El creciente debate en redes sociales sobre los obstáculos para acceder a una vivienda en propiedad o en renta evidencia cada vez más que nos enfrentamos a problemas estructurales. Son muchas las causas por las que un gran porcentaje de la población se preocupa por saber dónde vivirá a corto plazo. Sin embargo, casi todas tienen como común denominador las acciones y las omisiones de las autoridades.
Desde hace décadas, la política de vivienda del Estado mexicano se centró en dar títulos de propiedad y créditos para la adquisición. Ambas estrategias son necesarias, pero estos son apenas dos de los muchos frentes que se requieren para abordar la complejidad de la vivienda. No todas las personas pueden acceder a una casa en propiedad a corto y mediano plazo. Algunas quizá no lo logren durante su vida. Y los créditos que otorgan instituciones como el Infonavit o el Fovissste están destinados a personas que trabajan en la economía formal, que son beneficiarias de dichas instituciones, que han logrado cumplir con los requisitos que se exigen para adquirir el crédito y que ganan lo suficiente como para comprometerse a pagar la deuda a largo plazo.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Vivienda 2020, el 51.4 % de las personas que rentan la vivienda que habitan lo hacen porque no tienen acceso a un crédito o no tienen los recursos para adquirir una casa. Y un 9.7 % renta porque la mensualidad le resulta menor al costo de una hipoteca.
Los problemas de la vivienda de arrendamiento nunca nos parecieron problemáticos debido al imaginario de que se trata de asuntos única y exclusivamente privados que no trascienden a la realidad social. Pero ninguna vivienda es una isla, sino que apenas forma parte de una parvada en un amplio territorio al que llamamos ciudad. Y, a diferencia de otro tipo de relaciones y contratos que habitan en el Código Civil, en el arrendamiento existe la posibilidad de que una familia quede en la calle.
Las personas inquilinas tienen obligaciones frente a los caseros. Sí. No cumplir con las mensualidades es causa justificada de desalojar. Sí. Pero esos supuestos que abordan las necesidades de los caseros se encuentran ya contados en la narrativa del arrendamiento, mientras que la desprotección legal con la que cuentan las personas que rentan suele invisibilizarse.
Por ejemplo, en todos los estados del país —a excepción de Sinaloa— se prevé que los contratos de arrendamiento tienen que constar por escrito. Sin embargo, en casi ninguno se establece una consecuencia por el incumplimiento de esa obligación. La realidad nos lo confirma: de acuerdo con datos del Inegi, el 59 % de los arrendamientos en México no cuentan con un contrato por escrito.
Las garantías que debe otorgar un inquilino tampoco están reguladas, lo cual ha derivado en un inventario de historias en las que se exigen cantidades desproporcionadas o requisitos absurdos como no tener cierta raza de perro, presentar fotografías de todas las personas que van a vivir ahí o hacer que el aspirante a inquilino pague una investigación para que un tercero constante que tiene “el perfil adecuado”. Incluso algunas medidas resultan manifiestamente violatorias de la intimidad y la vida familiar de las personas. Por ejemplo, exigirle a una pareja que presente un acta de matrimonio o prohibir que tengan hijos.
No faltará quien diga —como efectivamente se ha dicho en redes sociales— que frente a la falta de un contrato escrito o de requisitos absurdos, las personas pueden simplemente decir que no e irse a buscar otro lugar. Esta lógica funciona bastante bien cuando tenemos una mala experiencia en un restaurante, pero es inoperante al buscar un lugar para rentar en las grandes ciudades. No sólo el stock de vivienda es limitado, sino que además no toda se encuentra a precios accesibles, cerca de centros laborales o de medios de transporte. También la distancia con los vínculos familiares y de amistad incide en las decisiones. Muchos caseros lo saben, y precisamente por eso tienen la seguridad de poder exigir garantías y requisitos absurdos e invasivos: porque a la enorme mayoría no le quedará más que aceptar.
En México sigue pareciendo una locura hablar de una legislación especializada en materia inquilinaria para atender este tipo de problemas y muchos otros. No lo es, en cambio, en muchos otros países, incluyendo Estados Unidos, donde existe una legislación generosa en materia de arrendamiento a pesar de ser la meca de la defensa de la propiedad privada y el libre mercado. Y esto es precisamente porque allá entienden que las relaciones de arrendamiento inciden en el resto de la ciudad; porque saben que, efectivamente, ninguna casa es una isla.
Hace unos días, el tuit de una extranjera promoviendo el trabajo remoto en Ciudad de México encendió las redes. Mucha gente se sintió indignada quizá porque el breve e inadvertido mensaje les tocaba una fibra que cada vez ocupa más espacio en las preocupaciones —sobre todo de la gente joven— y que cada vez más es vista como un asunto de derechos.
En su momento la palabra que comenzó a girar por redes fue “gentrificación”. Entre la indignación, se buscó una palabra para llamar a eso que dolía y fue ésa la que se halló. No faltaron los debates académicos sobre si lo que ocurría en aquel punto específico de la colonia Roma era realmente o no una gentrificación. Pero lo verdaderamente importante no era definir la situación de un barrio específico de Ciudad de México sino reconocer esa indignación como un síntoma de una falla en la política de vivienda del Estado mexicano. No todo el mundo que se unió al debate vivía en la Roma. Ni siquiera todos los tuits provenían de Ciudad de México. Los problemas en el acceso a la vivienda se encuentran desde Tijuana hasta Chetumal; no de manera idéntica, no bajo los mismos contextos, no en la misma intensidad. Pero en todos está como denominador un Estado que sigue creyendo que todo se solucionará con regulación de títulos de propiedad y créditos hipotecarios.
En temas de vivienda y de ciudad ninguna medida es en sí misma suficiente. Son varios los frentes a través de los cuales debemos diversificar la política de vivienda en México. El tema inquilinario es uno de ellos. Y uno de los urgentes.
Carla Luisa Escoffié Duarte
Abogada especializada en derecho a la vivienda. Directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey
El tema de vivienda es uno más del racimo de los profundos rezagos en México, trátese de educación, salud, seguridad, empleo, democracia, ciencia y tecnología, medio ambiente y biodiversidad.. ¡Ah, omitía apuntar también rezago en materia de proyectos reales de gobierno y eficaz administración pública con expectativas de largo plazo. Es decir, el problema de México como consecuencia del problema esencial (el presidencialismo incompetente sexenal) es de carácter integral: indicadores encadenados en déficit histórico, interrelacionados. Sí, es el resultado de la relación causa y efecto: el presidencialismo todopoderoso incompetente ha sido la causa y el subdesarrollo económico ha sido el efecto. Ya no más, urge un nuevo paradigma en la forma de hacer política y gobierno. Debemos hacer una reforma de las reformas política, económica y social, pero también una reforma ética e intelectual, que de manera definitiva implique replantear al sistema político mexicano y las expectativas para el desarrollo económico en México… Estoy formulando tal proyecto con enfoque interdisciplinario con base en diagnóstico y soluciones apegados a la realidad.