Hace poco, en el marco de un documento que publicamos junto con un colega sobre la vulnerabilidad de los migrantes en la ciudad de Tijuana, señalamos que los grandes olvidados de atención y asistencia en el marco de la pandemia por COVID-19 eran los habitantes de calle en la ciudad de Tijuana. Estas son poblaciones que en su mayoría han sido deportadas de Estados Unidos y, muchos de ellos, han agudizado su consumo de alcohol o estupefacientes. En este texto, destacamos que la forma de subsistencia de estas poblaciones depende en buena medida de una combinación de trabajo informal y de las acciones caritativas que diversas organizaciones de la sociedad civil llevan a cabo. Estas asociaciones se surten comúnmente de donaciones transfronterizas que, con la frontera parcialmente cerrada entre México y Estados Unidos y con todas las medidas de distanciamiento físico, están coartando las posibilidades de seguir atendiendo a estas poblaciones al ritmo y en las modalidades en que lo hacían.
Sin embargo, cada vez es más evidente que este gran olvido del que hablábamos en el contexto del COVID-19 es una forma de continuación y agravamiento de un olvido histórico que relega a estas personas a una desatención integral y a la falta de apoyo para superar estas condiciones de precarización. Una desatención que, además, está aceitada con fuertes juicios morales y procesos de discriminación que facilitan el argumento excluyente hacia estas poblaciones. Este olvido, así, no ha hecho más que colaborar a que las condiciones de precarización en que viven estas personas se agudicen cada vez más de manera paulatina.
Para ejemplificarlo, permítaseme una digresión. Tengo ya casi cinco años visitando una cañada enclavada en medio de una vía rápida y bordeada por el muro fronterizo muy cerca del centro de la ciudad de Tijuana que está intermitentemente ocupada por personas que han sido deportadas y que no tienen hogar. Gracias al trabajo realizado en colaboración con los habitantes de este espacio hemos podido plantear que estas personas han atravesado un proceso histórico y transfronterizo de precarización que afecta aspectos prácticos, relacionales y afectivos en las trayectorias de sus vidas. Es un proceso que se agudiza conforme pasa el tiempo de vida callejera y cada vez se vuelve más difícil salir de esa situación por sus propios medios. Situación que se vuelve doblemente compleja ya que, si bien he observado que hay una serie de condicionamientos estructurales y procesos de agencia que los tienen ahí, han asumido la retórica de que es solamente su responsabilidad y de nadie más el hecho de que estén ahí. Como no hay procesos de atención externa integral hacia estas poblaciones es difícil que salgan de dicha situación por su propia mano.
Ilustración: Kathia Recio
Pero no sólo eso, este proceso histórico de precarización es un proceso caracterizado por la violencia en múltiples dimensiones. Una violencia estructural que los ha afectado por las condiciones de desigualdad de origen, pero también violencias físicas y culturales a las que están expuestos: golpes, agresiones verbales, discriminación y estigmatización. Una representación común que opera sobre la figura de estas personas cuando se hacen visibles en las calles de la ciudad es la de ser desechables (Bauman, 2006) y que, precisamente por ello, diversos sectores de la sociedad, incluyendo instancias gubernamentales, capitalizan su presencia en las calles de la ciudad en un ciclo de reuso y desecho en donde lo que está en juego es la vida misma de los habitantes de calle. Estas personas se convierten en una especie de materia prima de la desechabilidad en donde no se cuestiona la necesidad ni el derecho que pueden tener estas personas de seguir vivos y de su presencia se extrae el valor que sea necesario sin necesidad de comprometerse con el cuidado de sus vidas: policías llevan a cabo arrestos arbitrarios con el fin de elevar las estadísticas de detención, grupos del crimen organizado los “levantan” bajo amenaza de que los acribillaran si no llevan cierto paquete de droga hacia otro lado, entre otras situaciones similares.
Una digresión más. Hace un par de meses en la prepandemia, con las fuertes lluvias que aquejaron a la ciudad en invierno, una tubería de aluminio galvanizado que funciona como paso de desagüe pluvial –la cual tiene como dos metros y medio de diámetro y está en el fondo del Cañón pues soporta la carretera que pasa encima– se tapó con una serie de basura que acarreó la lluvia y con cascajo que varias administraciones municipales anteriores han vertido ahí.1 El fondo de la cañada se convirtió en un lago de aguas pestilentes. Un par de días después, el presidente municipal anunció que se iniciaban de inmediato los trabajos de desazolve de dicha tubería para que no siguiera afectando a los tijuanenses pues bloqueaba el acceso automovilístico a Playas de Tijuana. A pesar de que pasaron varias semanas y volvieron a cerrar los accesos porque las lluvias inundaron de nuevo, finalmente el agua se drenó y el acceso se volvió a abrir anotándose un punto a favor el nuevo gobierno municipal.
Sin embargo, en una de mis últimas visitas a dicho espacio, las personas que habitan el Cañón me comentaron que habían tenido mucho trabajo con el municipio pues los ingenieros les dijeron que no querían meterse a desazolvar el tubo ya que tenían temor que la lamina galvanizada se viniera abajo con la presión del agua y la tierra mojada. De modo que la solución fue otorgarles pico y pala y que sean ellos, las personas en situación de calle, quienes saquen la basura atorada y destapen la tubería, exponiéndolos, así, a que en caso de un derrumbe fueran estas personas las que se quedaran atrapadas ahí abajo.
Esta escena es sólo un fiel reflejo de que la precarización en la vida de estas personas continúa agravándose porque han sido y continúan siendo vistos como personas desechables. Aún así, sean las instituciones oficiales quienes se relacionan con ellos. Los habitantes de calle, así, han sido y continúan siendo los grandes olvidados de asistencia en esta ciudad.
Ahora bien, en estas mismas visitas, también me comentaron que agentes de Protección Civil llegaron a dicho espacio y les pidieron que, debido a la pandemia tenían que desalojar la zona que ocupan temporalmente y se tenían que refugiar en otro lado. Les dejaron un oficio de desalojo y una conminación verbal de que tenían que buscarse un refugio donde aislarse para prevenir el esparcimiento de la pandemia. Lo chistoso, me decía una de las personas en dicha situación, es que no hay donde refugiarse.
Una luz dentro del túnel de precarización en el que se encuentran es que hace unos días se anunció que se abrirá un albergue para que personas habitantes de calle en la ciudad de Tijuana se podrían aislar en medio de la pandemia ya que, por su propia situación, están imposibilitados de seguir las recomendaciones sanitarias de confinamiento ante la dispersión comunitaria de la pandemia. El mandato de “Quédate en casa” se convierte en una irrisoria ingenuidad para estas poblaciones ya que lo que constituye su situación es precisamente carecer de una vivienda que permita tomar todas estas prevenciones.
Esto es doblemente importante ya que los síntomas de COVID-19 podrían fácilmente confundirse con la famosa “malilla”, que es como se le conoce al síndrome de abstinencia en la jerga fronteriza callejera. Esta y otras situaciones han sido señaladas en varios medios por una de las organizaciones que más tiempo y más activamente tienen trabajando desde un enfoque de prevención de daños para reducir el riesgo de contagio de enfermedades infecciosas entre poblaciones vulnerables, donde también se atiende a personas consumidoras y en situación de calle.
Como puede notarse en este breve recuento, los habitantes de calle han estado histórica y constantemente expuestos a procesos violentos de precarización en múltiples niveles, tanto estructurales como subjetivos. Su vida cotidiana ha estado caracterizada no sólo por una acumulación de vulnerabilidades sino una acumulación de abusos institucionales y olvidos respecto a la atención a estas poblaciones. Ahora con la pandemia, esta situación no ha hecho más que agudizar las condiciones de precarización en que viven. Aunado a la desnutrición y las deplorables condiciones de salubridad en que viven y frente al abandono y silencio que existe para atenderlas, estas poblaciones se convierten en un perfil extremadamente vulnerable a las infecciones por COVID-19.
Juan Antonio Del Monte Madrigal
Investigador del Departamento de Estudios Culturales
El Colegio de la Frontera Norte
Bibliografía
Bauman, Z. 2006, Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias, Paidós, Barcelona
Gómez, C, 2020, “Alistan albergue Covid en Tijuana para personas en situación de calle”, Telemundo 20, recuperado el 20 de mayo.
Irwin R. y Del Monte JA. 2020, “COVID-19 y la vulnerabilidad de las personas migrantes en Tijuana: una crisis inminente”, Documento de coyuntura, UC Davis/El Colef.
Robinson, I, 2020, “COVID-19 Harm Reduction in Tijuana: an ‘All Hands on Deck’ Type Situation”, Talking Drugs, recuperado el 20 de mayo de 2020 de aquí.
1 Al fondo de ese cañón están unas instalaciones de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana y Municipal de Tijuana.