La irregularidad jurídica de la vivienda y los asentamientos humanos tiene muchas caras que implican una mayor dificultad para su regularización. Por ejemplo, en el caso del entorno rural las normas que regulan la propiedad comunal y ejidal exigen procesos y formalidades que no existen en el entorno urbano. Las personas en situación de pobreza, salvo en los casos de campañas gratuitas de regularización de la vivienda, no pueden acceder a medios costosos.