En los últimos meses, se ha agudizado la crisis de abastecimiento de agua para consumo humano procedente de fuentes superficiales en el Área Metropolitana de Monterrey. Tal escenario de incertidumbre se relaciona, desde un primer acercamiento, con la consolidación del vaciado en dos de las tres presas que almacenan masas de agua para uso domiciliario. El caso del embalse Cerro Prieto es dramático: el secado es casi total, con menos del 1 % de su capacidad de almacenamiento. En un escenario semejante se encuentra La Boca, con valores por debajo del 7 %.
Aunque la administración del gobernador Samuel García informa de manera reiterada sobre una disminución de la población afectada por la carencia de agua, la realidad que se comparte desde los medios de comunicación y redes sociales es diferente. El descontento social, motivado por la cancelación del acceso al líquido, ha escalado a niveles que sólo tienen antecedentes en las movilizaciones feministas y del magisterio. Esto ha detonado un aumento de bloqueos en calles y carreteras por parte de la población afectada por los recortes y largas suspensiones en el servicio de agua. A su vez, la administración estatal ha respondido con intervenciones policiacas para disolver las manifestaciones que han incluido detención de mujeres e intimidación de niños, en lo que las organizaciones civiles locales señalan como abuso de autoridad.
Para entender el ahondamiento de la crisis deben incluirse en el análisis los contextos climáticos, de gestión y político. En el primero, las lluvias recientes han sido insuficientes para la recuperación de los almacenamientos; enseguida, la intervención sobre la regulación de las explotaciones de aguas para uso industrial y agrícola han sido tardías e insuficientes; y en el último, las respuestas del gobierno de Nuevo León transitan desde lo lento a la insensibilidad respecto a la participación ciudadana requerida para implementar medidas de crisis.
Es necesario evaluar el vaciado de las presas en un contexto ampliado. Éste incluye las explotaciones de agua para usos industriales y agrícolas, pero también los dos alcances regionales desde donde se realiza el abastecimiento para consumos humanos: primero, el de los trasvases de agua a cien kilómetros de Monterrey (presa Cerro Prieto) desde las subcuencas de los ríos Pablillo y Hualahuises; y, segundo, el intrínseco a Monterrey, con la subcuenca del río San Juan.
Sin entrar al fondo de las teorías donde se determina la inviabilidad de los trasvases entre cuencas, la provisión de agua para Monterrey desde Cerro Prieto se ve impactada por las explotaciones para usos agrícolas extensivos. Aun ante lluvias insuficientes, los ríos que llenan este embalse presentan corrientes superficiales mínimas. Sin embargo, este flujo es aprovechado en cultivos agrícolas, agotándose totalmente y ello impide el abastecimiento en Cerro Prieto para consumo humano. En el fondo, dicho contexto fortalece la postura de tecnificar los consumos para usos de este tipo con el fin de reducir los volúmenes que requiere.
En el otro enfoque, con grados altos de polarización, está el cada vez más visible acaparamiento del agua en usos industriales, de la mano con el agrícola. Ante los reclamos civiles donde se determina que la crisis que agobia el consumo humano no afecta a esas explotaciones, los discursos oficiales informan sesgadamente que en todo Nuevo León el agua concesionada para la industria apenas alcanza el 7 %. La difuminación respecto a la responsabilidad de este sector productivo radica en el enfoque geográfico, donde si bien es certera la cifra que presentan los gobiernos, también lo es que se excluye que las actividades productivas de esa índole se concentran en el área metropolitana de Monterrey, siendo casi inexistentes en el resto del estado. Por ello, la admisión de una carga real corresponde a valoraciones exclusivas a las zonas conurbadas en la capital del estado y no en el total de la entidad. Entonces, las proporciones conjuntas de la industria y el uso pecuario alcanzan el 59 %, dejando el restante 41 % para el uso residencial.
Con esas referencias, se tiene, además, la respuesta del gobierno de Nuevo León a la crisis, que decidió aumentar la oferta del agua mediante la exploración e incorporación de nuevas fuentes para la extracción. La pertinencia de la medida queda disminuida ante detalles que son opuestos a criterios de sustentabilidad. Un caso de esto es el desarrollo de pozos profundos, con la intervención de la trasnacional Heineken, al interior del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, sin contar con las autorizaciones de la evaluación de impacto ambiental por la Secretaría de Medio Ambiente. Tal situación se replica en otros espacios naturales como el río La Silla, uno de los ecosistemas acuáticos de mayor relevancia en Monterrey. A esto se añaden los anuncios del gobernador Samuel García sobre aumentos en el costo del agua, añadidos a los de meses recientes, implementados como mecanismo para reducir el consumo residencial.
Desde el gobierno federal la intervención no ha sido más favorable. Los exhortos del presidente Andrés Manuel López Obrador a la industria local para que cedan líquido que pueda ser incorporado a la red para consumo humano son insuficientes. Considerando sus atribuciones máximas en la gestión de las aguas nacionales, sus alcances son de, mínimo, la formulación de altas políticas públicas que efectivamente gestionen el contexto del recurso durante la incertidumbre. Pero en lugar de eso, se ha autoinhibido de esa responsabilidad. En su seguimiento personal del tema, también ha decidido polarizar el contexto amagando con el cierre de industrias relevantes para la dinámica de la vida pública en Monterrey, sin, de nuevo, planificar e implementar soluciones reales y armónicas con escenarios locales, donde se definan actualizaciones equitativas de las explotaciones masivas de agua para esos sectores productivos, aumentos reales en las cesiones para consumo humano desde sus volúmenes concesionados, o la asignación de presupuesto público de emergencia para implementar las réplicas pertinentes a ese contexto de incertidumbre.
En el mismo tono se ha dado la participación del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien de visita a Monterrey para atender la crisis, anunció obras que habían sido reiteradas previamente por el gobierno local. Y, aprovechando la visibilidad vinculada con la crisis, usó los reflectores para la pasarela de la sucesión presidencial. Si por anuncios fuese, aquellos presentados por la Federación y el gobierno local habrían solucionado la crisis desde hace meses.
En cuanto a la obligación individual de consumir responsablemente el agua en los domicilios, el gobierno de Nuevo León cuenta con antecedentes en administraciones previas de gastos con hasta 1500 millones de pesos para programas de cultura del agua, sin que hasta hoy se tengan evaluaciones que permitan determinar ahorros en el uso humano. Por el contrario, el gobernador Samuel García, alineado con sus secretarías, reiteradamente envía mensajes públicos en tono recriminatorio inquiriendo a la ciudadana sobre las acciones que ésta hará en el ahorro del líquido, dejando a un lado su responsabilidad para formular e integrar programas que favorezcan el consumo sensato o consecuente.
En el inventario de la crisis, las perspectivas de corto y largo plazo pueden ser con vicisitud y dificultades. El gobierno de Nuevo León tiene hasta septiembre para valorar y solicitar presupuesto público para las obras que se han anunciado como respuesta a la emergencia. Esto con la perspectiva de que sean incluidas y autorizadas por el congreso local como parte de la ley de egresos para 2023, contemplando intervenciones equivalentes del sistema hacendario federal.
Para esto deben contemplarse los proyectos relevantes del Plan Hídrico Nuevo León 2050; son prioritarias las obras de infraestructura para el traslado amplio de masas de agua, la conclusión de trabajos para el incremento de la oferta, el aumento de la capacidad para el tratado de aguas residuales y, como tema fundamental pero plenamente ignorado, la restauración de las cuencas desde donde se extrae el agua, afectadas fundamentalmente por el impacto de los incendios forestales de los últimos dos años.
Finalmente, los trabajos que realiza el gobierno de Nuevo León deben implementarse con una visión de sostenibilidad. Considerando que esa administración se desentiende de cumplir con las reglas que regulan la evaluación del impacto ambiental o las de protección del arbolado urbano, es necesario definir que la incertidumbre actual no autoriza que las actuaciones del gobierno que encabeza Samuel García tengan que omitir deliberadamente el cumplimiento riguroso y estricto de la legislación ambiental. No realizarlo así en el contexto de las leyes y sus criterios no hará más que consolidar en plazos cortos de tiempo la crisis del agua que afecta de manera generalizada a segmentos mayoritarios de la población en Monterrey.
Antonio Hernández
Biólogo con actividad en la administración y gestión de áreas naturales protegidas, políticas públicas sobre sustentabilidad y medio ambiente, e integrante de @somosbicibles.