La gestión de los recursos hídricos en Monterrey presenta escenarios vigentes de crisis, relacionados primordialmente con reducciones drásticas en los niveles de almacenamiento en algunas presas que abastecen para consumo humano la zona metropolitana. La respuesta desde el Ejecutivo estatal a este momento de trance ha sido implementar recortes en el servicio y, en paralelo, realizar trabajos para un aumento de la oferta de agua a través de la incorporación de nuevos pozos para la extracción de líquido en los acuíferos bajo el suelo.
En el contexto actual de incertidumbre, estos nuevos pozos sí aportarán caudales y volúmenes útiles para compensar la pérdida de agua extraída desde las presas, especialmente de Cerro Prieto, a 100 kilómetros al sur de Monterrey y que presenta desastrosas disminuciones en su acopio. Sin embargo, los recortes han sido objeto de críticas pues sólo se imponen a usuarios del consumo doméstico, sin considerar los correspondientes a explotaciones en actividades industriales y agropecuarias.
En un contexto estatal, es inobjetable que la agricultura y ganadería tienen consumos mayores a otras modalidades, pero esa realidad se modifica cuando se trata sólo de la metrópoli vinculada a Monterrey, pues los datos de la Comisión Nacional del Agua determinan que el uso para consumo humano está a la par del requerido para actividades industriales. Ello obliga a replantear qué usuarios deben ser sujetos a recortes y los enfoques con los que se implementa la medida. Al reconocer la prioridad del consumo de ese elemento para las personas y, desde una visión articulada con el derecho humano al agua, las disminuciones en el servicio deben involucrar a las industrias regiomontanas del refresco, la cerveza, el acero y el cemento —representantes de los niveles máximos de explotación de ese recurso.
Los recortes y el aumento de la oferta son acciones pertinentes en la trama actual de aprietos, pero si se desea reducir al máximo la incertidumbre para que el abasto se mantenga permanentemente con sobresaltos inapreciables, se requiere más que esas dos acciones individuales, desde una planificación completa y estructurada.
La política pública para la gestión del agua en Monterrey es el Plan Hídrico Nuevo León 2050. Sin dejar pasar que su estructura contiene información determinada bajo criterios políticos que difuminan la responsabilidad de las industrias en la explotación del agua —aproximación entendible considerando que fueron las grandes empresas locales las financiaron el plan—, debe reconocerse que este documento, aprobado por la Comisión Nacional del Agua, contiene un enfoque de abasto suficiente para la ciudad durante los próximos 25 años; refleja una sólida seguridad hídrica en la reducción consolidada de impactos negativos a la infraestructura urbana, poblaciones humanas y de vida silvestre por huracanes o tormentas tropicales y, con igual trascendencia, define proyectos suficientes para actualizar la oferta de agua buscando que no se dependa de lluvias inciertas para garantizar el abasto humano.
Como en el caso de los recortes y nuevos pozos, un enfoque exclusivo de incorporación de fuentes que se agregan a las existentes también es insuficiente e incompleto. Añadir más agua porque Monterrey crece descontroladamente requiere reconocer realidades que chocan con el discurso de los gobiernos locales en el que la sustentabilidad —dicen— es la guía de sus administraciones. El Plan establece que para la seguridad hídrica en Monterrey ya no basta con el agua de cuencas locales, determinando indispensable traer líquido de regiones distantes y abundantes como la Huasteca Potosina y Tamaulipeca, o desde Matamoros y sus aguas marinas en el Golfo de México. La conclusión inevitable sería que Monterrey vive un tiempo irreformable donde la sustentabilidad es imposible para la ciudad. Los recursos existentes en su entorno inmediato pudieran no ser suficientes y se requeriría sin remedio acceder a los de otras entidades en regiones distantes; es decir, la seguridad hídrica para esta metrópoli demandaría modelos distantes de una visión ambientalmente sostenible.
Conjuntamente a la revisión general de los planteamientos del Plan Hídrico, se requiere una observación crítica al actuar del gobierno de Nuevo León, pertinente para entender la certeza y matices de la crisis del agua. Una de ellas es la relacionada con los niveles de las presas ubicadas en la cuenca del río San Juan, de principal importancia para la metrópoli regiomontana, donde se ubican dos de las tres presas que almacenan agua para la ciudad.
La Boca, con niveles menores a la mitad y una reducción progresiva en su almacenamiento, refleja una etapa que puede ser comprensible, considerando su ubicación en el inicio de la cuenca, aunado a una larga temporada sin lluvias. Pero el caso de la presa El Cuchillo, la fuente principal y de mayor tamaño (un auténtico mar en tierra), que abastece esta ciudad, no coincide con la primera, ya que durante nueve meses se ha mantenido con almacenamientos superiores al 50 %; situación notable considerando la extracción que se le aplica en tiempos de sequía, en conjunto con el trasvase hacia zona agrícolas de Tamaulipas. La estabilidad de la cuenca se replica en el embalse El Azúcar, localizado en Tamaulipas, cuyo llenado se debe a las aguas de la referida cuenca desde territorio de Nuevo León, con niveles mayores al 70 %. Mientras que Cerro Prieto, localizada en cuencas ajenas y lejanas, es el tercer elemento del sistema que provee a Monterrey, con almacenamientos cercanos a la extinción.
Estas aproximaciones a los niveles en el sistema de presas que provee a Monterrey arrojan determinaciones y matices a la crisis actual. Por una parte se debe reconocer una inseguridad real para las cuencas lejanas de Cerro Prieto; por otra parte, en la cuenca del San Juan, dos de las principales presas del noreste mexicano no reflejan la grave sequía que abunda en el discurso público. Sin embargo, en una aparente inconsistencia, una de ellas —El Cuchillo— no impacta en una provisión suficiente, como fue planeada desde su arranque.
Esto último debe entenderse bajo la realidad de que el gobierno de Nuevo León no ha realizado una adecuada gestión del escenario hídrico para Monterrey. La hipótesis para ello se basa en las comunicaciones públicas de la administración estatal, afirmando que la presa El Cuchillo —de la que se tiene información sobre sus volúmenes aceptables de almacenamiento en tiempos de escasas lluvias— tiene un alcance actual para abastecer de agua a Monterrey por dos años. Si se articula esta información con el Plan Hídrico Nuevo León 2050, el cual define como proyecto prioritario la construcción de un acueducto —adicional al existente— desde esa infraestructura hasta Monterrey, entenderemos que, aun en escenarios inciertos, se tiene agua disponible para uso doméstico a la que no se puede acceder por falta de infraestructura.
En conclusión, el gobierno de Nuevo León debe abordar la crisis del agua y sus matices desde un enfoque de política pública, siendo éste el ya referido Plan Hídrico, considerando que cuenta con los elementos suficientes de planeación para adoptar e implementar decisiones sólidas que definan y proyecten la necesaria seguridad hídrica para Monterrey.
Antonio Hernández
Biólogo con actividad en la administración y gestión de áreas naturales protegidas, políticas públicas sobre sustentabilidad y medio ambiente, e integrante de @somosbicibles.