad de violencia es cotidiana, primordialmente se ejerce por personas desconocidas y suele ser normalizada, naturalizada o trivializada.

La violencia comunitaria atenta contra nuestro derecho a la movilidad, a la autodeterminación, a la seguridad ciudadana y urbana, al espacio público y a la ciudad.

La violencia comunitaria prueba que desde lo público, desde lo colectivo, desde lo común, no consideramos ni defendemos que todas las personas tienen dignidad; que las niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores tenemos dignidad y que la ciudad se debe estructurar y adaptar en función de ésta.

El 28 de agosto —a unas semanas de las protestas feministas por la violación a una adolescente en la alcaldía de Azcapotzalco presuntamente cometida por policías la jefa de gobierno—, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un plan de acciones inmediatas con cinco ejes. El primer y segundo eje están directamente relacionados con la violencia comunitaria.

La estrategia “Senderos Seguros: Camina libre, camina segura” —que se incorporó también a la Alerta por Violencia en contra de las Mujeres decretada el 21 de noviembre— identificó 44 trames de calles con mayor incidencia delictiva contra mujeres en los que se instalarían luminarias y botones de auxilio con alerta sonora, aplicación telefónica y cámara del programa “Mi c911e” en los puntos de riesgo.

Es cierto que el entorno físico puede incrementar o disminuir la probabilidad de que se cometa un delito. Y tiene sentido conocer y comprender la distribución territorial de la incidencia delictiva para poder priorizar geográficamente. Ahora, una prevención en serio supone determinar qué delitos se quieren prevenir, cuáles son las causas y factores de esos delitos y cuándo, dónde y cómo intervenir para reducirlos.

¿Cómo se seleccionaron los corredores? ¿Qué delitos contra las mujeres se consideraron? ¿Adoptaron una perspectiva interseccional para considerar los delitos cometidos contra mujeres con distinta edad, identidad de género, orientación sexual, etnicidad, discapacidad, entre otras características? ¿Complementaron las fuentes de información de incidencia delictiva con marchas exploratorias? ¿Los delitos seleccionados ocurren más en las horas con menos luz natural?

Las respuestas a estas preguntas no aparecen en la información accesible y disponible por parte del gobierno de la ciudad.

La prevención situacional de la violencia consiste —conforme a la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia— consiste en modificar el entorno para propiciar la convivencia y la cohesión, así como en disminuir los factores de riesgo que facilitan fenómenos de violencia y de incidencia delictiva Esta implica varias medidas entre las cuales destaca la aplicación de estrategias para garantizar la no repetición de casos de victimización.

El alumbrado público, reacomodo de plantas, gestión de residuos, poda de cuerpos arbóreos, balizamiento, limpieza y retiro de publicidad son pertinentes desde la óptica de la provisión de servicios públicos pero parecen nimias ante la severidad y la gravedad del problema de la violencia de género contra las mujeres.

Atender la violencia comunitaria —y las demás modalidades— supone relacionar las acciones con los delitos y los delitos con sus causas.

Máxime, prevenir, detectar, sancionar y reparar las violencias contra las mujeres implica vincular los datos con decisiones de política pública y los resultados con la rendición de cuentas de las autoridades responsables de los mismos.

Eso… y concebir, planificar, gestionar y hacer ciudad para todas.

Por eso, este #25N, exigimos, en y desde el espacio público, que se erradiquen todas las formas de violencia contra las mujeres.

 

Suhayla Bazbaz
Fundadora y Directora General de Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C.