El próximo 26 de septiembre, la población de Berlín y el resto de Alemania acudirá a las urnas. La diferencia será que, además de renovar al Parlamento, la cita en esa ciudad también será para decidir si el gobierno debe expropiar 240 000 viviendas a los grandes tenedores —principalmente bancos e inmobiliarias—. Jurídicamente, el resultado no será vinculante. Políticamente, servirá a las autoridades como termómetro social de una demanda que ha escalado en los últimos años. Más de 18 000 personas, indignadas por el cada vez más obstaculizado acceso a una vivienda en renta asequible —sólo en los últimos cinco años las mensualidades aumentaron 43 %—, firmaron la solicitud para someter a consulta esta medida.
Ilustración: Estelí Meza
Lo que ocurre en esa capital de menos de 4 millones de personas ha generado atención y controversia en muchas latitudes. Las grandes ciudades se ven reflejadas de una u otra forma en el proceso alemán. Por supuesto que Ciudad de México, Madrid o Nueva York no son Berlín: tenemos que tener en cuenta las especificidades de cada caso tanto como las similitudes —por ejemplo, la consulta berlinesa tiene como precedente la privatización de la vivienda pública disponible iniciada en los años noventa—. Pero existen dos rasgos que forman parte de un contexto global en el que también se ve envuelto el acceso a la vivienda en Buenos Aires, Monterrey o París: el suelo es escaso y su acumulación está en unas cuantas manos.
Todas las ciudades se parecen en algo a Berlín
Que sea obvio no significa que estemos dimensionando correctamente lo que implica: el suelo es escaso, en verdad. Y en nuestras ciudades lo es más. Según datos de ONU-Hábitat, el 55 % de la población a nivel mundial habita en ellas. Nunca antes la población humana se había centrado más en zonas urbanas que en rurales. O más bien, la línea divisoria entre el campo y la ciudad está desapareciendo. Las mismas desigualdades que marcaban ambos mundos, sobre todo en regiones como América Latina, prevalecen entre las zonas céntricas de comercios y los asentamientos informales precarios. El origen de los problemas para acceder a una vivienda adecuada es multifactorial: desde las deficiencias de la legislación de arrendamiento hasta la renuncia de las autoridades en su labor de supervisión y fiscalización del desarrollo urbano, pasando por políticas nacionales de vivienda que se han centrado en el otorgamiento de créditos, así como por sesgos racistas, machistas y xenofóbicos en los programas de vivienda.
Pero uno de los procesos que más ha marcado el destino de las ciudades ha sido el de financiarización de la vivienda —explicado inigualablemente por Raquel Rolnik en su célebre La guerra de los lugares: La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas—. Se ha priorizado el valor de cambio de la vivienda sobre su valor de uso. Mientras nadie pareciera poner en duda que se trata de una necesidad humana primaria, al mismo tiempo existe una fuerte tendencia a exigir que sea tratada como un vehículo de inversión. No sólo se ha normalizado su acumulación con fines meramente especulativos, sino que es vista como una señal de éxito personal. Es fácil ubicar a “influencers inmobiliarios” que refuerzan esta narrativa desde distintas redes sociales. Sin embargo, no es nueva: desde hace siglos en occidente el concepto de ciudadanía estuvo fuertemente ligado al de la propiedad. ¿Quién ha sido considerado un elemento valioso para la sociedad y con el derecho de participar en la toma de decisiones públicas? Quien tiene una propiedad. Todavía a principios del siglo XX constituciones como la del estado de Yucatán preveían que habitar la calle era causal para perder la ciudadanía.
Así, la acumulación rapaz del suelo en nuestras ciudades proliferó con el aval de un imaginario que le revestía de legitimidad, incluso entre los sectores más afectados por la financiarización de la vivienda.
Ciudades privadas, ciudades sin residentes
Contrastando con su postal de riqueza y desarrollo, en Hong Kong al menos 53 000 personas habitan en jaulas o cajas con dimensiones de 1 por 2 metros, según datos de las autoridades. La renta de estos espacios tiene un promedio de 500 dólares. Los precios exorbitantes para la compra o arrendamiento habitacional han sido motivo de constante movilización social, como las protestas ocurridas a mediados de 2019.
Malé, la capital de Maldivas, es una ciudad localizada en una isla con menos de 150 000 habitantes. Se calcula que el 85 % de las familias comparten vivienda con otra familia. En el 60 % de las viviendas hay alrededor de 2.5 personas por habitación. La acumulación del suelo ha jugado un rol protagónico en la crisis habitacional a la cual se le suma la crisis climática, debido al aumento del nivel del mar que amenaza a la población de todo el archipiélago.
Chablekal es una población maya de poco menos de 4000 habitantes a unos diez minutos de Mérida. La especulación inmobiliaria en la capital yucateca ha generado que los terrenos alrededor de la comunidad sean altamente codiciados por empresarios. Algunos —evidentemente ni indígenas, ni campesinos— se “hicieron” ejidatarios para poder votar en las decisiones de privatización y venta de los terrenos ejidales. Más de la mitad de las tierras —poco más de 3000 hectáreas— ya han sido vendidas a desarrolladores. La comunidad se ha organizado para defender su territorio y el futuro de su pueblo, en el cual ya ni siquiera hay espacio para ampliar el cementerio.
Mientras tanto, en Ciudad de México los precios de la vivienda en alquiler han escalado incluso durante la pandemia. De acuerdo con la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, el 99 % de los ingresos de las rentas en nuestro país se concentra en el 10 % de la población.
El gobierno español asegura que la crisis económica e inmobiliaria de 2008 concluyó en 2015. Sin embargo, sus efectos siguen generando fuertes obstáculos para el acceso a la vivienda. Antes de la pandemia se calculaba que cerca del 80 % de los inmuebles ociosos en España estaban en manos de bancos y grupos financieros, muchos de los cuales se beneficiaron del rescate económico para solucionar la crisis que ellos mismos ayudaron a generar. Es en este contexto en el que se da el más reciente capítulo del movimiento okupa: gente que perdió su vivienda y que no recibe respuesta por parte del Estado decide ingresar a las casas o los departamentos de entidades financieras que las mantienen vacías con fines especulativos.
Cada ciudad es un universo que merece ser estudiado en su individualidad, pero una cosa es segura: la mano invisible, aquella que nos aseguraron que no sólo iba a regular el mercado sino planificar el desarrollo urbano y la política habitacional, nos ha fallado. Y nos ha apuñalado por la espalda.
En busca de reconquistar nuestras propias ciudades
La palabra alemana wohnungsnot puede traducirse como “emergencia de vivienda” o “crisis de vivienda”. Es ese el contexto en el cual berlineses exigen al Estado adoptar medidas excepcionales para tiempos excepcionales. Si bien la solución para Hong Kong, Malé, Madrid o Ciudad de México no sea necesariamente la expropiación de viviendas, el caso alemán nos recuerda que la industria inmobiliaria no transacciona con tacos de canasta sino con nuestros espacios. La regulación urbana debe evitar que el suelo siga acumulándose en una especie de aristocracia inmobiliaria que genera altos costos sociales, ambientales y económicos. Y el primer paso es perderle el miedo a este debate para abordarlo sin falacias provenientes de fantasmas de la guerra fría.
Carla Luisa Escoffié Duarte
Abogada especializada en derecho a la vivienda. Directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey.