El trato privilegiado que el gobierno confiere a los desarrolladores inmobiliarios les permite evadir las leyes y obtener todos los permisos. En el caso de Be Grand, las autoridades de la Ciudad de México tímidamente sugieren que no están de acuerdo y que defenderán el patrimonio universitario. Pero aclaran que lo harán bajo el marco de la ley que ellos mismos modificaron para permitir el edificio.