Tajamar: el derecho humano a un medio ambiente sano

Degradación, semidegradación y superdegradación urbana…

en esto se ha convertido la evolución de las ciudades.

Patrick Geddes

En las últimas semanas, difícilmente hemos podido evitar escuchar acerca de la situación vivida con el proyecto de Tajamar. Al respecto existen todo tipo de posturas. Por un lado están los que repudian la matanza de animales y la tala de árboles, considerando este proyecto como “ecocida”. Por otro lado, se encuentran las autoridades ambientales como la SEMARNAT y la PROFEPA, que, al igual que otras instancias gubernamentales como el FONATUR, han defendido el proyecto con argumentos que intentan ser pragmáticos. Por ejemplo, alegando a favor del desarrollo económico de la región así como al mal estado de conservación del sitio talado.

Para lograr la cancelación del proyecto se han difundido distintas perspectivas que han incluido la aproximación ecológica informando acerca de los múltiples beneficios que un manglar brinda a la comunidad, así como los peligros que representa su tala ante la llegada de huracanes. También se ha recurrido a una visión económica, en la cual calcula la pérdida de 37 mil dólares al año por cada hectárea de manglar talado, sólo considerando la producción de pesquerías a cielo abierto. Sin embargo, ninguno de estos argumentos pareció ser suficiente para las autoridades que siguen defendiendo el proyecto. No fue hasta que el 28 de enero de este año que el Tercer Tribunal Colegiado de Distrito concedió la suspensión provisional de las obras de desmonte y relleno del manglar por considerar que está en juego el derecho de las personas a desarrollarse en un ambiente sano.1 Esta resolución vincula el impacto ambiental con la calidad de vida y salud de los habitantes de un sitio, lo cual en México no sólo sienta un precedente para el caso de Tajamar, sino para otros ejemplos de deterioro ambiental en el país.

El derecho a un ambiente sano no es un asunto nuevo. Desde 1948, la Organización Mundial de la Salud definió a la salud humana como el “estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Más recientemente, en 1972, la ONU reconoció que “todas las personas tienen derecho a la libertad e igualdad, disfrutando de condiciones de vida satisfactorias, en un ambiente que les permita vivir dignamente en bienestar”. Actualmente, este derecho esta reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo cuarto, declarando que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”. Además ha reconocido en el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en diversas declaraciones y planes de acción de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, la vida en los países en desarrollo dista mucho de estas condiciones ideales que, especialmente para los mexicanos, parecen cada día más utópicas.

Las definiciones de la década de los cuarenta hasta las más recientes intuyen la existencia de una relación entre el ambiente y el bienestar humano tanto en zonas rurales como urbanas, siendo especialmente importante en estas últimas. Los beneficios que estas áreas verdes urbanas ofrecen a los habitantes van desde un incremento en la longevidad, reducción de estrés, depresión, obesidad, enfermedades cardiovasculares, mejoras en la recuperación post-operatoria y cognición de niños y adultos, hasta potencialidades sociales como percepción de seguridad, reducción de la agresividad intrafamiliar y ahorro en el presupuesto gubernamental en salud.2 Casualmente, en la actualidad, las enfermedades crónico-degenerativas, relacionadas con nuestro estilo de vida se encuentran entre las primeras causas de mortalidad en México, siendo la diabetes la primera causa de muertes al año, seguida de la hipertensión, la obesidad, el cáncer y enfermedades cardiovasculares. Además, hasta el 2012, se estimaba que una de cada 10 personas en las ciudades mexicanas sufre de depresión. Esta ultima se ha llegado a considerar la enfermedad más discapacitante, con altos costos sociales y económicos debido a la ausencia laboral que puede ocasionar,3 así como el respectivo gasto en la salud púbica.4

Así que, más allá de la evidente destrucción de la naturaleza y su valor ecológico e intrínseco, no es sólo Tajamar el que está en peligro, somos nosotros los que nos vemos amenazados con su desaparición. Es nuestra especie la que esta en riesgo y es el uso de nuestro derecho humano a un ambiente sano lo que nos puede dar una salida para defendernos. No lo digo como una forma de justificar el proyecto al decir que esa zona, al no ser prioritaria para la conservación, es dispensable y mucho menos como lo menciona el Colegio de Biólogos al decir que el manglar se va a recuperar en tres meses. A lo que me refiero es a que al estar acabando con las áreas verdes, los que más peligramos somos nosotros como sociedad.

Como seguramente ya han escuchado, los manglares prestan diversos servicios ecosistémicos a los habitantes de las localidades, pero quizás uno de los más importantes sea que funcionan como barrera ante huracanes y tormentas tropicales. Su ausencia deja desprotegida a la ciudad, aumentando el riesgo de destrucción y pérdida económica. Sin embargo, los efectos de esto también se ven reflejados en la enorme cantidad de damnificados que tienen que vivir por meses en condiciones insalubres, produciendo enfermedades y muertes por efecto indirecto.

El caso de Tajamar ha despertado un gran revuelo en redes sociales posiblemente por la belleza del ecosistema destruido y lo carismático de sus especies, pero este patrón de “desarrollo” se ha visto replicado a lo largo de todo el país, con sus respectivas consecuencias en la reducción de áreas verdes. Por ejemplo, en un artículo anterior mencioné que sólo del 2011 al 2015 se habían talado nueve mil 615 árboles en la Ciudad de México a consecuencia de obras públicas y desarrollos privados. Antes de eso, durante el gobierno de Marcelo Ebrard se talaron cerca de 300 mil árboles al construirse la Supervía.

Pensemos además que, si todos los ciudadanos mexicanos tenemos el mismo derecho a un ambiente sano, entonces las decisiones gubernamentales de construir en un sitio o en otro podrían estar propiciando un patrón de discriminación. Por ejemplo, en la Ciudad de México el número de árboles por habitante varía enormemente entre las delegaciones del DF, ya que mientras que en la Miguel Hidalgo hay 39.3 árboles por habitante, en Iztapalapa solo hay 3.5 de los mismos.5

San Miguel Teotongo, Iztapalapa (izquierda) y Lomas Altas, Miguel Hidalgo (derecha)

Este derecho nos da la posibilidad de exigirle al Estado que deje de entender al ambiente como ese espacio con los requerimientos mínimos para que podamos sobrevivir y comience a considerar los factores que pueden disminuir nuestra calidad de vida antes de proponer o aceptar proyectos.

La presencia de áreas verdes urbanas, ya sean humedales como Tajamar o Xochimilco, parques o reservas no son panaceas ni la solución a todos los males de una ciudad. Nada lo es. Sin embargo hay que reconocerles su justo lugar dentro de la posibilidad de mantener una ciudad funcional en el largo plazo.

Es un deber de los ciudadanos reclamar la violación de nuestros derechos, pero para ello se requiere primero una concientización colectiva de la relación entre las áreas verdes y sus beneficios en el bienestar comunal. Por eso, si algo bueno puede salir de la tala de este manglar es la acción social que se despertó como consecuencia. Ojalá que no se quede en la pasión del momento y se haya logrado difundir la importancia de salvaguardar los ecosistemas que hoy todos lloramos distinguiendo que la destrucción de las áreas verdes urbanas es un claro atentado a la sociedad. 

Cristina Ayala Azcárraga es estudiante de doctorado en el Posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM y colabora en el Laboratorio de Restauración Ecológica del IBUNAM.

1 El resolutivo del Tercer Tribunal Colegiado de Distrito dice: “Estando en juego derechos de las personas en lo individual, así como de una colectividad, íntimamente vinculadas con el impacto ambiental que es de interés social y de orden público, este Tribunal estima que debe conceder la medida suspensional solicitada, porque de acuerdo con lo narrado en la demanda, se están ejecutando obras que pudieran tener un alcance desmedido”.
2 Tesis de doctorado de Cristina Ayala: Relación entre las áreas verdes urbanas y el bienestar de los habitantes de la Ciudad de México. (En proceso).
3 Muñóz, M; Medina-Mora, M; Borges,G; Zambrano, J. 2007. Social cost of mental disorders: Disability and work day lost. Result from the Mexican survey of psychiatric epidemiology.
4 En el 2012, una de cada  cuatro consultas de los servicios públicos de salud se relacionaba con trastornos mentales.
5 Córdova-Tapia, F; Zambrano, L y Merlo-Galeazzi, A. 2014. “Árboles contra calles”. DFensor.