La historia es bien sabida: de la noche a la mañana, una entidad gubernamental anuncia un proyecto cuya necesidad nunca fue ni planteada ni mucho menos discutida, pero que será construido a la brevedad —antes, claro, de que termine el sexenio. No se sabe si hubo un concurso, si la lista de requisitos se armó a partir de un programa público a largo plazo, o siquiera si se consultó a la comunidad directamente afectada sobre la pertinencia de la obra.