Tijuana es una ciudad marcada por una delimitación territorial singular: la frontera con Estados Unidos, misma que ha sido señalada como un fenómeno que secuestra al imaginario colectivo de la urbe. Las y los artistas tijuanenses, por ejemplo, han señalado que los curadores de arte locales no estaban interesados en obras que no hablaran de la frontera.1 Por esta razón llamó tanto la atención cuando, a finales de 2021, la diputada morenista, Araceli Gerald, presentó una iniciativa de ley para introducir una nueva frontera al interior de la ciudad, dividiéndola en dos y creando con ella el municipio de “Nueva Tijuana”.
Esta nueva demarcación estaría conformada por la Zona Este de Tijuana, tomando territorios de las actuales delegaciones de La Presa, Presa Este, una parte proporcional de la Otay Centenario y otra parte proporcional de la Subdelegación los Pinos. Históricamente, esta área de la ciudad ha sido ignorada por gobiernos anteriores y ha contado con un alto nivel de rezago social.
A primera instancia podría sonar como una idea sensata. La premisa de darle representación gubernamental a áreas relegadas en el discurso local ha ganado tracción en Baja California en los últimos años. Por ejemplo, en 2020 se creó el municipio de San Quintín y en 2021 el de San Felipe. Sin embargo, es un tanto irónico que en una urbe marcada por una frontera se plantee resolver un problema erigiendo una nueva delimitación administrativa entre la zona poniente y oriente de la ciudad.
La diputada proponente argumenta que la creación de un nuevo municipio permitiría dos cosas: proveer servicios públicos de calidad a los residentes de la zona y darles una voz sobre las decisiones del gobierno municipal. Dentro del mismo documento legal la diputada Geraldo relata el origen de esta idea:
Durante mis recorridos de campaña un numeroso grupo de personas residentes de las delegaciones y la subdelegación antes mencionadas, manifestaron su deseo de tener un municipio que atienda los servicios públicos que demanda dicha zona, como lo son: suministro de agua potable y alcantarillado, luz eléctrica, recolección de basura, seguridad, regularización de la tenencia de la tierra, entre otros.
Sin embargo, es importante recalcar que en el Congreso local dicha propuesta fue vista más como un castigo político a la presidenta municipal de Tijuana, Monserrat Caballero, que como una solución genuina al problema. Este acuerdo dividió a la bancada morenista entre los que se encuentran del lado la presidenta municipal y aquellos que se identifican con la gobernadora, ambas provenientes del mismo partido.
Más allá de las motivaciones políticas, esta iniciativa presenta una oportunidad para tener una discusión compleja sobre la identidad de Tijuana, una conversación que supere la noción de Tijuana como una ciudad de paso y una víctima de la frontera estadunidense. Dicho debate nos obliga a preguntar, ¿por qué Tijuana estaría dispuesta a construir sus propias fronteras antes que afrontar las desigualdades de una ciudad que se declara como la encarnación del sueño americano en México?
En este ensayo abordaré este tema en dos partes. La primera consiste en hacer un análisis espacial del rezago social en Tijuana y, de esta forma, revisar si lo que la diputada Geraldo señala —que la zona oriente es la más marginada de la ciudad— es cierto. En un segundo tiempo analizaré qué puede hacer el gobierno municipal para abordar los problemas de desarrollo urbano que llevaron a la Zona Este a ser la periferia desatendida que hoy en día es.
Esparcimiento del rezago social
La diputada morenista tiene razón al decir que existen dos Tijuana; sin embargo, no son las que ella señala. Por un lado está la Tijuana de las personas que viven con un estatus socioeconómico por arriba de la media nacional sin ser víctimas directas de la violencia; por el otro lado se encuentra la Tijuana de quienes viven un rezago social equiparable al de las zonas rurales del país y que padecen la cuarta ciudad más violenta del mundo.
Para comprobar esto, revisé los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 a nivel AGEB (Área Geoestadística Básica) para ver si existían diferencias significativas entre la zona oriente con respecto al resto de la ciudad. Como mencioné, las delegaciones que se proponen para crear el municipio de Nueva Tijuana son: La Presa, Presa Este, parte proporcional de la Otay Centenario y parte proporcional de la Subdelegación los Pinos.
Fuente: Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana
Los datos del Censo muestran que algunas de las áreas con mayor grado de rezago de servicios públicos se encuentran en el oriente. Sin embargo, es complicado decir que tal ausencia del Estado se limita exclusivamente a esta zona. Los mapas muestran que mientras en algunas áreas hay un rezago claro de servicios públicos, en otras hay una mezcla de la presencia de estos.
Fuente: elaboración propia con información del Censo 2020
Para tener una imagen más clara y concisa de la disparidad social de la ciudad, utilicé el Índice de Rezago Social del Coneval. Este índice engloba cuatro diferentes categorías de carencias sociales: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a los servicios básicos en la vivienda, y la calidad y espacios en la vivienda.
Fuente: elaboración propia con información del Censo 2020 y el Coneval
Este mapa muestra con más claridad que, en términos generales, Tijuana es un municipio con un bajo nivel de rezago social en comparación con el resto del país. Sin embargo, se puede notar que las AGEBs que cuentan con mayor rezago social se encuentran dispersas por la ciudad y no exclusivamente en la zona oriente. Además, los datos de la Secretaría de Seguridad de Baja California muestran una distribución uniforme de los delitos en la ciudad, e indican que las colonias con una mayor incidencia delictiva en lo que va de 2022 son Zona Centro, Zona Urbana Rio, Mariano Matamoros, Camino Verde y Zona Norte, ubicadas en el centro, norte y oriente de la ciudad. Es decir, en realidad, los problemas sociales no se reservan a la Zona Este, tal y como la iniciativa de ley supone. Sino que, más bien, Tijuana cuenta con contrastes socioeconómicos significativos a lo largo de su extensión territorial. Esta heterogeneidad suele ser encubierta cuando se suele hablar de la ciudad como un ente conjunto.
Estrategia municipal
Sabiendo que existen estas dos Tijuanas, conviene analizar si la división de la ciudad realmente ayudaría a reducir la brecha entre ambas o si sólo amputaría a la periferia del oriente. La iniciativa de la diputada Geraldo argumenta que la división permitiría a los habitantes de la zona tener mejores servicios públicos. Sin embargo, el agua y la luz eléctrica no son responsabilidades de las autoridades municipales, por lo que un nuevo gobierno local no tendría poder para cambiar la situación actual.
Lo que sí es posible es que este nuevo ayuntamiento recibiera el predial que se paga en la Zona Este, que se encuentra entre los más altos de la ciudad. Sabemos, sin embargo, que una mayor recaudación municipal no implica mejores resultados para la ciudadanía; por lo tanto, la propuesta convertiría un problema en dos. Si un nuevo municipio no es la solución para atender los problemas de las zonas rezagadas de la ciudad, ¿entonces cuál es?
Existe una problemática en donde el ayuntamiento puede llegar a tener injerencia y empezar a cerrar la brecha entre las dos Tijuanas: el desarrollo urbano. El tema no es que carezcan planes, organismos de gobierno o iniciativas públicas, sino que, dada la ubicación estratégica de la ciudad, se les da preferencia a las estrategias federales antes que a las municipales. En su tesis doctoral, María Eugenia Encinas Moreno señala que la cercanía de Tijuana con Estados Unidos ha llevado a que las dinámicas nacionales e internacionales impacten la manera en que la ciudad se construyó, específicamente con el impulso del gobierno federal a la industria maquiladora.
De esta manera, se le da preferencia al desarrollo de parques industriales sobre el de viviendas accesibles u otros espacios públicos que podrían influir en el desarrollo local, más allá de la arista económica. Esto causó que la construcción de viviendas fuera expulsada hacia la periferia de la ciudad y creciera de manera desmesurada y sin planificación. Sin embargo, la evidencia señala que el gobierno es responsable del crecimiento urbano descontrolado que se vio en la década anterior.
Un estudio encontró que entre 2007 y 2017 las administraciones cedieron la creación de vivienda a la iniciativa privada. Esto impulsó que la construcción fuera regida bajo el principio de rentabilidad económica y llevó a que las viviendas fueran desarrolladas en terrenos de bajo valor, es decir, alejadas del centro y con poca regulación vecinal. La dinámica inmobiliaria de vivienda del bienestar impulsada por organismos de gobierno, como el Infonavit, también carga con la responsabilidad de la situación actual de la ciudad.
A pesar de ello, existe una posibilidad de que este problema pueda solucionarse. En abril de 2021 se presentó en el Congreso la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (ENOT), que busca establecer una guía para la política territorial nacional de las siguientes décadas. Una de las metas de la Estrategia en la Región Noroeste II (Tijuana-Mexicali) es reducir la presencia de asentamientos humanos irregulares mediante el acceso a viviendas adecuadas; contempla para ello reservas territoriales, apoyos económicos y facilidades para la renta en zonas urbanizadas.
Esta es una oportunidad para que los gobiernos municipal y estatal se apoyen en el federal para regularizar la tenencia de tierras de la periferia de la ciudad. Ya vimos cómo los esfuerzos nacionales pueden llegar a forjar las dinámicas locales. La creación de un nuevo municipio, entonces, llevaría a la duplicación de labores y cargas administrativas para resolver el problema.
Invariablemente, la solución a la situación de la zona este no vendrá de la iniciativa privada. La estructura actual de la economía de mercado por la que nos regimos siempre dictará que la oferta de vivienda se rige bajo el principio de maximización de ganancias. Por lo que, a pesar de ser uno de los precursores de la crisis territorial actual, la solución tendrá que venir del Estado. El gobierno municipal debe hacer frente a los actores que históricamente han dificultado este proceso. Por su parte, los vecinos de las colonias Chapultepec y Cacho (dos de las colonias más ricas de la ciudad) han frenado la construcción de edificios multifamiliares cerca de ellas. Estas edificaciones hubieran detenido, o por lo menos desacelerado, la expansión de la ciudad sin un control hacia los extremos.
A pesar de tener una idea errónea sobre cómo abordar este problema, al presentarlo, la diputada Gerado está ayudando a empezar a resolverlo. La idea de separar a las dos Tijuanas le permite a la ciudadanía afrontar la brecha que existe entre ambas. Este diálogo puede llegar a ser el primer paso de la creación de un instrumento para disminuir la desigualdad y no evitar quedarse en la institucionalización de la indiferencia, la cual rige a la ciudad hoy en día.
Alberto Fragoso
Economista tijuanense
1 Kun, J., y Montezemolo, F., Tijuana Dreaming: Life and Art at the Global Border. Duke University Press, 2012.