Desde mediados del mes de marzo que iniciaron en la Ciudad de México las restricciones y cuarentenas por la pandemia de COVID-19, el gobierno federal pidió a gran parte de la ciudadanía quedarse en casa. No obstante, la inmovilidad de quienes pueden quedarse en casa depende en su mayoría de la movilidad de una gran porción de la población: la de quienes trabajan en los sectores esenciales como la provisión de servicios públicos, la preparación y distribución de los alimentos, el comercio, entre otros. Sin estas actividades, la sociedad en cuarentena no podría funcionar.
Hay pocos sectores tan esenciales como el de alimentos y ningún lugar es tan importante para la seguridad alimentaria de la capital mexicana como la Central de Abasto.1 Desde las primeras horas de la mañana, en sus pasillos anchos se abastecen los locatarios de los mercados públicos, los tianguistas, los ambulantes y las cadenas de supermercados. También lo hacen los hospitales, los comedores, los hogares de la tercera edad, los orfanatos. Dentro de esta distribución, la red de 329 mercados públicos y 1 470 tianguis de la Ciudad de México son la principal fuente de alimentos frescos para los millones de consumidores de la zona metropolitana.
La semana pasada, al igual que otros mercados y tianguis de la Ciudad de México, la Central de Abasto fue declarada zona de alto contagio por COVID-19. Preocupados por el brote de infecciones que han observado dentro del gran mercado, cientos de sus comerciantes han decidido voluntariamente cerrar sus negocios. Algunos estiman que casi el 20 % de sus colegas han bajado las cortinas, cortando así parte de las cadenas de suministro que conectan la ciudad con el campo. En algunas alcaldías y municipios, los locatarios de los mercados públicos han decidido hacer lo mismo cerrando sus puestos o, en algunos casos, incluso los mercados enteros. En otros lugares, como Nezahualcóyotl, las autoridades han suspendido los tianguis y mercados sobre ruedas como medida de prevención.
Los mercados de alimentos son espacios complicados en el contexto de la pandemia: como lugares diseñados para facilitar el contacto y la circulación, son nodos de concentración que reúnen a redes y actores diversos. El distanciamiento social es contrario a su lógica. En los mercados y tianguis de la Ciudad de México, cientos de miles de personas se encuentran diariamente, codo con codo. Los alimentos pasan de mano en mano y el dinero también. Además de comerciantes, se encuentran las personas transportistas, cargadoras, diableras y detallistas entre otros grupos.
Ilustración: Patricio Betteo
La vulnerabilidad de la Central de Abasto, así como de los otros mercados y tianguis tradicionales en la Ciudad de México, no es, sin embargo, una consecuencia inevitable de la epidemia de COVID-19. Por el contrario, es un síntoma de las medidas inadecuadas que se han tomado para gestionar una respuesta responsable y coherente que permita garantizar la seguridad alimentaria de la Ciudad de México y la de quienes trabajan en sus mercados. La crisis actual pone de relieve problemas ya presentes desde hace muchos años. Existe en los mercados una falta de mantenimiento de sus infraestructuras básicas, así como altos grados de fragmentación, informalización y conflictos internos que, si no han sido adecuadamente contemplados en el desarrollo de una política de atención a éstos, mucho menos lo han sido para enfrentar esta emergencia.
El sistema alimentario de la Ciudad de México es un entramado complejo de gestión pública y privada, compuesto por actores heterogéneos en relaciones formales e informales. Una de las debilidades de la gestión de la crisis actual es no haber reconocido esta complejidad. Lo cual ha producido un desfase entre el discurso de las autoridades y la realidad que se vive en la cadena de distribución de alimentos.
Desde la llegada de la pandemia a México, las autoridades de distintos mercados, del gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (Sedeco), han asegurado que se están tomando medidas para mantener la seguridad del sistema de suministro de alimentos. En la última semana de marzo, por ejemplo, la administración de la Central de Abasto circulaba folletos que les recordaban a los comerciantes “lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón” y tener “accesibles agua y jabón para lavado de manos o en su caso gel antibacterial, así como cubrebocas” entre otras recomendaciones. El problema es que estas indicaciones no venían acompañadas con apoyo material y condiciones infraestructurales para implementarlas.
En la Central de Abasto, miles de personas que trabajan por su cuenta fuera de las bodegas (personas diableras, del comercio ambulante, transportistas) y las y los consumidores mismos, no tienen acceso gratuito a un espacio donde puedan lavarse las manos, sino que tienen que pagar 6 pesos cada vez que quieran ingresar a los baños, que administra una empresa concesionaria. Esto representa un gasto extraordinario para las y los trabajadores que ganan menos del salario mínimo. El mismo problema se observa en algunos mercados públicos, donde existen poblaciones que no tienen acceso a las instalaciones formales para mantener la higiene y, sin embargo, venden alimentos al público. En esa misma línea, ya sea por razones económicas o por falta de disponibilidad, muchos trabajadores no podían conseguir cubrebocas ni alcohol en gel. En los mercados, donde un porcentaje alto de quienes ahí trabajan vienen de los sectores más pobres, esta situación era esperable. Sólo en la última semana, cuando ya se habían reportado varios casos de contagio y muertes en la Central de Abasto, fue que las autoridades empezaron a distribuir cubrebocas y alcohol en gel y exigir su uso.
Otro problema fundamental para la administración de la crisis en los mercados ha sido la falta de comunicación adecuada entre las autoridades y quienes trabajan en los mercados. Durante las primeras semanas de marzo, comerciantes en varios mercados y tianguis se quejaban de que no existía ninguna estrategia coordinada para enfrentar la pandemia en la cadena de suministro, que circulaban muchos rumores sobre si cerraban o no, y había una gran confusión sobre qué medidas se recomendaba tomar. Emitir informes oficiales en internet o en folletos que se distribuyen a algunos comerciantes, son estrategias que no llegan a la gran cantidad de actores que quedan fuera de las estructuras formales de gobernanza de los mercados, como los comités directivos o las organizaciones de comerciantes. En la Central de Abasto, por ejemplo, la práctica de subdividir y subarrendar bodegas y locales de manera informal ha llevado a que exista una población de comerciantes que no está formalmente registrada ni tiene contacto con las autoridades. Empleados itinerantes, transportistas, las personas diableras y comerciantes ambulantes son otros grupos esenciales en el sistema alimentario. Pero generalmente son excluidos de los espacios formales de gobernanza de los mercados. Estos grupos, sin embargo, cuentan con sus propias redes informales, sindicatos y líderes. Un primer paso para gestionar la crisis, entonces, requiere reconocer esta heterogeneidad de actores y tratar sus redes como un recurso para diseminar información y brindar apoyo en cumplir con medidas sanitarias, y no simplemente ignorarlas.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha advertido que la pandemia de COVID-19 generará trastornos en el sistema alimentario en México y América Latina y que la seguridad alimentaria de poblaciones vulnerables estará en riesgo. En la Ciudad de México, donde 26.7 % de la población padecía de inseguridad alimentaria antes de la epidemia, el panorama es preocupante. Por eso mismo es esencial mantener el funcionamiento y sanidad económica de las cadenas de suministro. A pesar de los grandes retos que implica controlar la transmisión del virus en los mercados tradicionales de la Ciudad de México, la solución no debe ser cerrarlos. Al contrario, estos espacios de comercio popular son la principal fuente de productos frescos y sanos para la mayoría de la población metropolitana, especialmente en zonas de bajos recursos, donde las alternativas suelen ser pequeñas tiendas o cadenas de autoservicio donde se venden abarrotes y productos procesados.2
Dado que los índices de mortalidad de COVID-19 parecen estar estrechamente vinculados con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad, que están a su vez asociadas con el consumo excesivo de alimentos industriales, es paradójico que no se conserve el acceso a productos económicos y de alta calidad nutricional como los que se encuentran en los mercados. Sin embargo, para que esto pueda ocurrir, es esencial reconocer las estructuras de poder y organización de los mercados, así como las particularidades de sus infraestructuras, sedimentadas a lo largo de su historia. Ignorar esas realidades complejas y no intervenir con apoyo material y consistente en estos espacios ya está teniendo un costo tanto para los trabajadores del sistema alimentario como para quienes dependemos de este sector esencial.
Tiana Bakić Hayden
Profesora-investigadora de estudios urbanos en el Colegio de México.
1 Capron, Guenola et. al. 2017. The Urban Food System of Mexico City, Mexico. Hungry Cities Report. No. 7. Hungry Cities Partnership.
2 Villagomez Ornelas, Paloma. 2019. La construcción social de experiencias alimentarias en la pobreza: un estudio cualitativo con familias de estratos populares en Iztapalapa, Ciudad de México. Tesis doctoral. Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México.