Si en un contexto político y social democrático o que busca y se esfuerza por serlo, y en un país esencialmente urbano, se debatiera sobre la democracia urbana, una forma de gobierno que tiene por objetivo la realización del derecho a la ciudad, esto es, la socioespacialización del bienestar colectivo y el rechazo a la exclusión social de la realidad urbana,[1] casi seguro se hallaría cierto consenso a favor de la conveniencia o ventaja de conseguir dicha democracia urbana en el presente y futuro próximo. Porque, ¿qué sociedad no desea o espera una mejor ciudad en la que vivir?, o ¿Qué gobierno que se denomine democrático plantearía abiertamente el trabajar por un objetivo contrario al bienestar colectivo?
Por supuesto, la cuestión va más allá. Comprender esto y hacerlo algo concreto implica darse a la tarea de identificar cuáles son los componentes de la democracia urbana, cómo lograrla, con quiénes y a quiénes podría considerarse como responsables de sus alcances, conquistas y desafíos futuros. Es precisamente en este plano donde los discursos existentes ya escuchados o leídos sobre el derecho a la ciudad, la construcción de ciudades más incluyentes o en general, la ampliación de la democracia en las ciudades se ponen a prueba, hasta el caso de desdibujarse cuando no se acompañan por la acción.
¿Cuáles son los componentes de la democracia urbana y cómo construirla?[2]
De manera amplia, los componentes de la democracia urbana corresponden a elementos reveladores de la socioespacialización del bienestar colectivo en la ciudad, los cuales a la vez sirven para rastrear y definir indicadores del estado concreto del derecho a la ciudad en la vida cotidiana. Todos, anclados en el reconocimiento de lo público (político-urbano), como aquello que es de interés o utilidad general, caracterizado por ser abierto y accesible, y que, en su calidad de bien público no está a disposición de la apropiación privada, siendo por el contrario, distribuido entre todos. Porque una ciudad democrática se preocupa e interesa por la tutela, protección, producción y ampliación de lo público.
En este marco se identifican nueve componentes reveladores de la democracia urbana, que transitan entre una dimensión política y una dimensión urbana:[3]
1. Respeto y garantía efectiva de los derechos civiles y políticos en las ciudades. Esto supone la existencia de un esquema político y socialdemocrático que desde el Estado y el gobierno –en sus niveles federal, estatal y municipal– tenga por principio de acción: proteger, garantizar y fortalecer el ejercicio de las libertades, derechos civiles y políticos con apego a disposiciones Constitucionales y de legalidad. Una ciudad democrática se apoya en el binomio cultura política y cultura de la legalidad.
2. Proscripción de gobernar para intereses privados en las ciudades.[1] Es decir, el deber exclusivo del gobierno de privilegiar y defender el valor de lo público en sus decisiones y acciones, por oposición a responder a intereses privados o de ciertos grupos de poder/presión. Esta regla básica de la democracia política que se quiebra frecuentemente en la práctica, como se evidencia en titulares de prensa y noticias, llama a la responsabilidad de los gobernantes hacia todos los ciudadanos que representan o que se supone “hacen presentes” en el ámbito de lo público político. La lógica errada es que los ciudadanos elijan a sus gobernantes y éstos a su vez elijan/prefieran trabajar para intereses privados. Los alcances de una ciudad democrática depende de ello y va aunando a esquemas de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas.
3. Producción de espacio público y bienes públicos idóneos en las ciudades. Tanto las estrategias de producción de espacios y bienes públicos, así como la calidad y cantidad de éstos, además de las actividades que se posibiliten en ellos y en toda la ciudad, descubren el espíritu de la misma. Un espíritu democrático se interesará por crear de manera idónea: en cantidad y calidad, el espacio público que satisfaga, en primer lugar, las necesidades y aspiraciones colectivas de la ciudadanía –-valor de uso– y después las que conciernen a las actividades económicas –valor de cambio–. En un contexto neoliberal, la manera en que gobierno y sociedad gestionan las tensiones entre los intereses privados simbolizados en el mercado, frente a los intereses públicos y derechos humanos, propios de la opción por una ciudad democrática, redunda en el tipo de ciudad y espacio público que se propone, se vive o por qué no, se carece.
4. Provisión efectiva de servicios urbanos en las ciudades. Implica contar de manera regular e ininterrumpida con servicios urbanos básicos, como: agua, drenaje/ alcantarillado, recolección de basuras, transporte público, en todo el territorio de la ciudad a un costo equilibrado y justo para el ciudadano. Además de que sean de óptima calidad. En una ciudad que se esfuerza en construirse como democrática, contar con una provisión efectiva de servicios urbanos básicos es un derecho de todos, no un privilegio de pocos.
5. Producción de policentrismo urbano. Lo cual significa pasar de una ciudad dispersa, conectada y significada desde un solo centro o un par de centros, hacia una ciudad de ciudades compacta, caracterizada por la existencia e interrelación de varios centros con densidades combinadas –entre moderadas, medias y altas–, con conexiones y significaciones que aproximen y den acceso al ciudadano a servicios urbanos, bienes públicos y lugares bajo criterios de calidad urbanística compartidos, pero no estandarizantes. Que evoquen y provoquen lugares singulares y le permitan a los ciudadanos relacionarse entre sí e identificarse con el lugar. En otras palabras, ofrecer lugares y destinos cercanos, disfrutables y significativos a todos los ciudadanos sin distinción de su ubicación o condición socioeconómica, es característica de una ciudad democrática.
6. Distribución socioespacial de los bienes públicos y servicios urbanos bajo un criterio de universalidad. La premisa es que todo el territorio de la ciudad es importante y todos sus ciudadanos también lo son. Por tanto, la distribución de los bienes públicos y servicios urbanos debe asignarse equitativamente en toda la ciudad y a toda su población, sin privilegios de zonas ni exclusiones sociales. Una ciudad democrática corrige asimetrías y crea equilibrios urbanos. No admite como “inevitables” las polaridades entre espacios urbanos, como por ejemplo delegaciones o localidades, con exceso o escasez en el número y calidad de espacios públicos, equipamientos y servicios urbanos disponibles. La ciudad democrática crea una red virtuosa de espacios, accesibles a todos sus ciudadanos.
7. Integración social, territorial y política de los ciudadanos en su ciudad. Es decir, una relación dinámica entre ciudadanos y la ciudad que aborda diferentes escalas, desde lo micro asociado más a la vida local de barrio, hacia lo macro asociado a cuestiones y espacios más amplios en la ciudad. El ciudadano hace parte de y tiene derecho a ser parte de la ciudad como realidad multidimensional. Un espacio público recreativo como un parque urbano tiene el atributo potencial de apartar a los ciudadanos del ruido y movimiento acelerado de la ciudad, pero al mismo tiempo de integrarlos a ella por medio de su uso y disfrute. Para lograrlo, dicho espacio público debe existir primero. La ciudad democrática integra y mezcla no segrega ni crea fronteras.
8. Inclusión de procesos de participación ciudadana y gobernanza en la planeación y la definición de políticas urbanas. El destino de la ciudad[5] precisa esquemas novedosos y efectivos de participación ciudadana y gobernanza que involucren diálogo, intercambio de perspectivas, concertación y toma de decisiones públicas en conjunto con actores de distinta naturaleza y sectores que hacen parte del devenir de la ciudad: ciudadanos –incluyendo niños y ancianos–; universidad y academia; gobierno de turno; sociedad civil organizada y empresarios. Urge comprender que, las políticas públicas son realmente públicas cuando le dan cabida, voz y voto a diversidad de actores que conforman el espectro político y social de la ciudad. La participación ciudadana no es un trámite de validación o legitimación de los propósitos del gobierno, sino un espacio único de conocimiento, aprendizaje, negociación, contribución y concertación de propósitos y recursos para mejorar ciertas condiciones. Las redes de cooperación y alianzas multi e intersectoriales activas por lo público, son características de una ciudad democrática.
9. Capacidad y posibilidad de apropiación pública de los espacios y bienes públicos de la ciudad. Los espacios públicos especializados y no especializados se deben a los ciudadanos, a sus dinámicas, necesidades y anhelos. Por lo tanto, se esperan accesibles, abiertos y cercanos. En ese sentido, la intensidad de sus usos, al igual que, las relaciones sociales que soporten y alienten son indicadores de una ciudad democrática. No basta contar con espacios públicos agradables, si son restrictivos o casi inaccesibles por lejanos e inseguros. Si, esencialmente, del gobierno depende la tutela, administración y mantenimiento del espacio público, de la acción organizada de los ciudadanos y la movilización de sus capitales –sociales, culturales, simbólicos y económicos- depende la defensa no reactiva del mismo y la incidencia sobre la política de espacio público. Una ciudadanía activa, informada e interesada en lo público[6] contribuye a la consolidación de la democracia urbana.
A la luz de estos componentes y otros, merecerían/deberían examinarse los recientes cambios en el mapa de gobierno y poder del Distrito Federal,[7] la reforma política del Distrito Federal,[8] los proyectos urbanos del gobierno de la ciudad, hasta instrumentos como la Ley de Desarrollo Urbano[9] y la Ley de Participación Ciudadana[10] actuales. Ejercicio útil para descifrar el tipo de democracia urbana que se tiene o carece y desde allí plantear nuevos desafíos y soluciones de gobernanza.
Catalina Villarraga Pico es politóloga de la Universidad del Rosario de Bogotá y Maestra en Urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México.
[1] Este tema se propone a manera de continuación del artículo titulado “Ciudad, espacio público y democracia urbana: vinculación deseada, compleja de hallar como realidad” publicado por la autora el pasado mes de marzo.
[2] Asumiendo desde ahora que no son las únicas respuestas posibles, pero sí cruciales, desde una perspectiva política, social y urbana democrática, dejando en libertad al lector para interrogar, interpretar o evaluar el estado de la democracia urbana en su propia ciudad.
[3] Estos nueve componentes que no pretenden ser únicos ni limitativos, se han definido a partir de la revisión de diversos autores y reflexiones, tanto de la ciencia política como de los estudios urbanos, entre los que se destacan: Lefebvre (1976), Bourdieu P. (1987), Rodríguez A. (1993), Bobbio N. (1997), Borja J. (2003), Pírez P. (2006), Harvey D. (2008) y ONU Hábitat (2013), entre otros.
[4] En lenguaje de ciencia política, esto indica la “prohibición del mandato imperativo”.
[5] Generalmente formulado y concretado por medio de diversas políticas en su mayoría gubernamentales más no públicas.
[6] Activas y activadas hacia y por lo público.
[7] Los resultados en las elecciones del pasado 7 de junio de 2015 reflejan notables cambios en el Distrito Federal, concernientes a su estructura de gobierno y de poder. Pero también a la lectura y opinión ciudadana sobre la acción de sus actuales gobernantes. Cambios reflejados, sobre todo, en la pérdida de poder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y la inmersión del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en espacios políticos, sociales y territoriales en los que hasta hace tres años no figuraba. De igual forma evidentes en la inscripción y participación de candidatos independientes para ocupar cargos de elección popular.
[8] Ver distintas iniciativas de la Reforma Política registradas por el Gobierno del Distrito Federal. Además de algunos análisis críticos de la misma aquí y aquí.
[9] Texto de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
[10] La Ley de Participación Ciudadana del D.F. no cuenta con mecanismos efectivos ni expeditos que abran espacios ciudadanos en la formulación de políticas públicas. Muchas veces sus espacios de aplicación se restringen a la participación ciudadana en Comités/Asambleas cooptados por intereses locales y “grillas” de distintos partidos políticos. Por otra parte, esta ley no es de obligatoria consideración por parte de las diferentes entidades y órganos de gobierno a la hora de diseñar políticas públicas, cuestión que vale transformar. Texto de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.
Este artículo representa una guía para la construcción de Ciudad. Cito: “Un espíritu democrático se interesará por crear de manera idónea: en cantidad y calidad, el espacio público que satisfaga, en primer lugar, las necesidades y aspiraciones colectivas de la ciudadanía”. Esta es la verdadera acción colectiva política, en el entendido del bienestar común del cual desafortunadamente se han desentendido la mayoría de gobernantes también a nivel local o bien vendido a la iniciativa privada como ocurre en la Ciudad de México, entre otros gobiernos . Bien decía Samuel Schmidt que era hora que los gobiernos se alejen de las razones de Estado (o de interés privado) para pasar a las razones de humanidad. Este texto logra precisamente esto, colocar de nuevo el sentido de humanidad de manera urgente en la agenda política de construcción democrática urbana. Nos traza un horizonte de lo ideal que – no por lejano – resulta incalcanzable. La autora lanza un reto y guía a gobernantes, pero también a ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y todos los que formamos parte de las ciudades por urbes donde todos merezcamos vivir.
Un muy bien logrado artículo, vigente a la luz de la democratización y participación que todo gobernante debe tener como objetivo para con sus gobernados –en las democracias- sin distinguido de ninguna naturaleza, acompasado con los principios de equidad, es y ha de ser el norte que permita eliminar las barreras sociales, esta vez encaminado a que todos accedan a los mismos espacios físicos –que tampoco los muros dividan ni segreguen a los pueblos-, entre países las visas, entre ciudades las distancias y dentro de ellas los estratos, si la globalización permite eliminar fronteras, estas no deben existir –bajo ninguna excusa- dentro de los mismos pueblos, siendo en consecuencia la democracia urbana un medio para que ello en verdad ocurra. “Integración social, territorial y política de los ciudadanos en su ciudad”, diría yo de todos los ciudadanos, sin distingo alguno.
Sin duda que el tema referente a la “Democracia Urbana” está debidamente tratado, destacando diversos principios que sustentan el logro de esta aspiración socio-política de las grandes urbes como la nuestra; amén de que la autora maneja el lenguaje técnico de la materia con una fluidez y claridad, propios de su formación académica.
Sólo valdría comentar que ciertamente, como se señala, una Ciudad Democrática tendría que soportarse en el binomio Cultura Política y Cultura de la Legalidad, faltando estrategias a proponer para su logro. En cuanto a la segunda, se puede apuntar el que se requiere despertar un grado de confianza de los ciudadanos en la actuación de sus gobernantes, con vías a iniciar la formación de dicha Cultura.
En cuanto a los bienes y servicios públicos de calidad, habría que señalar también le necesidad de un proceso educacional de la población para el uso,y conservación de tales bienes. como complemento a dicha medida para hacerla realmente eficaz.
.Finalmente, la participación ciudadana en este proceso, tendrá que surgir de la apreciación de una Administración Pública activa, asertiva y transparente, a efecto de despertar en el ciudadano común, el interés por participar en la vida pública de la ciudad; así como que de la confirmación de que su voz fue escuchada en las decisiones finales; de no ocurrir esto, su participación seguirá siendo efímera.