En una de las decisiones más radicales que se ha dado para lidiar con el grafiti, el estado de Puebla decidió castigarlo fuertemente mediante la modificación del artículo 413 bis y la adición del 413 ter del código penal estatal, al considerarlo básicamente un delito contra la propiedad privada o pública y como un “código para delimitar territorios o establecer información en algunos casos para cometer ilícitos” (sic). En esta modificación se establecen dos supuestos para considerar al grafiti como delito, así como la gravedad de sus penas: los graves se refieren a pintas sobre edificaciones catalogadas como patrimonio histórico; y los no graves en cualquier otra edificación privada o pública. El primer tipo de delito se castigará de tres a seis años de prisión y el segundo de dos a cinco años. Aunque en este último, el dueño del inmueble afectado puede otorgar el perdón y se requerirá pagar una fianza y/o horas de trabajo comunitario dependiendo del edificio que se trate.
Es importante aclarar que este delito se persigue de oficio, lo que implica que lo coloca al nivel de otros delitos graves (homicidio, narcotráfico, etc.). Así, al criminalizar a cualquiera que haga algún tipo de pintas, se les tratara como delincuentes peligrosos cuando no lo son; o bien, en un clima de corrupción, serán cazados para ser extorsionados por la misma policía (como sucede con los consumidores de drogas). Aunque esta misma ley también puede ser usada para limitar la libertad de expresión, especialmente en las protestas que confrontan al gobierno en centros históricos, y del cual el de Puebla es uno de los más grandes del país.
Justo en este contexto es la que el domingo 3 de mayo llevó a la persecución de tres grafiteros, (que intervenían una pared con gis) por la policía de San Pedro Cholula, la cual culminó trágicamente con el asesinato Ricardo Cadena, de 18 años, a manos del subdirector de dicha corporación (de acuerdo a sus propias declaraciones). No obstante, la versión de la procuraduría de Puebla establece que el lamentable hecho no está relacionado con la realización de algún grafiti.
Independientemente del desenlace de las investigaciones oficiales, esta historia no es nueva en el mundo. De hecho una situación similar sucedió en Bogotá, Colombia en 2012, cuando policías dispararon por la espalda a Diego Felipe Becerra, que huía de ellos al ser sorprendido grafiteando una pared, aunque el grafiti no estaba criminalizado. El caso ha llevado a ser juzgadas 14 personas y se considera una condena de hasta 24 años por el crimen a los implicados.
Posterior a este traumático hecho, el gobierno bogotano emprendió mesas de discusión y un estudio amplio sobre el grafiti en Bogotá, que derivaron una política de tolerancia y promoción, aprobando leyes para la práctica artística y responsable del grafiti en la ciudad; aunque no por ello permitiendo que se realicen en cualquier parte. La visión básica es que se trata de una práctica que se encuentra más en el campo de la cultura, lo cual reconoce que es una práctica propia de la ciudad, que tiene relación directa con el arte, pero también con la apropiación del espacio público, de la misma ciudad. Una práctica que surge ante el acceso limitado a los medios de comunicación masiva (Gómez, 2013) e incluso de los espacios en la ciudad que suelen ser de paga (la publicidad comercial y electoral suele estar permitida en muchos muros y lugares del espacio público a cambio de una erogación).
Esto se ha traducido a que el Instituto Distrital de Artes (IDARTES) de la capital colombiana comenzó a otorgar becas para su producción de calidad y lugares específicos para ello. Desde el punto de vista de IDARTES, los grafiteros donaban cinco mil piezas de arte urbano al año, que se estima corresponde a una inversión de más de 18 millones de pesos (2,500 millones en pesos colombianos de 2012). Si bien es cierto que no todos calificaban como obras artísticas y tiene costos su remoción, el punto es mostrar la magnitud del fenómeno y lo positivo que puede ser para la ciudad.
El éxito de esta política ha sido tal, que hoy en día hay tours de grafitis en la capital colombiana, la policía ha contratado grafiteros y Justin Bieber también aprovechó la oportunidad para realizar una pinta después de un concierto en 2013, lo cual no dejó de ser polémico, pero impulsó la discusión pública al respeto.
Un caso similar en México es el de la Unidad Grafiti de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, que comenzó como un grupo encargado de criminalizar a los grafiteros, nacido de las recomendaciones de Cero Tolerancia de Giuliani, y que se transformó en un grupo que brinda patrocinio, pinturas y lugares para hacer el grafiti de manera legal. Un trabajo que realizan con pocos recursos, y que no se reproduce como una política pública que abarque toda la ciudad.
Si bien en Puebla hay espacios para la realización de grafitis de manera oficial, mediados muchas veces por la sociedad civil (Ciudad Mural), es claro que no es la política que norma, sino la criminalización (a excepción de las pintas electorales en muros que suelen ser legales, por supuesto). Es claro que este camino sólo llevará a abusos policiales, como el lamentable asesinato de un joven, y que el camino es aceptarlo como una manifestación cultural y artística propia del entorno urbano que tienen distintos motivos: una forma de democratizar la expresión en la ciudad. En este sentido, Puebla y su policía tienen que aprender aún mucho de Bogotá y del camino emprendido por la policía del DF de evitar la criminalización de las manifestaciones sociales. Así como de sus errores en el pasado como la llamada “Ley bala”, que de igual manera, por tratar de regular la protesta social mediante la fuerza policial, causó la muerte de un menor de edad. Aún es tiempo de derogar la ley anti-grafiti.
Salvador Medina Ramírez es economista/urbanista. Actualmente labora en el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo.
Buen tema nos propone el artículo! A propósito algunos comentarios Salvador…
Convertir el grafiti en un delito sin más ni más, en ausencia de reflexiones que lleven a indagar por factores sociales, culturales, políticos y hasta económicos que dan lugar a su existencia en el ámbito urbano resulta obtuso políticamente y casi anacrónico. Sobre todo cuando se trata de contextos que se pretenden democráticos y deberían fortalecer la inclusión en lugar de la exclusión. Hay grafitis de gran formato, tipo mural que dan nuevos sentidos/carácter/interpretaciones/colores/vida a espacios que muchas veces no tienen ninguno. Esos grafitis atraen la mirada y la pisada. La política pública de Bogotá es clara al respecto y apuesta por grafitis que aportan sentido artístico-cultural y revitalizan lugares en la ciudad por medio de la creación y definición de corredores artísticos. También es una forma de inclusión social, uso y goce de la ciudad. La expresión en el espacio público y la ciudad como espacio público ahí cobra mucho sentido.
No obstante, se debe reconocer que en el universo del grafiti, también hay pintas, rayas, firmas o monigotes, que se hacen simplemente por transgredir el espacio o marcarlo, lo cual para muchos nos resulta desagradable. Ese tipo de grafitis no es nada responsable, respetuoso ni amable con el otro ni con la ciudad, así que en primer lugar debería tratarse como un acto no cívico reprochable por la sociedad y merecedor de alguna medida pedagógica de cultura cívica y ciudadana o multa simbólica, no de entrada como un delito. Esto, sin desconocer, “así suene feo” que en algunos casos, las pintas o firmas de grafiti se usan como claves para actividades delictivas. Lo que no puede ser justificación para quebrantar derechos a los ciudadanos.
Reconocer estas dinámicas, no generalizar y crear equilibrios sensatos respetando al ciudadano, como al espacio urbano debería ser tarea de los gobiernos locales, no formular leyes ciegas, que al final resultan en mayor desaprobación y descontento social.
Si bien es definitivamente un error el criminalizar todo el grafiti, también es un error el irse al extremo contrario, y considerar todo el grafiti como un arte o como una manifestación cultural válida digna de admiración.
Hay de grafiti a grafiti. Y desgraciadamente también existe aquel en donde lo que se busca es transgredir el orden, dañar la propiedad ajena, y en general transmitir el mensaje de rebeldía y no-acatamiento de las reglas y normas.
Voy de acuerdo en que hay que encausar a los artistas callejeros a que expresen su arte en zonas, lugares y paredes adecuadas, algo muy positivo puede salir de ahí. Pero ¿ qué hacer con aquellos individuos que insistan en agredir con sus pintas los espacios públicos donde no está permitido o los espacios privados donde no tienen autorización de pintar ?
Estoy de acuerdo que la pena de muerte o la cárcel no resuelven nada y serían contraproducentes. Sin embargo una “amonestación” tampoco sirve de mucho. Lo mejor sería, a mi juicio, que reparen el daño. Que vuelvan a pintar la barda que dañaron, pagando los materiales y mano de obra con sus propios recursos. Si no quieren o no pueden, entonces unos días detenidos (no meses ni años), además de trabajo comunitario, debiera de ser suficiente.
Ojo con la ortografía: Estoy de acuerdo con que hay que encauzar a los artistas callejeros y hay que encausar a los vándalos…
Tal vez por que he sido víctima de los grafiteros en muchas formas no entiendo a quienes los defienden. Víctimas somos aquellos a los que los grafiteros dañaron nuestros inmuebles y fachadas. Y las de los vecinos. Y los espacios públicos, que nos cuestan a todos. No creo que la pena de muerte pueda resolver algo, y menos en este pais, donde el instalarla generaría tres veces mas problemas que beneficios. Pero tampoco estoy de acuerdo en que con una amonestación o unos cuantos días de encierro puedan solucionar algo. Que reparen el daño sí, pero que la reparación sea total, aunque no sé quien va a cuantificar las horas que se pierden en hacer una denuncia, en buscar a un culpable, en verificar que la reparación del inmueble sea lo que el propietario quiere (porque sí, deberían repararlo al gusto del propietario, no del grafitero), y sobre todo, ¿quien le pone precio a la intranquilidad de saber que en cualquier momento un fulano sin quehacer hará pintas y dañará mi casa?
Al menos a los reincidentes sí deberían tratarlos como delincuentes, pues no sé cómo se debe llamar a quien intencionalmente decide dañar a otros, aunque sea en su propiedad…
El grafiti deja de ser arte cuando lo encuentras en la fachada de tu casa.