Las explicaciones, proyecciones y respuestas a problemas sociales, económicos y políticos actuales son una forma de explorar entendimientos tácitos sobre el presente y aspiraciones sobre el horizonte de lo posible. La forma en la cual políticos, académicos, periodistas y ciudadanos en general sitúan una discusión es útil para entender cuáles son los supuestos de la visión ideológica dominante, qué es aquello que queda fuera de sus límites y cómo se definen estas fronteras. Este espacio es uno que siempre es disputado. Diversas narrativas compiten por ganar legitimidad y volverse, a través de la acción, en visiones dominantes en la esfera de lo público, aspirando además a interactuar, de diversas formas con lo privado y lo común.
Prestar atención a cómo y dónde se construyen los discursos y políticas hegemónicas; qué efectos tienen en la vida material de aquellos a quienes toman como objeto, y de qué forma justifican sus efectos es vital para tomar decisiones en la esfera pública. Las políticas urbanas no son la excepción. Las políticas urbanas viajan en el tiempo y el espacio. Discursos globales se construyen, exportan y aplican, con resultados diversos, pero que no son siempre impredecibles. En el caso de la Ciudad de México, que como muchas otras ciudades en el mundo, transita a un esquema administrativo centrado en el emprendimiento, esto es particularmente relevante. El emprendimiento como objetivo implica la transferencia de la toma de decisiones y de la producción del espacio al capital privado y sus agentes. Esto puede tener efectos poderosos sobre la forma de la ciudad y la distribución de la desigualdad en ella, a través de políticas urbanas específicas.
El caso que abordaré en este texto, la supuesta crisis de la vivienda en Londres y sus repercusiones, permite observar el efecto de una política urbana de vivienda guiada por el mercado. Disputada, está en el centro de la discusión entre tres grupos, definidos ampliamente: quienes confían que el mercado será el que resuelva la crisis; aquellos que señalan que el Estado debe tomar un rol decisivo para limitar la situación que el primer agente creó, y los que, además de la segunda respuesta, buscan que el rol de lo local y lo común en el ámbito estatal se transforme, fortaleciéndose. Estas posiciones, por supuesto, son fluidas. En numerosas ocasiones se mezclan, dando como resultado una paleta de colores mucho más rica que un simple blanco y negro. Esto se hace especialmente patente cuando, más allá de los discursos de unos y otros, observamos los actos que transforman materialmente la ciudad. A continuación, haré un comentario crítico de la política de vivienda en Inglaterra, a través de tres visiones: la del Partido Conservador, la de un sector de la sociedad civil y el activismo, representada aquí por Architects for Social Housing (ASH), y la del Partido Laborista. Finalmente, buscaré señalar algunas tendencias que sobrepasan a la experiencia particular de Londres y, así, pueden ser útiles para analizar otros espacios urbanos en el mundo.
La política urbana en Inglaterra
El 20 de enero, Zac Goldsmith, candidato del Partido Conservador a la alcaldía de Londres (la votación tendrá lugar en mayo de este año), publicó un artículo en The Daily Telegraph en el cual expresa su visión sobre el problema de la vivienda en Londres. Sin muchas sorpresas, toma la línea que apoya las acciones del gobierno nacional. Es necesario, dice, construir de forma más rápida, garantizando que sean los londinenses los que tengan derecho a adquirir primero una casa en la ciudad. Esto responde a una visión ampliamente difundida en Londres: el problema de la vivienda se explica por la acción de inversionistas extranjeros que compran casas para después rentarlas. Sin negar que eso suceda, la visión de Goldsmith es parcial y producto de un proyecto político concreto.
En primer lugar, la desigualdad está ausente del discurso del candidato Conservador. La única referencia que hace en el artículo mencionado, es digna de una carcajada: “en Londres, si estás en suficiente desventaja como para calificar para vivienda social o si eres lo suficientemente rico para comprar, estás bien”. En 2014, de acuerdo a datos oficiales, más de 255,000 hogares se encontraban en las listas de espera de los gobiernos locales de la capital. Encima de eso, los desarrollos inmobiliarios que se han construido en la última década se caracterizan por la ausencia de vivienda accesible. De forma reiterada, los desarrolladores inmobiliarios evitan la débil regulación que existe para promover su construcción. Sin dientes, los consejos laboristas de Londres se convierten en extensiones de la política privada que les provee de numerosos ingresos económicos –y de puestos para sus políticos locales. Al final, las casas se construyen, pero están lejos del alcance no solo de aquellos que son elegibles para obtener vivienda social, sino de muchos que nominalmente se encuentran en el medio, pero, materialmente, son incapaces de adquirir o rentar vivienda en una ciudad crecientemente excluyente.
Nada de esto es casualidad. Las políticas de vivienda desarrolladas en Inglaterra están diseñadas para la exclusión. Así lo argumenta ASH, al señalar que fue con Tony Blair, y el entonces ministro de vivienda, Andrew Adonis, que la conversión de vivienda social a vivienda privada, iniciada con Thatcher, cobró fuerza. En 2015, Adonis realizó un reporte sobre el estado de la vivienda en Inglaterra. Con el nombre City Villages: More homes, better communities (“Pueblos urbanos: más casas, mejores comunidades”), pronto señala que el problema de Londres, en particular, es uno de falta de políticas de densificación, que no permiten explotar a fondo la capacidad del espacio. El reporte, actuando en el mismo vacío en el que las clases sociales no existen, se olvida de observar que son los municipios más marginados los más densos, y que también es ahí donde las políticas que son presentadas como de densificación están ya ocurriendo.
En realidad, señala ASH, lo que el reporte hace es una labor ideológica: presentar como inevitables las acciones políticas y económicas que un grupo toma en detrimento de otros. En esto, está hermanado con las políticas que Goldsmith propone. No se cuestiona, pues, si la escasez es relativa y se distribuye de forma desigual. En lugar de eso, toma el lado de los desarrolladores, refiriéndose a la necesidad de hacer más casas, bajo esquemas viables para el constructor, aunque ello implique la demolición de vivienda social y el desarrollo de nuevas unidades habitacionales lejos del alcance no sólo de quienes son catalogados como meritorios de ayudas sociales, sino muchos que están supuestamente a salvo, pero no pueden ingresar a un mercado de vivienda cada vez más caro y, por lo tanto, privilegiado.
Una de las partes más controvertidas del reporte de Adonis es la que recomienda catalogar a las unidades habitacionales construidas por el Estado en los sesenta y setenta como Brownfield sites. El concepto es difícil traducción. Se refiere, en su uso más común, a los terrenos industriales abandonados que son marcados para ser regenerados. Aquí, como señala AHS, se equipara a los habitantes de las unidades, a las unidades mismas y a la idea de un Estado benefactor como lugares abandonados, listos para ser ocupados por el mercado. Y eso es justo lo que ha estado sucediendo. Incluso antes de la publicación del reporte, los gobiernos municipales en Londres -principalmente los Laboristas- han estado vendiendo sus unidades habitacionales a desarrolladores privados. Los nuevos edificios carecen de vivienda social. Los antiguos habitantes son desplazados. En ese proceso, no sólo se alejan de sus lugares de empleo, sino que ven destruidas las redes de solidaridad, apoyo, amistad y esparcimiento que habían construido. El caso del Heygate Estate, en el sur de Londres, es particularmente ilustrativo.
La nueva Ley de vivienda: una profundización de la lógica de mercado
El desplazamiento masivo, el encarecimiento de la vivienda y el fomento de la especulación están siendo activamente impulsados por el gobierno nacional de David Cameron. La nueva Ley de vivienda (Housing Bill), que ya ha pasado por la Cámara de los Comunes y está ahora siendo discutida en la de los Lores, cristaliza una visión de mercado, en la que el Estado está al servicio del capital financiero global. La Ley merece una revisión detallada. Aquí, únicamente haré referencia breve a algunos de sus efectos esperados. En primer lugar, incrementará la desigualdad socio-espacial. Esto lo hará no solamente creando un país dividido entre quienes poseen y no poseen una casa, favoreciendo desmedidamente a los primeros y a aquellos que se convierten en rentistas, sino también provocando mayor presión sobre los vecindarios más marginados. En el este de Londres, por ejemplo, ya es posible observar jardines, bodegas y casas con ocupaciones excesivas; lo que un analista llama las favelas londinenses. Al mismo tiempo, en el oeste de Londres, cientos de casas permanecen permanentemente desocupadas, convirtiéndose únicamente en inversiones financieras, esperando rendimientos futuros que son garantizados por una burbuja inmobiliaria. La desigualdad se incrementa con los desplazamientos, que destruyen el capital social adquirido por la clase trabajadora, el cual es a menudo fuente de seguridad económica y familiar.
Además de eso, la ley fortalece la capacidad de planeación de los privados, debilitando los procesos de deliberación comunitaria, presentándolos como burocracia inútil. Peor aún: incluso en la presencia de estos mecanismos, a menudo sólo son utilizados como instancias legitimadoras de decisiones tomadas tras puertas cerradas, en la secrecía que domina las relaciones entre desarrolladores inmobiliarios y gobiernos locales. Finalmente, estos últimos también verán sus posibilidades de incidir en la planeación seriamente mermadas, al dar la Ley poder desmedido al gobierno nacional para aprobar proyectos locales, incluso si los gobiernos municipales pudieran oponerse a ello.
En el centro de la problemática de la vivienda está la desaparición de la producción de vivienda social del discurso público. El Estado ha delegado su construcción a los desarrolladores, con instrumentos débiles que les permiten evitar cumplir con las metas a las que supuestamente se comprometen. La nueva ley promete fortalecer esta tendencia. Por un lado, con la política de catalogar las unidades habtiacionales como Brownfield sites, como ya he mencionado. Por otro, promete incrementar la oferta de vivienda accesible creando el concepto de starter-homes, casas que, a 80% del precio del inflado mercado londinense, serían adquiridas solamente por compradores de primera vez. Un año después, claro, podrían venderlas a precio de mercado, evitando que se conviertan, de hecho, en vivienda social.
Este ataque final a la vivienda social coincide con la pérdida de 8,000 casas de renta social en Londres. Al mismo tiempo, los números de vivienda accesible (affordable housing) construidos en Inglaterra han caído de 53,000 en 2010 a 36,000 en 2014. El mercado aparece, como en los últimos 30 años, como la salvación. El efecto de esta política ha sido claro: Londres se ha convertido en una ciudad más cara, excluyente y desigual. Es difícil pensar que esta vez será diferente. Como un analista señala: “por razones comerciales, los constructores jamás inundarán su propio mercado con cantidades suficientes de nuevas casas.” Acaso le faltaría añadir que mucho menos lo harán con casas que sean accesibles y que pongan en entredicho la existencia misma del mercado, productor de desigualdades que nunca podrá solucionar.
La vivienda y la ciudad: otras políticas posibles
Sadiq Khan, candidato Laborista a la alcaldía, ha propuesto, entre otros puntos, dos que son particularmente pertinentes para concluir este texto. El primero es utilizar los fondos del Alcalde (que sitúa de forma poco precisa en una cantidad cercana a las 400 millones de libras) para apoyar a las Asociaciones de Vivienda a construir 80,000 casas al año. Este punto muestra ya un problema. Bajo la Ley de Vivienda que se está analizando, las Asociaciones de Vivienda (entidades privadas, sin fines de lucro, que administran y construyen vivienda social) se verían obligadas a vender desarrollos que sean definidos como de alto valor. Aquí, de nuevo, la política económica neoliberal busca transferir bienes sociales a los privados, todo a costa del Estado y de los impuestos de la ciudadanía utilizados para su desarrollo.
El segundo punto es crear un esquema de rentas controladas, bajo el nombre de London Living Rent. Esta medida garantizaría que la renta pagada en un hogar dado no sobrepase una tercera parte de las ganancias totales de esa casa; actualmente, el promedio se acerca al 50%. Si bien esta medida parece alineada a las necesidades de la clase trabajadora en Londres, es de esperar que la oposición a ella sea feroz. Esto, por supuesto, no es razón para descartarla. Simplemente es necesario tener mente que, en un momento en el cual el Conservadurismo británico, así como amplios sectores Laboristas, se comportan como un instrumento del capital financiero global, su implementación será cuando menos, un reto mayúsculo.
Concluyendo: la crisis de vivienda en Londres deja claro que el habitar es un espacio de conflicto de clase. La posibilidad de que esto ocurra se da por la conversión de la tierra en un bien financiero, como, entre otros, David Harvey (1982) y Neil Smith (1996) han mostrado. El Estado, en muchas ocasiones, se convierte en un elemento clave para garantizar esta situación. A través de sus poderes legislativos, ejecutivos y policiacos, se asegura de mantener un estado en el cual el uso de la tierra en esquemas especulativos se mantenga.
A nivel local, la transformación de los gobiernos locales en agencias de promoción de inversiones (Harvey, 1989; 2013) permite que estas dinámicas se reproduzcan. Leyes, reglamentos, procedimientos y políticas públicas materialmente permiten la transformación del espacio en beneficio de una clase que especula con el espacio y, después, convierte la vivienda en un espacio de explotación y extracción de riqueza. Esto nos deja ver que, lejos de la política usual de las posiciones informadas por el materialismo histórico, la lucha de clases ocurre también en el habitar.
La ciudad, así, se convierte en algo que podemos reclamar como nuestro, comprendiendo que hay un proyecto articulado para convertirla en un mero espacio de reproducción del capital bajo la lógica implacable del valor de cambio. Este proyecto, por supuesto, está destinado al fracaso. Día a día, en el intercambio material y simbólico de la ciudad, construimos relaciones valiosas que exceden la lógica de lo monetario. De estas experiencias, numerosos espacios de creación y lucha aparecen. En Londres, existen propuestas, como la de ASH, para crear una plataforma que se enfrente a las disposiciones de la nueva Ley de Vivienda. En España, el impacto de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), donde su portavoz, Ada Colau, es ahora alcaldesa de Barcelona. Como esos, plataformas, proyectos y nuevas formas de hacer política urbana aparecen, informados por el rol determinante que tiene la vivienda para el capital y el habitar para la creación de valores colectivos que le superen en la cotidianidad de la vida urbana. En todas se coincide: la vivienda debe ser una preocupación central del Estado, un espacio abierto a la participación colectiva de los habitantes de la ciudad y un proceso de producción que vaya más allá de las demandas del mercado y del capital financiero.
Para quienes habitamos la Ciudad de México, los efectos polarizadores de la política de vivienda londinense pueden ser una poderosa llamada de atención. No es suficiente crear incentivos para que los privados se encarguen de la construcción de vivienda social, a menudo definida de formas arbitrarias y en beneficio de los desarrolladores. El caso londinense indica que dar al mercado el poder de definir las formas, los mecanismos y los objetivos de la producción del espacio urbano, es abrir paso a la creación de una ciudad excluyente, que expulsa a las periferias a aquellos que no pueden integrarse a las demandas monetarias de una economía creada para el disfrute de las élites. Así, la experiencia londinense llama a la creación de políticas públicas en las que el Estado, abierto a la deliberación y participación comunitaria, sea quien guíe la construcción de vivienda. Para ello, no basta la construcción de vivienda social aislada, lejana e insostenible, como es el caso en la Ciudad de México. Es necesario reclamar el Derecho a la Ciudad a través de un habitar digno y para todos.
Alejandro De Coss es Maestro en Sociología por la London School of Economics, donde actualmente cursa un doctorado en la misma disciplina.
Referencias
Harvey, D. (1982). The Limits to Capital. Oxford: Blackwell.
Harvey, D. (1989). From Managerialism to Entrepeneuralism: the Transformation of Urban Governance in Late Capitalism. Geografiska Annaler. Series B, Human Geography, Vol. 71, No. 1, 3-17.
Harvey, D. (2013). Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution. Londres: Verso Books.
Smith, N. (1996). The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City. Londres: Routledge.