Al entrar en la estación de metro de Charing Cross, a un costado de Trafalgar Square, en el centro de Londres, un sonido extraño va creciendo. Voces que gritan, ríen, discuten y, de vez en cuando, piden una moneda. Son decenas de personas que duermen en la calle y se resguardan en la estación mientras les es posible.
En Inglaterra, las personas que están en esta situación tienen un nombre específico: rough sleepers. El término designa únicamente a las personas sin hogar que viven en la calle, a diferencia de aquellas que pasan la noche en un hostal o un albergue. Se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. A menudo sufren de problemas mentales, que solamente agravan su exclusión y dificultan las posibilidades de salir de la vida en la calle.
Los rough sleepers pueden ser vistos como una materialización del estado de la política social y de vivienda en Inglaterra. En Londres, además, su exclusión suele ser profundizada por la privatización o higienización del espacio público. Finalmente, la forma en la cual el estado y la sociedad lidian con ellos muestra la creciente tendencia a deshumanizar la pobreza, de formas no sólo discursivas, sino materiales.
Una primera barrera a quebrar es la de hacer a todos los rough sleepers idénticos. Más allá de compartir una situación de vulnerabilidad, las historias particulares son múltiples y muestran los muchos caminos que puede seguir un individuo para caer en las cada vez más anchas grietas de un sistema profundamente desigual. En una serie de reportajes recientes, el diario británico The Guardian ha explorado el tema. Las personas a las que entrevista retan cualquier simplifación: jóvenes luchando con problemas de drogas; hombres que han perdido su empleo cuando se acercaban al retiro; migrantes subempleados, y desempleados que han perdido acceso a transferencias de seguridad social, entre muchos otros.
Cuando llegué por primera vez a Londres, en 2012, pude comprobar la multiplicidad de historias que existen detrás de la fachada deshumanizante de la vida en la calle. Un día, caminando sobre High Holborn, una calle que lleva hacia Oxford Street –uno de los centros del consumismo londinense, plagado de tiendas de ropa– me encontré con un edificio de oficinas ocupado.
Afuera, una mujer de unos 35 años volvía con bolsas de plástico. Por alguna razón que ya no consigo recordar, comenzamos a hablar. Me invitó a pasar. Después de subir por escaleras laberínticas, llegué a un piso lleno de cubículos a medio construir. El edificio, me dijeron, llevaba años desocupado –posiblemente a causa de la crisis de 2008– y una comunidad diversa de activistas, indigentes y subempleados ahora vivía ahí. Como opción política o como imperativo económico, el edificio funcionaba para alejar a muchos de una vida de dormir en las calles, dando un refugio que a través del uso diario se constituía en un hogar precario.
Las cosas han cambiado. En septiembre de 2012 fue adoptada una ley que criminalizó la ocupación ilegal de edificios residenciales. Hasta septiembre de 2015, 211 personas habían sido encarceladas bajo esta normatividad. En su mayoría, eran inmigrantes. Como señala The Guardian, dificultades ligadas al desconocimiento del inglés, la falta de capital social –redes de solidaridad y parentesco–, entre otros factores, hacen de los inmigrantes un grupo social mucho más vulnerable cuando alguno de sus miembros cae en la indigencia, sea o no ocupando edificios. Esta tendencia comienza a dejar claro porque reducir la indigencia a sus características individuales es también un error, que es además fácil de cometer.
Las estadísticas ayudan a desechar por completo la explicación individualista, tan cercana al conservadurismo inglés (y global). En 2015, 7,500 personas dormían en las calles de Londres; en 2009-2010, eran 3,673. Los servicios públicos para los indigentes son mínimos. En su mayor parte, son organizaciones del tercer sector, llamadas charities, quienes dan atención de primer nivel. Ellas también mencionan que son los migrantes los que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad; que los cortes a las pensiones y beneficios sociales del estado han tenido un impacto directo en la situación de indigencia y rough sleeping, y que las políticas de vivienda en Londres, que han disparado los precios en medio de una especulación constante, han puesto a cada vez más ciudadanos en riesgo.
Así, la indigencia en Londres es un fenómeno complejo, en el que individuos caen por las grietas de un sistema que, en ecos de Margaret Thatcher, sigue produciendo activamente la negación de una sociedad solidaria. En el centro, la contracción de los servicios del estado impacta severamente a los más vulnerables. En el caso específico de los indigentes, la existencia de un sistema de prioridad que excluye en muchas ocasiones a individuos solteros que duermen en las calles, agrava y oculta la dimensión del problema. En 2015, 54,000 familias e individuos fueron categorizados como sin hogar, de 112,000 que hicieron aplicaciones formales a los gobiernos locales para recibir apoyos. Es en este grupo de excluidos donde muchos rough sleepers se encuentran.
A la par, los cambios en los patrones migratorios, provocados no sólo por la guerra en Medio Oriente, sino por la contracción de numerosas economías –incluyendo la mayoría de las europeas– desde 2008, han incrementado el número de migrantes en Inglaterra. La economía inglesa crece, además, a un ritmo menor. Muchos migrantes se encuentran con un mercado laboral que no crece. Al mismo tiempo, discursos xenófobos van cobrando fuerza, algunos crudos, como el del United Kingdom Independence Party (UKIP), y otros, relativamente encubiertos, como el del Partido Conservador y su propuesta para salir de la Unión Europea. Esto no sólo dificulta los aspectos legales de la migración económica, sino que puede crear espacios en los que la condición de migrante se convierte en una barrera informal para el acceso al mercado laboral y la vivienda.
Este último punto es crucial. En Londres, activamente se produce un mercado de vivienda excluyente, fundamentado en el valor de cambio de las casas y no en su función como un hogar, privilegia a los especuladores. Encima de eso, el espacio público se privatiza, formal e informalmente. No sólo se trata de desarrollos como el que se encuentra en King’s Cross, en el centro de Londres, que crea un espacio de apariencia pública con normas que corresponden a un lugar que es, de hecho, privado. Se refiere también al estrechamiento del concepto de lo público, que ha llevado a gobiernos locales a buscar multar a los indigentes, o residentes o propietarios de edificios comerciales a colocar púas que impiden que los rough sleepers ocupen espacios para pasar la noche.
La riqueza de Londres es la cara opuesta de su indigencia. Las medidas gubernamentales, desde lo local hasta lo nacional, favorecen la acumulación de la riqueza a través del incremento de la desigualdad. Las medidas recaudatorias y distributivas transfieren dinero a quienes poseen más. El mercado de vivienda se convierte en mero instrumento de acumulación de capital, con casas que son poco más que bienes financieros. El espacio público se privatiza, y con ello una visión higiénica, de un espacio sin conflicto ni presencias que manchen la ilusión de diversión y consumo lúdico, se impone.
La Ciudad de México no es ajena a estas propuestas higiénicas. En 2012, al reinaugurar la Alameda Central, el entonces Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, dijo del espacio:
“Lo importante de todo es que el corredor de Madero hasta la Plaza de la República no hay necesidad de subir escalones, incluida la Alameda. Es de una accesibilidad total, el peatón tiene siempre todo a su nivel […]”
Por supuesto, la figura del peatón no es universal –al menos no en el discurso de Ebrard. Viene ya cargada de ciertos supuestos ideológicos, que dejan claro que la “accesibilidad total” depende, en realidad, de la exclusión de algunos. En la misma ocasión, Ebrard dijo: “La Alameda quedó hermosa, va a tener mantenimiento y veremos que no tenga indigentes”. Así, el acceso es total, menos para los indigentes; su exclusión parece ser un requisito belleza del espacio (que, además, es imposible de conseguir en la práctica). Así, el espacio se constituye como uno para el disfrute para quien entra en una definición negativa de lo socialmente aceptable: todos menos el indigente. Los orígenes, las trayectorias y las posibles políticas públicas que pueden implementarse a nivel urbano para mitigar el problema de la indigencia no son siquiera mencionados. La ciudad volcada a la esfera del consumo, cegada por completo a lo que produce y que, al mismo tiempo, la produce.
Una ciudad excluyente, donde los que quedan fuera duermen en basureros, escalinatas y parques, bajo una creciente criminalización, es el resultado necesario de una economía distópica en la que se espera que, mágicamente, la riqueza se derrame desde arriba hacia abajo. Londres es un ejemplo de que la acción decisiva, frontal e incluyente del gobierno es necesaria para cerrar las grietas por las que el indigente cae y se forma. Al mismo tiempo, el estado puede constituirse en un aliado necesario de la sociedad civil organizada en ayudar a quienes, por razones múltiples, han caído en la vida en las calles. De no ser así, el impulso a construir ciudades higiénicas, donde la ley cumple la función de remover a los que son excluidos de la economía, y los espacios públicos lo son sólo en el discurso, seguirá adelante: la absoluta imposibilidad de un derecho a la Ciudad para todos; urbes que son poco más que gigantesca Alameda Central de accesibilidad total, fundamentada en la exclusión absoluta de algunas personas que terminan siendo construidas como indeseables, fuera de la vida social de la ciudad como objeto de consumo.
Alejandro de Coss es maestro en Sociología por la London School of Economics, donde actualmente cursa un doctorado en la misma disciplina.