Hablar de “vivienda digna” es algo cotidiano, pero tenemos que dejar de hacerlo. Urgentemente. Desde distintas trincheras del movimiento de derechos humanos solemos decir que las palabras importan porque no sólo describen al mundo sino que lo transforman. Creo que un ejemplo muy claro de eso ha sido el impacto material que en países como México ha tenido el hablar de un derecho a la vivienda digna —incluso con el apellido “y decorosa”— en vez de vivienda adecuada. Decir una cosa o la otra importa… y mucho.
No haré una exposición histórico-filosófica del concepto de dignidad. Bastará con señalar que surge, en términos muy generales, como una alternativa laica al concepto del alma. Este valor seglar para la vida humana —o al menos para algunas, porque ni siquiera Immanuel Kant la reconocía a todo mundo— sería objetivo, cognoscible e identificable a través de valores universales.
La idea de que todas las personas valemos lo mismo llevó al error de creer que todas las personas vivimos lo mismo. Pensar que hay valores, necesidades y cuidados aplicables en las mismas formas, momentos, cantidades y cualidades para todas las personas llevó a una peligrosa homogeneización de la existencia humana: desde la creencia de una forma única de familia hasta la idea de que las personas indígenas accederían a una mejor calidad de vida si adoptaban el estilo de vida blanco y occidental.
Hoy en día, el derecho a la igualdad y a la no discriminación parte de la necesaria paradoja de que no somos iguales, aunque valgamos lo mismo. Por poner algunos ejemplos, hablar de igualdad a rajatabla llevaría al absurdo de negar los derechos laborales de las mujeres embarazadas o el de las personas indígenas a contar con un interprete-traductor en los juicios en los que formen parte.
Pero la perspectiva de una dignidad homogénea continúa sumamente arraigada en áreas como la vivienda. Históricamente, el Estado mexicano ha sostenido la existencia de una vivienda llamada digna: un modelo habitacional con valores, prioridades, clima, espacios, dimensiones, actividades y proyectos de vida uniformes a los que cualquier persona aspiraría. Si esta afirmación pareciera una mera susceptibilidad a las palabras, invito a revisar la Ley de Vivienda. Por ejemplo, en su artículo 4.IV plantea que un espacio habitable es:
…el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de reunión o descanso, que cuenten con las dimensiones mínimas de superficie, altura, ventilación e iluminación natural, además de contar como mínimo con un baño, cocina, estancia-comedor y dos recamaras, de conformidad con las características y condiciones mínimas necesarias que establezcan las leyes y las normas oficiales mexicanas.
Esto se reproduce en los reglamentos de construcción de todo el país. Pongo de ejemplo Valladolid, municipio en Yucatán con una gran población indígena —según datos oficiales, más de la mitad de su población habla el idioma maya peninsular—. El artículo 328 del Reglamento de Construcción vigente en dicho municipio sólo permite la construcción de viviendas que cuenten “con sus servicios completos de cocina y baño que permitan la satisfacción de las necesidades fundamentales de una familia.” En su artículo 333 establece que las cocinas “deberán obtener luz y ventilación directamente de un espacio al aire libre por medio de vanos, con una superficie no menor al 12 % de superficie de la pieza”. Y su artículo 380 nos dice, además, que las cocinas deben tener puertas con dispositivos que las mantengan cerradas.
De conformidad con la Ley de Vivienda y el Reglamento de Construcción del Municipio de Valladolid, las cocinas tradicionales mayas no son dignas ni habitables puesto que no se acomodan a este modelo occidental. La cocina maya, al igual que otros módulos de esta forma de vivienda tradicional, se compone de un armazón de piezas de madera con un techo de hojas de palma. Mientras que otras partes de la casa suelen estar recubiertas con adobe, la cocina muchas veces permanece “desnuda” para permitir la salida del humo que produce el fogón a la hora de producir los alimentos. Normalmente carecen de puertas para ese propósito y únicamente cuentan con un vano abierto.
Cuando la norma indica que las cocinas deben tener “servicios completos” nos obliga a preguntar cuáles son estos. ¿Tendrían que contar con estufa y tuberías para el gas? ¿Un fogón no es parte de un servicio completo? Algo similar ocurre cuando nos indica que esos servicios deben satisfacer “las necesidades fundamentales de una familia”. ¿De qué tipo de familia? ¿La convencional heterosexual? ¿La no-indígena occidental? ¿No se contempla la posibilidad de que una persona viva sola?
A esto se suma que la norma mexicana NMX-C-307-1-ONCCEE establece cuáles son los materiales de construcción considerados dignos para una vivienda, excluyendo muchos de los utilizados en viviendas vernáculas indígenas.
La crítica al concepto de vivienda digna no es un mero debate de preferencia fonética o terminológica. Se trata de una postura que estructura por completo cómo entendemos la vivienda y la política nacional encargada de garantizarla.
Es diferente cuando hablamos de vivienda adecuada. Pronunciar este concepto implica que hay un sujeto al que debemos voltear a ver para entender a quién y en dónde va a adecuarse esa vivienda. Las personas no habitamos igual los espacios, ni realizamos las mismas actividades en ellos, ni tenemos las mismas prioridades sobre los mismos. Porque las personas somos diversas, vivimos situaciones particulares, tenemos proyectos de vida propios, habitamos identidades étnicas específicas, nos relacionamos en climas y geografías distintos.
Los espacios son siempre contextuales. Habitar en 2m x 3m no es igual cuando se trata de las famosas “cajas” hacinadas de Hong Kong a las que recurren quienes no pueden cubrir las rentas, a cuando hablamos de una camioneta adaptada como casa rodante por un aventurero europeo que decide vivir unos años en tránsito para recorrer el mundo.
Aquí debo hacer una aclaración: esto no puede entenderse como un llamado a eliminar cualquier norma de construcción relativa a medidas y espacios. La planificación urbana requiere establecer algunos parámetros, sobre todo para evitar que la especulación y el mercado busquen ofrecer espacios inhabitables para explotar la falta de opciones asequibles en las grandes ciudades. Lo que sí implica apostar por el derecho a una vivienda adecuada es asumir un estándar mucho mayor para determinar qué medidas espaciales son las que deben adoptarse por ser necesarias e idóneas, y siempre evitar las formas de homogeneización que ha generado el discurso de la vivienda digna.
En un país con tanta diversidad de identidades, orientaciones, labores, cuidados, violencias, afectos, ingresos, gastronomías, materiales, dinámicas, familias, climas, geografía y fuentes hídricas, nadie puede ostentar la arrogante pretensión de tener parámetros universales de vivienda. Basta voltear a ver los fraccionamientos Infonavit, con casas idénticas producidas en serie para nadie en lugares tan distintos como distantes. Lo cual no es muy diferente a la oferta actual de las grandes empresas inmobiliarias. La diferencia es que el discurso clasista, meritocrático y consumista hace que veamos el ejército de casas Infonavit como un signo de decadencia, mientras que a las hileras de casas con pretensión minimalista en fraccionamientos privados sin peatones, ni transporte, ni espacios que no sean tratados como mera propiedad las miremos como una señal de progreso.
En México los problemas de vivienda no han sido vistos como un asunto de derechos humanos, muchas veces ni siquiera por quienes padecen sus más crudas violaciones sistemáticas. Nos han metido tanto la idea de que se trata de un asunto meramente azaroso, personal y privado que ante cualquier violación a ese derecho recargamos la culpa contra nosotros. Creo que esto se explica en parte por una política de vivienda pensada para esa “casa digna” en lugar de para una vivienda adecuada. Las opciones de acceso a ese derecho son limitadas y centradas en quienes tienen algunas bases para emprender el largo camino a convertirse en propietario. Hablar de vivienda adecuada en lugar de vivienda digna es una postura profundamente política. Y tiene una relevancia práctica indudable.
La vivienda digna también se va a caer, y en su lugar habrá que construir la vivienda adecuada y diversa como las personas que la habitarán.
Carla Luisa Escoffié Duarte
Abogada especializada en derecho a la vivienda. Directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey