Los territorios están determinados por la multiplicidad de dinámicas interrelacionadas que ocurren sobre ellos. Éstas manifiestan y develan las condiciones y comportamientos que definen su transformación, siempre constante y no ajena a otros territorios. Son, pues, sistemas complejos donde la interdependencia, diversidad y capacidad de transformación tienden a producir una autorregulación, pero no necesariamente a la preservación de sus ecosistemas o a generar condiciones de equidad. Las condiciones del territorio poseen dinámicas que rebasan las capacidades disciplinares que tradicionalmente utilizamos para planear, regular y gobernar los territorios, para describirlos e incluso para establecer narrativas sobre ellos.
Clasificar a los territorios como sistemas complejos implica algunas preguntas epistemológicas fundamentales: ¿cómo nos acercamos y desde cuáles disciplinas al problema de estudio? ¿Cómo podemos crear campos de conocimiento interconectados que permitan atender las dinámicas territoriales? ¿Cuál es el objetivo de crear una aproximación al conocimiento de los territorios entendidos como un sistema complejo? ¿Qué fines perseguiría esto? Y, ¿desde qué institución se puede establecer un acercamiento a los territorios con esta perspectiva?
Tal vez resulte más sencillo explicar a un territorio como sistema complejo al mencionar cómo su evolución biológica no corresponde ni está sincronizada con los aspectos demográficos. En conjunto, tampoco están sincronizados con las dinámicas productivas y extractivas de las que históricamente han sido objeto o con el crecimiento de las estructuras urbanas, con la administración de sus elementos antrópicos, ni mucho menos con la velocidad y capacidad de las acciones burocráticas, que al menos en teoría los regulan. Además, cada elemento del sistema territorial, de manera individual y en conjunto, producen eventos no previstos en las leyes, reglamentos y normativas, muchas de ellas rebasadas por las dinámicas que se despliegan sin control a partir de una propia autorregulación que, al menos en México, está por encima de la gobernabilidad territorial desde a escala municipal, estatal o federal. En consecuencia, el territorio es de quien lo detenta, lo ocupa y lo explota, de tal forma que compromete el interés común.
Si agregamos a la ecuación la multitud de aspectos técnicos relacionados, el problema se vuelve cada vez más complejo. Por ejemplo, cuando incorporamos aspectos como la corrupción e ineficacia gubernamental histórica, en ocasiones relacionadas a la falta de instrumentos y regulaciones; o aspectos como las plusvalías en negociación que existen entre diferentes actores: concesiones mineras, acuíferas y de pozos para el fracturamiento hidráulico (fracking), usos agrícolas y pecuarios, especulación inmobiliaria, ventajas de localización y dinámica industrial, control de rutas, huachicoleo, tráfico de personas y narcotráfico, entre muchos otros; o como cuando incorporamos también las condiciones de precariedad de muchas comunidades rurales que han sobreexplotado el suelo, localidades urbanas con carencias básicas de infraestructura y equipamiento con una ausencia de fuentes de trabajo, sin capacidad de crear empleos dignos que ofrezcan prestaciones de seguridad social; si agregamos aspectos de contaminación derivados de la ausencia de estrategias y el inadecuado manejo de residuos sólidos, aguas residuales, contaminación visual, sonora y ambiental; así como las carencias técnicas y presupuestales que han agudizado la problemática; y por supuesto, el control territorial por parte del crimen organizado, la violencia y la inseguridad.
El resultado es que los sistemas territoriales en México no sólo son diversos, sino profundamente complejos. No obstante, son administrados por instituciones específicas (públicas y privadas) y desde una lógica que intenta establecer procesos multidisciplinarios en la toma de decisiones, pero que sólo tiene la finalidad de resolver las agendas concretas de cada institución. En otras palabras: existe una complejidad en la forma de aproximarse a la problemática de un sistema territorial entre las partes involucradas responsables de tomar decisiones. No sólo hay una complejidad de agendas, principalmente no existe una mirada conceptual común, con la definición específica de los bienes comunes que deberían atender todas en conjunto. Se supone que el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial brindan esta mirada, sin embargo, sexenio tras sexenio, la lógica e impacto de cada plan y estrategia no ha reflejado hasta el momento un entendimiento sistémico, por lo que no se ha planteado realmente una manera de atenderlo.
De manera simplista podemos afirmar que cada aspecto o elemento del sistema complejo de un territorio encuentra las vías para su propio desempeño. Y entre cada uno se interactúa de manera flexible y adaptativa, de tal forma que se ha desencadenado una evolución territorial fuera de un control que tenga objetivos comunes. Por el contrario, intereses individuales producen un desarrollo territorial que resulta ser profundamente inequitativo e injusto, controla sólo aspectos específicos con intereses particulares (públicos o privados), atenta contra el ecosistema, pero sobre todo pone en crisis la capacidad de interacción entre los gobiernos y los ciudadanos. En otras palabras, si las ciudades tuviesen la facultad de producir ciudadanos —y a estos lo entendemos como personas con acceso a las leyes, derechos y a una relación activa y productiva con el estado—, en los territorios de México, aunque cuentan con las leyes, normas y reglamentos, no existen en general las condiciones operativas en el espacio para que los individuos ejerzan su ciudadanía.
Esta lectura del territorio implica una fabricación histórica. En mi opinión, un profundo cambio en las dinámicas territoriales se produjo cuando el orden simbólico del poder en México se fue diluyendo ante otro tipo de dinámicas asociadas a la velocidad de operación del capital internacional. Para poder captarlo —y tal vez sin haber previsto las consecuencias a largo plazo—, los gobiernos flexibilizaron políticas y realizaron acuerdos comerciales pero, sobre todo, debilitaron el orden simbólico de manera local al mismo tiempo en que aumentaron responsabilidades a la administración municipal sin que estos contaran con las capacidades institucionales para asumirlas. A nadie sorprende que haya actores más poderosos que un presidente municipal en prácticamente todos los ayuntamientos del país. Esta presencia disminuida de los gobiernos en los tres niveles dio paso a una ocupación y explotación desenfrenada ante la falta de un verdadero control y gestión territorial. Las capacidades gubernamentales para regular las interacciones entre las partes del sistema territorial fueron rebasadas hace décadas y, en mi entender, se restableció la figura del cacique como un operador territorial capaz de encontrar acuerdos locales más efectivos de los que logran las instituciones. En todo caso, la lucha entre estos por tener mayor control es una constante cotidiana que también genera violencia, pero también produce liderazgos políticos y beneficios electorales, por lo que no resulta fácil desmantelarlo.
Los territorios como otros sistemas complejos deben ser atendidos manteniendo a flote los conflictos, pero enmarcándolos dentro de reglas de juego producidas por la Federación. Ésta debe mantener la diversidad de los actores y sus intereses, pero en condiciones de igualdad. Hasta el momento, al menos en lo que va del siglo, se han presentado gobiernos federales que han intentado mantener visiones hegemónicas formadas con retóricas que nunca han perseguido un diálogo, sino la afirmación ideológica de los proyectos políticos y, por diferentes que sean y hayan sido, han entendido el descontrol territorial como un asunto militar.
El gobierno actual no es la excepción, pero se destaca por intentar atender las causas del descontrol. El problema es que no las localiza en una multitud de dinámicas que se despliegan por la libre; parece que no las entiende o, peor aún: siendo un régimen acostumbrado a seguir el instinto político del momento, sin apegarse necesariamente a las leyes y al debido proceso institucional, entiende que existe un descontrol. Y más allá de imaginar y plantear acciones sustantivas que permitan dar orden a largo plazo, lo utiliza para administrar una narrativa donde la Guardia Nacional, encabezada por la milicia, se presenta como el centro de la solución y no como un elemento más del problemático sistema territorial.
Arturo Ortiz Struck