En México y en muchos otros países existe una política de vivienda. Su existencia parte del reconocimiento de que la sociedad, por sí misma, no es capaz de proveerse de una vivienda adecuada sin la intervención del estado. En México, esta política se establece por primera ocasión en la Constitución de 1917. En la fracción XII de su artículo 123 original enunciaba la obligación para empresas o patrones que tuvieran más de cien asalariados de “proporcionarles habitaciones cómodas e higiénicas” en modalidad de renta. En el mismo artículo, fracción XXX, consideraba como “de utilidad social las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser a ser adquiridas en propiedad, por los trabajadores”.
Pero no fue hasta 1925 que el estado mexicano pensó en la posibilidad de dotar a cada familia con una vivienda. Para tal efecto comenzó a crear —y a desaparecer— una serie de organismos: la Dirección de Pensiones Civiles y de Retiro, el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, el Fondo Nacional de Vivienda para Trabajadores, el Infonavit, Fovissste, Fivimi, Fonhapo, Codeur, Fividesu, SHF y la Comisión Nacional de Vivienda. Todos ellos tienen la finalidad de satisfacer el derecho que actualmente establece el artículo 4 de la constitución al “disfrute de una vivienda digna y decorosa”.
Ilustración: Patricio Betteo
Sin embargo, de los 32 millones de viviendas contabilizadas en 2015, hoy no es posible saber con exactitud qué porcentaje del total de ellas fueron objeto de algún tipo de financiamiento por parte de los organismos del estado o cuántas presentan un cierto grado de irregularidad en cuanto a su tenencia o construcción. De lo que sí han dado cuenta muchos estudios es que alrededor de 70% de las viviendas del país se han edificado mediante el proceso de autoconstrucción y la gran mayoría de éstas no fueron financiadas por algún organismo estatal.
Todo lo anterior viene a cuento por las recientes declaraciones del presidente de la República en las que anunció que el Infonavit realizará un ajuste a los créditos para autoconstrucción “de manera directa, sin intermediarios”. Las reacciones de quienes de alguna u otra forma participan en la producción de la vivienda formal como los colegios de profesionistas, cámaras de industriales, banqueros, ingenieros y por supuesto arquitectos, dejaron al descubierto sus más profundos miedos laborales e ideológicos al anticipar con la clarividencia que los destaca: el fin de la industria de la vivienda. Al mismo tiempo, urbanólogos, sociólogos, antropólogos sociales y por supuesto caciques y líderes territoriales celebraron anticipadamente los nuevos horizontes laborales y confirmaciones ideológicas que la declaración presidencial les depara. En todo caso lo más interesante de esto es que se abre nuevamente el debate sobre la vivienda de autoproducción y el papel de la política de vivienda para los próximos años.
Es claro que el análisis y discusión sobre la vivienda posee una fuerte carga ideológica a partir de la cual se ha configurado la política de Estado y de quienes la estudian o producen. En un intento por evitar sesgos ideológicos definamos a la vivienda en su sentido más básico: un bien de consumo cuya producción se compone por diversas etapas en las que se conjugan materiales, técnicas y fuerza laboral y que termina por tener un valor superior a la suma de sus partes por la plusvalía generada por el proceso de trabajo necesario para crearlo. En este entendido, la diferencia básica entre la vivienda de autoproducción y la vivienda formal radica en quiénes son los responsables de financiar y ejecutar la cadena productiva, los beneficios que reciben y, en consecuencia, las virtudes o limitaciones del bien producido (Hiernaux, 1991). Aceptando lo anterior, trataré de identificar estas virtudes y limitaciones de la vivienda en función de su forma de producción.
A la vivienda de autogestión se le atribuyen una serie de virtudes relacionadas principalmente con su valor de uso. Esto es a tal grado que incluso se celebra que prácticamente no posea un valor de cambio. En cambio, la vivienda formal es señalada no por su valor de uso, sino por ser producida y adquirida casi exclusivamente por su valor de cambio. De ello deriva lo que, a mi juicio, es un falso debate sobre si la vivienda es un derecho o una mercancía, ya que se entiende que un derecho no puede ser considerado como un bien y mucho menos una mercancía, pero esta es una discusión que no cabe en estas páginas.
Otra virtud con la que se le relaciona a la vivienda de autogestión es la construcción de relaciones sociales particulares a partir de las cuales se genera la cohesión social, el sentido de pertenencia territorial, la cultura del esfuerzo y la identidad barrial. A la vivienda formal, en cambio, se le atribuyen otra serie de virtudes: las de orden formal —tanto en el sentido arquitectónico del bien como de su condición legal—, sus beneficios económicos para el sistema de producción y reproducción del capital mediante la incorporación de “40 ramas productivas” —argumento repetido hasta la náusea y nunca explicado—, así como a las alegres cuentas sobre su participación en el PIB nacional. También ha sido objeto de afirmaciones tan limitadas y auto condescendientes como aquellas que aseguran que la producción de vivienda formal hace ciudad o que es la bisagra que articula a la ciudad.
Para ambos casos, sus principales limitaciones son asumidas por quienes destinan entre el 30% y 40% de sus ingresos para pagar los costos de una vivienda durante periodos de cinco a 30 años. Y la mayoría lo hace ejerciendo su fuerza de trabajo, ya sea directamente en la obra en lo que deberían ser horas y días de descanso, o bien otros lo hacen indirectamente con dobles empleos o largas jornadas laborales en lugar de horas o días de descanso. A reserva de ser medido, es posible afirmar que la mano de obra que implica la autogestión es equivalente al pago de intereses que implica la vivienda formal.
Otra limitación compartida es su ubicación. Si bien la vivienda formal de las últimas décadas también ha sido brutalmente expansiva y comparte esa culpa con la de autogestión, su ubicación —casi siempre periférica— no se justifica en lo económico, ni en lo ideológico, ni en lo territorial. La insaciable búsqueda de suelo barato porque de otra manera no sería viable su producción es un argumento falaz que evidencia la falta de una política de suelo, muchos intereses económicos y la ignorancia suficiente para no implementarla. La expansión urbana basada en la incorporación de suelo barato para implementar una política de vivienda a todas luces fallida, termina por encarecer aún más el metro cuadrado e incrementar la segregación socio espacial de las ciudades.
El problema de la vivienda no es la arquitectura o el urbanismo, sino el marco económico y de producción en la que se ve inscrita; y esta producción se traduce siempre en espacio (Ortiz, 2020). La vivienda autoproducida se seguirá desarrollando mientras el 60% de la población labore en el sector informal; mientras 73.6 millones de mexicanos que componen los primeros seis deciles poblacionales no tengan ingresos equivalentes para cubrir sus necesidades habitacionales; y mientras la política de vivienda no se integre a una política de suelo, que ambas se sumen a una de desarrollo urbano y que las tres se enmarquen dentro de una política de desarrollo económico.
Por lo pronto no queda más felicitar al presidente de la República y al Infonavit por esta pequeña iniciativa que en términos beisboleros —hoy tan en boga— “ni picha, ni cacha, deja batear” pero que parece poner en alerta y en alegría a los fanáticos de una y otra manera de hacer vivienda. Lo preocupante aquí es la falta de imaginación y de visión para plantear una política de vivienda capaz de atender a los distintos tipos demanda y con ello las aspiraciones de todos aquellos que participan en su producción, aunque esto necesariamente los obligue a reinventarse.
Gustavo Gómez Peltier
Referencias
Daniel Hiernaux, 1991, “La autoconstrucción de la vivienda en el Área Metropolitana del Valle de México”, Diseño y Sociedad, No. 1, México: Universidad Autónoma Metropolitana, pp 58-74.
Arturo Ortiz, 2020, comunicación personal sobre un texto en prensa.